La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incrementó en más del 42% el número de auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2023 en comparación con 2017, informó su titular, David Colmenares. Este aumento sin precedentes se logró sin presiones presupuestales extraordinarias, gracias a una nueva estrategia de fiscalización basada en el uso de tecnologías de la información. Al entregar la entrega del informe en la Cámara de Diputados, el proceso de fiscalización también generó 1,754 acciones, incluyendo 389 recomendaciones, 223 recomendaciones al desempeño y 51 promociones para el ejercicio de la facultad de comprobación. Asimismo, se iniciaron 1,077 procedimientos de sanción con el objetivo de evitar la impunidad en casos de responsabilidad administrativa. Al darle la bienvenida a Colmenares, el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, menciono que “nosotros tenemos una buena opinión del trabajo que hasta ahora ha desarrollado esta auditoría, que depende del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, y vamos a esforzarnos por intensificar el trabajo y dar todas las herramientas posibles a la auditoría, para que cumpla con su objetivo que la Constitución y la ley le señalen”.
Ir a la notaDavid Colmenares Páramo, titular de la ASF reveló que durante la fiscalización de la cuenta Pública 2023 se detectó irregularidades por 51 mil 979 millones de pesos, de los cuales, 40 mil 800, representan a estados y municipios. En la presentación de su informe ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación también se refirió a las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero, el monto por aclarar son 8 mil 599 millones de pesos en las revisiones al sector Público Federal, de los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como PEP y FONATUR, por mencionar algunos. Por su parte, el presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la fiscalización y la rendición de cuentas son claves para cualquier República, sobre todo cuando ésta se ha propuesto no permitir un solo ápice de actos irregulares en el servicio público y en todos los entes que reciben recursos del erario. Sin embargo, enfatizó que es tarea de la Cámara de Diputados otorgar todas las herramientas posibles a la Auditoría Superior de la Federación para que cumpla con su objetivo que la Carta Magna y la ley señala.
Ir a la notaEl presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la mayoría legislativa respalda la iniciativa anunciada por la presidenta de la República, que modifica los artículos 19 y 40 de la Constitución, sobre soberanía nacional, y la avalan desde ahora pues encierra una defensa estricta a la soberanía, a la independencia y al régimen interno, es decir el Estado de derecho que rige a la nación. Indicó que, aunque no será Cámara de origen, por la naturaleza misma que se prevé de política exterior será el Senado de la República, y la Cámara de Diputados revisora. “Vamos a esperar a que el Senado cumpla su etapa procedimental, y nosotros actuaremos como Cámara revisora”. “En principio, le daremos la prioridad que requiere, por el momento por el que pasa el país. Siempre la urgencia que nos motiva a declarar prioritaria una reforma es la defensa del país, la soberanía del país y la población, la defensa de nuestra población. Entonces, sí es prioritaria”.
Ir a la notaMientras que Morena en la Cámara de Diputados advirtió implicaciones económicas al País tras la designación de cárteles mexicanos como terroristas, la Oposición pidió al Gobierno federal una estrategia concreta para combatir a los grupos criminales. Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría, apuntó que la denominación tendrá consecuencias económicas que afectarán a los empresarios que tienen relaciones con México. «Tiene repercusiones económicas, financieras, bancarias, dado que se afectará a muchas empresas honestas que están comercializando con México productos de origen lícito, hay implicaciones de carácter más profundo que el que algunos suponen en la persecución de estos cárteles al declararlos terroristas», dijo.
Ir a la notaEl debate sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado una fuerte confrontación en la Cámara de Diputados. Mientras que Morena advierte que esta clasificación tendrá graves repercusiones económicas, la oposición exige al Gobierno federal una estrategia clara para combatir al crimen organizado. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la denominación podría afectar a empresarios con relaciones comerciales en México, al traer consigo restricciones económicas y bancarias. “Tiene repercusiones económicas, financieras y bancarias, ya que afectará a muchas empresas honestas que comercian productos lícitos con México. Hay implicaciones más profundas de lo que se cree”, explicó Monreal. Por su parte, Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro, cuestionó el desinterés del Ejecutivo en la lucha contra los cárteles y llamó a establecer un acuerdo bilateral con Estados Unidos para enfrentar el problema.
Ir a la notaEl coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo indica que México no desconoce la presencia de la delincuencia organizada, por lo que la combate, como Estados Unidos no debe desconocer la existencia de cárteles de delincuentes organizados de ese país que distribuyen y venden droga en la calle El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseveró que la designación, este miércoles, de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales por parte del Gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, tiene “repercusiones económicas, financieras, bancarias, dado que se afectará a muchas empresas honestas, de buena fe, que están comercializando con México productos de origen lícito”. En declaraciones a representantes de medios de comunicación indicó que la afectación tiene “implicaciones de carácter más profundo que el que algunos se suponen en la persecución de estos cárteles al declararlos organizaciones terroristas”.
Ir a la notaEl coordinador de la Junta Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que las iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum tendrán en el Senado de la República su cámara de origen. Asimismo, destacó que tanto en la Cámara Alta como en la Baja, se tratarán esos temas como prioritarios. Monreal calificó la decisión de la presidenta Sheinbaum como una "respuesta inteligente" ante las agresiones que México está enfrentando, en referencia al interés de Estados Unidos de incursionar en suelo mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, a quienes consideran terroristas. La presidenta Sheinbaum optó por presentar modificaciones constitucionales en lugar de responder a través de redes sociales o discusiones. Según Monreal, esto se debe a que la defensa del territorio nacional siempre estará por encima de otras situaciones.
Ir a la notaEl control del crimen organizado sobre los gobiernos es una realidad que inició con las candidaturas y se extendió al presupuesto público, advirtió la Oposición en la Cámara de Diputados. El coordinador priista Rubén Moreira y el diputado panista Federico Döring afirmaron que ese control fue consecuencia de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se desmanteló la lucha contra el crimen. Moreira consideró que este dominio se ha incrementado hasta alcanzar la partida presupuestal de los ayuntamientos, cuyos ediles se ven presionados y para no ser víctimas de asesinato acceden a estas prácticas. "En un principio la presión que hacía el criminal era para quedarse con algunos cargos, (como) el Director de Policía, luego cuando encontraron Gobiernos que no dijeron nada, avanzaron a otros cargos, y hay municipios donde al momento que llegan las participaciones, el crimen organizado pasa por una parte de esas participaciones", dijo en entrevista.
Ir a la notaEl líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que él no puede descalificar la afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes al partido guinda, pues según dijo, “no tendría autoridad” para ello. “No voy a descalificar a nadie, porque no tendría autoridad. Yo vengo de cuatro partidos. Imagínense que yo cuestione a los que llegan", dijo a los medios. “Yo estuve militando en el PRI, y luego en el PRD, y luego en el PT, y luego en Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y ahora en Morena. Y ahora yo no puedo ser impoluto, decir no, yo puro, los puros”, dijo Monreal. A pesar de ello, manifestó su respeto a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena rechazar la aliación de Yunes, “por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”.
Ir a la notaDiputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC participaron en dos rondas de oradores para fijar sus posturas a favor y en contra del dictamen a la minuta que modifica la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, sobre acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. La diputada Laura Hernández García (MC) consideró que la reforma judicial afecta los derechos de poblaciones históricamente vulneradas, como personas de la comunidad LGBTTTIQ+, pueblos afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad. Por Morena, el diputado Alberto Maldonado Chavarín expresó que la reforma no solo es un ajuste legal sino una respuesta a las necesidades de un sistema jurídico que debe evolucionar con los tiempos, adaptarse a las nuevas realidades y mejorar las herramientas para hacer una justicia eficiente y equitativa. Luis Enrique García López, diputado del PAN, aseguró que el dictamen pretende disminuir los efectos protectores de los procesos de control constitucional. “Se está tratando de limitar al Poder Judicial. No podemos aprobar leyes que provoquen retrocesos o atrasos en los derechos humanos”.
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