/ Noticámara
- Abr 10, 2026
Aprobado el Plan B
Por mayoría calificada (343 votos a favor, 124 en contra y una abstención), se aprobaron reformas a los artículos constitucionales 115, 116 y 134, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer ajustes en la integración y funcionamiento de ayuntamientos, congresos locales y establecer límites presupuestales a remuneraciones de funcionarios electorales.
En el artículo 115 se establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
En el artículo 116 se prevé que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.78% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
Respecto del artículo 134 se determina que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución.
Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Todo ello, con el objetivo de fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático.
