Ángel Luna Medina
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, anunció que a partir de noviembre la Cámara de Diputados comenzará a procesar lo relativo a la iniciativa en materia de semana laboral de 40 horas, a fin de lograr que antes de diciembre sea una norma jurídica vigente en el Congreso de la Unión.
El también coordinador del Grupo Parlamentario Morena expresó que el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum este martes sobre la semana de 40 horas “es un viejo anhelo de la clase trabajadora que se hará realidad en este gobierno de la Cuarta Transformación”.
Recordó que la presidenta se había comprometido con eso, “de que antes de que concluyera su mandato habría de hacer realidad la semana de 40 horas y hoy la ha anunciado; es una verdadera noticia en beneficio de la clase trabajadora”.
Ella, explicó, se comprometió que dentro de su mandato que son seis años, créanle a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros le creemos, antes de que concluya será efectiva la semana de 40 horas y empezaremos en estos próximos meses. También va a continuar con aumentos salariales sustanciales para ir recuperando el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
En otro tema, Monreal Ávila afirmó que con las reformas aprobadas a la Ley de Amparo “no habrá retroactividad; no habrá ningún efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Es de fondo lo que se está haciendo y lo que se pretende es que se mantenga el amparo en la protección de derechos individuales, de garantías individuales, “pero que se deje de abusar en el caso de protección a personas con recursos y poder a los que nunca se les toca”, puntualizó.
Al respecto, mencionó a aquellos a los que nunca llega la ejecución de las sentencias, no pagan impuestos, promueven amparos para que no sea efectivo el cobro fiscal, aquellos que se resisten a pagar como cualquier mexicano sus derechos de impuestos por servicios que se les prestan o simplemente por la contribución al erario federal.
En entrevista, comentó que el promedio de duración de esos juicios de amparo es de 15 años para un cobro fiscal. “Imagínense ustedes, 15 años después de que presentan la demanda de amparo. Con mañas, artimañas y argucias”. En ese tiempo, el Estado mexicano no puede cobrarles lo que tienen derecho a pagar.
Reiteró que en las normas que se aprueban de acuerdo con el artículo14 constitucional “no se permite la retroactividad en perjuicio de persona alguna” y el artículo transitorio que se modificó fue consensado con el grupo parlamentario.
Dio a conocer que se tiene previsto que el dictamen tenga tres modificaciones, “si no mal recuerdo, 128, 129 y el primer transitorio párrafo segundo, pero hay cuando menos tres modificaciones del dictamen”.