Juventina Bahena
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, relativa a la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales.
El propósito es restablecer la simetría entre usuarios e instituciones, así como devolver el equilibrio en una relación que hoy parece desigual: Acceso amplio y expedito a la cancelación, establecer un plazo pronto y delimitado, y reforzar la protección frente a prácticas indebidas
Con esta propuesta, expuso Monreal Ávila, se busca asegurar un acceso amplio y expedito a la cancelación de tarjetas, a fin de que toda persona, sin importar dónde viva ni qué herramientas tecnológicas tenga a la mano o no, pueda dar por terminada la relación contractual mediante canales presenciales, telefónicos y digitales. “Nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”.
También propone que la cancelación se concrete en un plazo máximo de tres días hábiles, sin costos, sin comisiones, sin penalizaciones y sin trámites excesivos. “Se trata de acabar con las prácticas abusivas que hoy desgastan al usuario, y de garantizar certeza en los tiempos, obligando a las instituciones a cumplir de manera puntual”.
Otro punto importante es que declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso; prohíbe la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obliga a reembolsar cualquier cobro indebido. Con ello, expresa el coordinador de Morena, se protege de manera preventiva a las personas frente a fraudes o abusos, dejando claro que la responsabilidad recae en el emisor, nunca en el cliente.
Al contextualizar el tema, refirió que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 arrojó que la tenencia de tarjetas de débito y crédito ha mantenido una tendencia ascendente desde 2018, ya que seis de cada diez personas adultas cuentan con una tarjeta de débito y, en términos absolutos, circulan en el país más de 37 millones de tarjetas de crédito, con un saldo de financiamiento que supera los 630 mil millones de pesos.
No obstante, señala, se carece de canales digitales efectivos ante la resistencia activa de las instituciones. Dio como muestra que en 2024 la Condusef registró más de 250 mil reclamaciones; más de 7 mil de ellas fueron solicitudes de cancelación que simplemente no fueron atendidas.
Con la propuesta “se busca garantizar que los derechos reconocidos en la ley sean efectivos en la práctica, “que la adherencia y desadherencia a productos financieros se hagan con transparencia, y que la autonomía de la voluntad sea respetada en todo momento”.
Se trata, precisó, de fortalecer la confianza en nuestras instituciones y de avanzar hacia un sistema económico más justo, equitativo y cercano a las necesidades reales de la población. Por ello, les invito con plena convicción a respaldar esta reforma.
“No tengan duda de que al hacerlo consolidaremos un marco jurídico que respete la autonomía de la voluntad, fortalezca a nuestro sistema financiero y, sobre todo, asegure lo esencial: que las instituciones estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones”, subrayó.