La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, expedir la Ley General de Economía Circular, reglamentaria de los artículos 4 párrafo sexto; 25, párrafos primeros y séptimo, y 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política, con el objetivo de cuidar y conservar al medio ambiente de economía circular para incrementar la vida útil de los productos, minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
También se modificaron las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Sus objetivos fundamentales son impulsar y definir las políticas públicas en materia de economía circular con base en los principios, criterios y definiciones de esta ley; instituir e impulsar los mecanismos directos e indirectos de circularidad que sean ambiental, técnica y económicamente viables que deben aplicarse a los materiales, los residuos y las categorías de productos.
Deberán establecerse los acuerdos generales de implementación de la responsabilidad extendida del productor, con los que se obliga, por sector industrial, comercial o de servicios, o por producto, a obtener la inscripción de la gestión circular en el Registro de Economía Circular y cumplir los términos y condiciones de dicha gestión, con la participación del sector productivo; fijar la responsabilidad compartida en materia de circularidad de otros agentes económicos, consumidores y entes públicos, la cual es complementaria a la responsabilidad extendida del productor.
Esta Ley define a la economía circular como el modelo económico de producción y consumo sostenible que incluye soluciones sistémicas para el desarrollo económico, que disminuyen el impacto ambiental mediante ciclos técnicos y biológicos que permiten la permanencia y reintegración sustentable de los materiales de los productos a la economía, el cual tiene como principios rectores la eliminación de residuos y la contaminación, mantener productos y materiales en uso, así como regenerar los sistemas naturales.
Contempla a la persona recicladora de base o pepenadora, quien será la persona que, de forma independiente o colectiva, realiza la recolección, separación manual, comercialización y reciclaje de materias primas secundarias. Crea la Plataforma del Sistema Nacional de Información Pública de Economía Circular, el cual tendrá como objetivo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los fines de la economía circular de acuerdo con los criterios y principios establecidos en esta Ley.
Subraya que la Semarnat autorizará el uso del Distintivo Nacional de Economía Circular para identificar los productos que cumplen con los principios y criterios de economía circular; al Ejecutivo Federal le corresponderá la expedición de instrumentos económicos para fomentar la economía circular, alineados con el Programa Nacional y al Reglamento de esta Ley.
Al exponer los fundamentos de la Ley General de Economía Circular, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), expuso que la ley contempla instrumentos de planeación, información y monitoreo, incluyendo sistemas digitales, diagnósticos, registros y evaluaciones de desempeño, que permitirán por primera vez que México tenga datos claros sobre flujo de materiales, generación de residuos y niveles de aprovechamiento.
Dijo que establece la responsabilidad compartida y diferenciada, fijando obligaciones para productores, comercializadores, distribuidores, consumidores y autoridades. No solo regula procesos, pone a las personas recicladoras en el centro del sistema, reconoce su papel, promueve su participación y abre la puerta a mecanismos de formalización, acceso a seguridad social y capacitación.
Refirió que en ambas Cámaras se realizaron foros, mesas de trabajo y consultas con especialistas, organizaciones de recicladores, empresarios, académicos y entidades gubernamentales, y a partir de ello se generó un proyecto inicial que se fue enriqueciendo mediante un proceso amplio de recepción de propuestas, revisiones técnicas y diálogo constante con todos los grupos parlamentarios.
Precisó que México enfrenta uno de los mayores desafíos ambientales de su historia; se generan más de 127 mil toneladas de basura y residuos sólidos urbanos diariamente y apenas una pequeña fracción logra reincorporarse a los procesos productivos. Este problema no es solamente ambiental, también es económico, social y de salud pública.
En el país, más de 200 mil personas recicladoras sostienen con su trabajo la recuperación de materiales, y debido a ello se busca transitar a un modelo de economía circular que minimice desechos, reordene, armonice y estructure la política nacional de economía circular.
El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena) señaló que se crea la Plataforma Nacional que permite por primera vez la trazabilidad pública de los residuos y los productos a lo largo de su vida, para que queden registradas las empresas, la gestión circular y los productos, quién cumple y quién no y que cuenten en el distintivo nacional.
Del PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela explicó que el modelo de producción lineal habitual que se utiliza es producción, consumo y desecho, basura, y lo que el modelo de producción circular propone es que sea producción, consumo y reutilización. “Esto que estamos dotando hoy es técnica, económica y ambientalmente posible”. Añadió que la basura que tiramos nos está literalmente matando porque el 90 por ciento de las 120 mil toneladas diarias va a los tiraderos, sin control ni reglas ni normas, al aire libre.
A su vez, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) compartió que actualmente se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos cada día, de los cuales 12 mil toneladas no son recolectadas. Todas ellas son tiradas en más de 2 mil 500 vertederos al aire libre que envenenan a las comunidades, y la iniciativa pretende que cuando un producto termine su vida útil regrese al círculo económico, ya sea a través del reciclaje, reutilización o reusado.
Agregó que es un dictamen que significa “ganar, ganar, vivir, vivir para todos” porque se generará menos basura, más economía y más empleos para quienes más lo necesitan”. Precisamente en los tres pilares fundamentales sobre los que descansa la Agenda 2030, de la cual México es parte: mayor inclusión social, mayor desarrollo económico y cuidado al medio ambiente. “Hoy se está cambiando el paradigma de modelo económico”.
Para la diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT), la Ley de Economía Circular tiene entre sus objetivos hacer visible la problemática ambiental, promover cambios sistemáticos que se traduzcan en mejores resultados ecológicos y permitirá la implementación del Sistema Nacional de Economía Circular, cuyo propósito es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. También, distribuir competencias, observar la gestión circular e integral de materiales y productos y residuos, involucrando a todos los sectores de la sociedad para que actúen con responsabilidad ambiental, económica y social.
Noel Chávez Velázquez, diputado del PRI, expresó que se debe exigir en un régimen de estímulos fiscales para la incorporación más completa en los esquemas de economía circular a las empresas públicas y privadas; garantizar una coordinación más fuerte entre federación, entidades federativas y municipios para que realicen políticas públicas prácticas que impacten a la economía circular desde cada región.
Por MC, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla afirmó que se reconoce por fin la responsabilidad extendida del productor, pero se deja de lado una ambiciosa regulación en materia de medio ambiente, especialmente en los materiales que hacen referencia al plástico. “Necesitamos una regulación que dé certeza a los estados y municipios y a la ciudadanía y al medio ambiente, porque la verdadera economía circular empieza por producir menos”.
También por el MC, la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre mencionó que México por primera vez establece una Ley General de Economía Circular, que reconoce la circularidad como una estrategia nacional para extender la vida útil de los materiales, reducir residuos, impulsar la innovación y dar trazabilidad a toda la cadena productiva; se celebra la creación de un sistema nacional, la incorporación de la responsabilidad extendida del productor y la armonización de leyes ambientales.