Hay 2 mil 73 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar: Ricardo Monreal

• 100 mil millones de pesos de adeudos, solamente en este año
• También va la ley para lavadores de dinero, delincuentes de cuello blanco y delincuencia organizada

Luego de que el Pleno de la Cámara de diputados aprobara las reformas a la Ley de Amparo, con el aval a una reserva presentada por el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) para modificar la fracción III del artículo 128 y cambiar el término de “interés público” por “disposiciones de orden público” y eliminar la fracción V de dicho artículo, el cual señalaba que “de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”, entre otras, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, habló del impacto de las modificaciones en la sociedad.

El también coordinador de los diputados de Morena felicitó al diputado Hugo Eric Flores por la presentación de su reserva, donde se establecen tres categorías en el propio artículo. Una, donde señala que se aplicarán las normas vigentes en el momento del inicio de los juicios o procedimientos de que se trate. La segunda parte relativa a que se debe atender la jurisprudencia y la doctrina para definir con claridad lo que sucede una vez que se modifica la ley y se aplican las disposiciones de la reforma. “Para mí no hay duda de que lo que está haciendo el legislador y lo que la propuesta contiene es correcta”.

Elogió tres participaciones en el debate, que calificó de “inteligentes, que siendo opositores, las respeto. Tres participaciones que no se apartaron del tema y que argumentaron jurídicamente si la Ley de Amparo era o no una ley procesal”. Lo cierto, dijo, es que la Constitución tiene una definición clara con motivo de la ley procesal y la define como aquella que contiene normas jurídicas que disponen de etapas, procedimientos de un juicio.
De acuerdo con el legislador, el artículo 270 de la Ley de Amparo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para que se aplique, se observe, en casos que observan y que resuelvan los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial de la Federación.

Una jurisprudencia, explicó, es aquella que se compone con las cinco resoluciones de la Corte, de un tribunal colegiado en el mismo sentido y que constituyen una base obligatoria para que el juzgador lo observe.

“Pues hay tesis de jurisprudencia sobre la retroactividad. Y por eso nosotros sostenemos que este artículo, esta reserva que yo vengo a defender, es impecable y es una propuesta que nosotros vamos a acompañar”.

En seguida se refirió a la motivación que impulsó esta reforma: “hay miles y miles de recursos de impugnación de solicitudes de nulidad interpuestos por despachos, grandes despachos, que defienden a empresarios o a gente poderosa; es su derecho, no cuestiono eso, pero a la fecha existen 2 mil 73 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar, así como 2 mil 66 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a los 100 mil millones de pesos solo este año.

Lo más grave, añadió, ¿cuál es el plazo, el tiempo promedio que transcurre desde la interposición del recurso hasta el amparo, la ejecución y la sentencia firme, todavía sobre el amparo? Ocho años y para el cobro, otros ocho años. El promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, del erario, son de entre 16 y 22 años, para ser exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades, 16 años promedio mínimo.

Precisó que de los cobros fiscales, lo que alcanza a recuperar el Estado, por la existencia de estos amparos mañosamente prolongados, es de 0.5%. “El 95% de los deudores o los que deben pagar no lo hacen, Hacia ellos va orientada nuestra reforma, porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere.

“Y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada; si no reformamos, va a seguir sucediendo que a quienes se les bloquean sus cuentas por actividades que configuran probables delitos, en unas horas les conceden la suspensión provisional, a unas horas más les desbloquean las cuentas y en pocas horas más extraen los recursos y los envían a otras partes del mundo. Está demostrado que así es. Ahora tendrán que garantizar que esos recursos, con fianzas, billetes de depósito, garanticen que no se vayan a esfumar.

“Esas son las grandes reformas que queremos que el pueblo de México pueda entender; que lo que estamos haciendo sí es de una iniciativa proveniente de la presidenta de la República; sí somos parte de un movimiento, sí tenemos una responsabilidad compartida y una relación muy estrecha con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Claro, somos parte de un movimiento, por qué tendríamos que negar nuestro origen y nuestra actitud republicana para con un país que está en proceso de consolidación en su transformación. Sí somos distintos, tenemos proyectos diferentes. Y nosotros, con seriedad, sin ofensas, sin insultos, sin descalificaciones, vamos a defender nuestro proyecto en el que creemos y vamos a cerrar filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

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