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Iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas


Luz María Mondragón

A fin de fortalecer los derechos humanos, incluidas las garantías a favor de las personas afectadas por delitos, y dar respuesta a pendientes en materia de justicia y verdad, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) propuso, ante la Comisión Permanente, una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Víctimas (ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, tras su expedición).

Esta iniciativa que reforma y adiciona la LGV consta de tres ideas centrales:

1ª. Establecer el “principio de gradualidad”, para que el Estado y los recursos presupuestales que permitan la implementación de programas, planes, proyectos de atención, asistencia y reparación integral sea de manera creciente, aunque de manera paulatina pero ascendiente.

2ª. Fortalecer el “principio de la participación conjunta” para que el Estado impulse la participación en la atención a víctimas, a través de medidas de ayuda, de atención, asistencia y reparación integral con la colaboración activa de la sociedad civil y del sector privado.

3ª. Sustituir el término “medidas de no repetición” por “garantías de no repetición. Porque las garantías tienen un alcance más amplio, pues buscan transformar las condiciones que posibilitan las violaciones de derechos humanos que se han estado produciendo.
Es imperativo responder a las demandas de justicia, verdad y reparación para las víctimas. Por ello fue presentada esta iniciativa, concluyó el diputado del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

EL PEF 2024 Y LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Uno de los programas del Anexo 13 (denominado “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, se localiza en el Ramo 47 (Entidades no sectorizadas) y se titula “Atención a víctimas”.

Desde el PEF2018 hasta el PEF2022 únicamente se le asignaron 7 millones de pesos en cada ejercicio anual, aunque el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) reportó que en 2018 había 15 mil 525 víctimas, en 2019 más de 27 mil y actualmente son alrededor de 30 mil.

En el PEF2023 se logró un presupuesto de casi 48 millones de pesos.

Pero en el PEF 2024 los recursos solo son de 7 millones, disminución que representa un decremento de -84 por ciento; hecho que viola el principio jurídico de progresividad.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres deben ser irreductibles e intransferibles, no sólo respecto al total del Anexo 13, sino también por ramos y programas.

Por otra parte, cabe mencionar que las mujeres representan casi el 52 por ciento (más de 64 millones) de la población total. Por ello es fundamental destinar mayores recursos a los ramos del Anexo 13, especialmente a la atención de víctimas.


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