Monreal anuncia discusión del Presupuesto 2026 y defiende postura garantista

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, anunció que la próxima semana se discutirá en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Durante la conferencia de prensa “Legislativa del Pueblo”, Monreal Ávila informó que ayer comenzó el trabajo en materia presupuestal y que, alrededor de las 11 de la noche, se envió el proyecto de presupuesto a los grupos parlamentarios y a los integrantes de la comisión correspondiente.

Recordó que en el Senado concluyó el proceso legislativo de cuatro leyes fundamentales: la Ley de Derechos, el IEPS, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos, con un presupuesto estimado de 10.1 billones de pesos.

El legislador adelantó que no habrá dispensa de trámite ni excepciones a la aplicación de la ley en la materia. Explicó que los trabajos seguirán su curso legal: el lunes 3 de noviembre se prevé la discusión y aprobación del dictamen en la Comisión de Presupuesto; el martes 4 se dará publicidad al dictamen; el miércoles 5 iniciará la discusión en lo general y continuará en lo particular hasta agotar su análisis y votación.

“En la discusión en lo general normalmente había una ronda; hoy habrá tres, es decir, 36 intervenciones, y en lo particular estimo que habrá cientos de reservas”, puntualizó.

Reasignaciones presupuestales

El diputado Monreal adelantó que el proyecto contempla reasignaciones en diversas partidas. Señaló que habrá disminuciones para el Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral, entre otros organismos, mientras que el Poder Legislativo y el Senado mantendrán su presupuesto sin incremento.

Explicó que los 17 mil millones de pesos reasignados se destinarán a educación, infraestructura, medio ambiente y cultura. Asimismo, indicó que el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un incremento debido al traslado de recursos de la Guardia Nacional, los cuales antes correspondían a la Secretaría de Seguridad.

Iniciativa sobre cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito

En otro tema, el legislador informó que su iniciativa en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito será aplazada para su revisión, a petición de los grupos parlamentarios, con el objetivo de construir un consenso amplio.

La propuesta busca adicionar los artículos 18 Bis 9, 18 Bis 10 y 18 Bis 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el fin de proteger a los usuarios frente a prácticas indebidas de instituciones financieras y comerciales.

Entre sus principales planteamientos destacan:

Garantizar la cancelación directa de tarjetas en un plazo máximo de tres días hábiles, sin costos ni penalizaciones.

Prohibir la entrega o envío de tarjetas no solicitadas.

Obligar a las instituciones financieras a reembolsar cobros indebidos.

Sancionar la publicidad engañosa y, en caso de reincidencia, revocar permisos o concesiones.

Monreal destacó que, de los 34 millones de usuarios de tarjetas en el país, alrededor del 30 por ciento no solicitaron el plástico que les fue entregado, lo que ha generado problemas de fraudes y robo de identidad.

“Esta iniciativa fortalece los derechos de las y los ciudadanos, al permitir la cancelación ágil y segura de una tarjeta que no solicitaron y que no debe implicar ningún costo”, subrayó.

“Soy garantista”, afirma Monreal al explicar su reserva sobre la Ley General contra la Extorsión

Durante la misma conferencia, Ricardo Monreal reiteró su postura garantista al explicar las reservas que presentó durante la discusión en lo particular del dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada el pasado 28 de octubre.

Indicó que su reserva respondió a una “desproporción punitiva” en las sanciones, pues la propuesta original establecía penas mayores para la autoridad que omite denunciar un delito que para el propio delincuente.

“No puede sancionarse con una mayor pena a la autoridad que omite, que al delincuente. Esa es una desproporción punitiva”, señaló.

El coordinador de Morena enfatizó su formación en el Derecho Penal garantista, basada en la Escuela Clásica de la UNAM, y reiteró su rechazo al populismo punitivo.

“Yo no creo en eso. Creo que las causas deben atenderse, que hay que apostar por la resocialización tanto de la víctima como del victimario. Por esa razón fue mi propuesta”, concluyó.

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