La promovente de la iniciativa, diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN), expresó que el objetivo es impedir que los agresores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a las víctimas. También es importante promover, a través de Sedatu, facilidades para que las víctimas de violencia adquieran o mejoren su vivienda.
Relató que actualmente las órdenes de protección emitidas por un juez o una jueza permiten frenar la conducta violenta hacia la mujer. Sin embargo, la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor resulta insuficiente.
Los violentadores, después de abandonar el domicilio conyugal, ponen en venta o venden los bienes, incluyendo el menaje del hogar, con la intención de que las víctimas se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda o patrimonio.