Esta primera semana de julio inició el proceso legislativo para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la obligación del Congreso de la Unión en cuanto a expedir la nueva Ley General de Aguas. Se mandató que en el siguiente periodo ordinario expida la legislación pendiente del artículo reglamentario del 4º Constitucional, con el propósito de garantizar el derecho humano al vital líquido. La escasez de agua la enfrentan los dos mil 471 municipios del país.
Los concesionarios y autorizados deberán prestar el servicio de acceso a Internet con bajo costo en los espacios abiertos, tales como plazas, parques y áreas públicas de uso común para la población en general en las Zonas de Atención Prioritaria, que para el efecto declare el Ejecutivo Federal, con un grado de marginación, medio, alto y muy alto.
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, a cargo del diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), aprobó dictámenes en temas de productividad de MIPyMES, evitar incrementos injustificados de los precios e inclusión de conceptos; emitió su opinión a reformas en materia de etiquetado de organismos genéticamente modificados. En uno de los dictámenes se considera grave los incrementos injustificados de los proveedores a los precios de la tortilla durante fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias en los términos del artículo 10 Bis de la Ley.
La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, presidida por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), aprobó dos dictámenes para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de garantizar el pleno goce de derechos sociales, seguridad alimentaria y estabilidad en el ámbito rural. El objetivo es que los programas federales deberán garantizar el goce pleno de los derechos sociales en el sector rural.