Las iniciativas deben acompañarse de un estudio de impacto presupuestal: Medina Filigrana

Es necesario que las iniciativas de ley o reforma tanto a la Constitución como a leyes secundarias vayan acompañadas de un estudio de impacto presupuestal porque a veces proponemos cambios de buena fe sin el correspondiente análisis, generándole una carga al Estado mexicano que tal vez no pueda cubrir, por eso es tan importante que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aporte opiniones técnicas sobre la incidencia de las propuestas en las finanzas públicas, nos comenta el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, secretario de este grupo de trabajo.

Recientemente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presentó su opinión sobre ocho iniciativas en cuanto al impacto presupuestal si se aprueban, por ejemplo, la que tiene por objeto que deportistas y artistas se puedan inscribir al esquema de seguridad social, que representaría 2 mil 101.12 millones de pesos; la de la Industria del Café, que requeriría 47 millones 628 mil 976 pesos, la de fondos nacionales de prótesis que se calcula en mil 368.7 millones de pesos, o la Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, que plantea generar esquemas de financiamiento para el impulso de dichas zonas. Esta es una propuesta que sustituye al fondo Metropolitano, y estima un impacto presupuestario por 811 millones 433 mil 211 pesos, entre otras opiniones que presentó la Comisión.

No obstante, aclara el diputado Medina Filigrana, estas opiniones relativas al impacto de las iniciativas en el erario tienen un sustento y un mandato legal en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria1 ; “es más, lo correcto sería que las iniciativas ya llevaran la opinión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, que esta ley determina”.

En la práctica esto se subsana al turnar la iniciativa a la comisión respectiva con vista a la Comisión de Presupuesto que, a su vez, consulta con el CEFP y se pueda emitir la opinión correspondiente.

Lo ideal, dice, es que se hiciera con todas las iniciativas que presenten quienes tienen facultad para ello, esto es, el Presidente de la República, las y los diputados y senadores, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, incluso, los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores.

El presidente presenta sus iniciativas con un análisis presupuestal

En los últimos tiempos, el presidente también cumple con esta disposición, al acompañar sus iniciativas de un dictamen de la Unidad de Análisis Presupuestal de la Secretaría de Hacienda. SI se revisa, por ejemplo, la reciente iniciativa que presentó en materia electoral, viene ya considerado el impacto presupuestal.

En este sentido, el avance es notorio, apunta Medina Filigrana, y aunque en el Senado no existe esta obligatoriedad porque carece de facultades en materia presupuestal, a la larga se pudiera establecer esta exigencia porque ahí también se presentan iniciativas de ley o de reforma constitucional que pudiesen tener un costo presupuestal.

El conflicto entre el costo y el beneficio de una iniciativa

Hay algunas iniciativas que se presentan de muy buena fe y aunque beneficien socialmente su costo puede ser alto y entonces esa propuesta no pasa ¿de qué manera se resuelve el conflicto de costo beneficio?

—Tenemos que evolucionar hacia una visión integral, donde podamos equilibrar y compensar todos los puntos de vista o todos los criterios aplicables. Algunas iniciativas de buena fe tienen un gran impacto presupuestal; ahí tendríamos que analizar de qué manera se puede llevar a la práctica, quizá de manera gradual para evitar desequilibrios en la administración pública.

Las alternativas se buscan, y da una muestra.

—No está en una ley, pero por ejemplo el programa social de apoyo a las personas con discapacidad tiene un rango muy corto de cobertura, de uno a 29 años de edad. Lo que hicimos fue invitar a los gobiernos de las entidades federativas a que también aporten a ese programa, de tal forma que se pueda atender a un mayor rango de población, hasta alcanzar quizá una cobertura universal.

Hubo reformas estructurales como las de 2013 en las que privó un criterio político que impactaron negativamente las finanzas públicas, que en todo caso no beneficiaron socialmente, como la del sector eléctrico ¿todavía es factible ese riesgo?

—Respecto a las reformas de 2013, creo que hemos evolucionado legislativamente al poner mayores candados a decisiones discrecionales, y al mismo tiempo que se analiza la vertiente del impacto presupuestal se tiene que equilibrar con una visión de sensibilidad social. Las reformas de 2013 obedecieron a una mentalidad neoliberal, con lo cual se cancelaba la posibilidad de introducir la energía eléctrica a una comunidad de mil o dos mil habitantes, muy alejada de las grandes urbes.

“Con ello, se perdió de vista que no solo se trata de ciudadanos, sino de seres humanos a los que estamos condenando a vivir en el siglo XIX por la carencia de energía eléctrica; a carecer de cosas fundamentales en climas tropicales, como un refrigerador para preservar sus alimentos o la posibilidad de que lleguen a ese hogar o a esa comunidad, aparatos que le permitan conectarse a la red de internet y que los jóvenes puedan hacer sus tareas o investigaciones. En una iniciativa no solamente debe privilegiarse lo económico, también el impacto social al incorporar de estas personas, a estos seres humanos, al desarrollo y al siglo XXI

Los cabilderos, una mala copia de las prácticas en otros países

El cabildeo de los grupos de presión dentro de las cámaras, en el Ejecutivo, del mismo Poder Judicial, se hace a favor del sector privado. Tienen un poder muy grande como para inclinar la balanza hacia el interés privado por sobre el interés público ¿cómo podemos evitar su injerencia en la aprobación de una propuesta, de una iniciativa con un componente social?

—En primer lugar, los cabilderos son una mala copia de las prácticas que se dan en otros países; el cabildeo no es una situación propia del Poder Legislativo mexicano, fue una mala copia de la forma en que trabaja en el Poder Legislativo de Estados Unidos; pero allá tienen otras condiciones. La misma forma de acceder a cargos de elección popular lleva implícito los aportes financieros de empresas, de sectores ligados a ciertas ramas de la industria y que privilegian tener legisladores que les garanticen esos intereses.

Para ejemplificar, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana se refiere a la proliferación de armas en EU.

—La proliferación de armas y las lamentables masacres que se suceden periódicamente en EU, donde los centros escolares son blanco de estos jóvenes con algún problema mental y el fácil acceso a las armas, tiene su punto de conexión en el hecho de que hay asociaciones muy poderosas que financian las campañas de legisladores estadounidenses para que siga manteniéndose la disposición de que cualquiera pueda acceder a la compra de armas.

Y agrega: Esas prácticas se copiaron en México, incluso la figura de los cabilderos está regulada en el Reglamento de la Cámara, pero yo celebro que estemos en una nueva etapa donde los asuntos se diriman entre los grupos parlamentarios, porque quienes reciben el mandato de los ciudadanos son las y los legisladores que después se integran en grupos parlamentarios.

Me parece que es una cuestión de lógica, de congruencia, de coherencia, que los legisladores se deben a los electores, a las ciudadanos y ciudadanos, a respetar los planteamientos que hicieron en campaña, a los postulados que generaron y son esos los que deben cumplir y no caer en la tentación de lo que les propongan los cabilderos.
Finalmente, reconoció el trabajo y el esfuerzo de mujeres y hombres que laboran en el CEFP.

—No es un órgano que se haya creado en los últimos tiempos, viene de varias décadas, que se ha ido fortaleciendo, consolidando, bajo un criterio eminentemente técnico y eso es algo que hay que aplaudir, que nos den luz a las y los diputados, porque aunque somos legisladores no somos todólogos. Hay temas en los que no tenemos claridad y ¡qué bueno que existen estos centros!  que coadyuvan, que nos ilustran, que nos ayudan en la tarea de legislar, específicamente el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que lo hace en su vertiente técnica, de manera muy profesional.

  1 El Artículo 18 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que “… no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

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