En la sesión del 24 de enero los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión Permanente emitieron comentarios con respecto a los 30 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y pobreza.
Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, dijo que el TLCAN generó las 18 familias más ricas del país, con más de 180 mil millones de dólares, y no fue capaz de reducir la pobreza a menos del 40 por ciento; en cambio el T-MEC logró, “en la época de la transformación”, bajarla a 36 por ciento, porque es un acuerdo respetuoso, alternativo, con regulación y se hace este balance en el contexto actual de estabilidad económica y macroeconómica, con un peso fortalecido y mayor inversión extranjera directa.
Del PAN, el senador José Alfredo Botello Montes señaló que los tratados comerciales son un punto a favor de México, además de que entre sus ventajas está el acceso a mercados más amplios eliminando las barreras comerciales. Añadió que el país ha firmado 14 acuerdos internacionales, siendo el TLCAN el más amplio y antiguo, y ha extendido su mercado a naciones como las asiáticas y del medio oriente.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) indicó que las anteriores administraciones no supieron aprovechar el nuevo paradigma comercial, y a pesar de que México ingresó a la era de la eliminación arancelaria firmando otros 14 tratados más y 70 acuerdos, no sirvió de nada.
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de MC, afirmó que sería irresponsable tratar de simplificar el impacto del Tratado en la economía de los países involucrados, pues ha permitido construir una relación simbiótica con destacables impactos para México.
Del PVEM, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez aseguró que el aumento de exportaciones e importaciones y la disminución de la pobreza es resultado de que este gobierno configuró una economía enfocada en el bienestar de las personas.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) dijo que un tratado comercial no cambia las condiciones económicas de una nación, pero debe ser acompañado de políticas públicas que garanticen una correcta distribución de la riqueza y el combate a la pobreza. “Hoy 46 millones de personas carecen de acceso a los recursos fundamentales para vivir con dignidad, 55 millones enfrentan una situación de pobreza y nueve millones en pobreza extrema”.