La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó por 35 votos a favor cinco opiniones de impacto en las finanzas públicas a igual número de iniciativas que proponen expedir leyes sobre derechos de las adolescencias, protección a la protesta pacífica, financiamiento del sistema de transporte público ferroviario, Instituto Nacional del Hombre para la Mujer y protección integral a personas servidores públicos.
La primera opinión se refiere a la iniciativa por la que se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias.
Señala que la Federación tendría que aportar recursos adicionales para el establecimiento y operación de centros federales para la atención de adolescentes infractores, así como para la creación del registro especializado, cuya magnitud dependerá de la normatividad secundaria, la delimitación de la población objetivo y el universo estimado de adolescentes en riesgo o en conflicto, entre otros elementos.
La segunda es en torno a la iniciativa que expide la Ley General de Protección a la Protesta Pacífica, la cual apunta que de aprobarse no se generaría un impacto presupuestario en el ejercicio fiscal vigente, pues las funciones propuestas recaen en instituciones existentes que cuentan con presupuesto y estructura suficientes para atenderlas conforme a lo señalado en la iniciativa.
La tercera opinión es a la iniciativa por la que se expide la Ley Federal de la Contribución Especial para el Financiamiento del Sistema de Transporte Público Ferroviario Masivo de Pasajeros de Interés Nacional.
La Comisión considera que se generaría un impacto presupuestario de 106.9 millones de pesos en el primer año de operación del Fideicomiso Especial Público, así como un impacto positivo en la recaudación con un incremento de los ingresos tributarios de 2 mil 30.2 millones de pesos.
La cuarta opinión es a la iniciativa que plantea expedir la Ley del Instituto Nacional del Hombre para la Mujer, misma que generaría un impacto presupuestario, no inmediato, el cual sería cuantificable en su totalidad al momento en que se expida el Estatuto Orgánico del propio Instituto, en virtud de que será un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.
La última opinión corresponde a la iniciativa que expide la Ley General de Protección Integral a Personas Servidores Públicos, donde apunta que se generaría un impacto presupuestario en el Erario Federal por 194.86 millones de pesos a precios de 2026, considerando la implementación del Sistema Nacional de Protección del Servidor Público, así como de su Secretaría Técnica y la consecuente instauración del Padrón Nacional de Servidores Públicos de Alto Riesgo.
Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo comentó que se debe exhortar a hacer lo necesario a fin de que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado sea tipificado.
Respecto de la tercera opinión, dijo que es importante no aumentar impuestos ni derechos a extranjeros que vienen a México a hacer turismo.