Los centros de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) y de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) realizaron el foro “Balance de la LXV Legislatura. Logros y pendientes”, donde diputadas, diputados e investigadores dialogaron respecto a los mecanismos que se deben implementar para mejorar el proceso legislativo.
El foro estuvo integrado en dos paneles: "Logros y retos legislativos: Perspectivas desde el Congreso", y " Logros legislativos y desafíos fututos. Reflexión desde los centros de estudio".
El presidente de la Comisión de Marina, diputado Jaime Martínez López (Morena),
propuso diseñar un mecanismo para que los dictámenes aprobados por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados no se detengan en su proceso en el Senado, en tanto que la diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) planteó que para mejorar el trabajo parlamentario se debe crear un observador ciudadano que vigile qué hacen las y los diputados, tanto a nivel federal como local, e impulsar que las iniciativas sean producto de propuestas colectivas y encuentros con la población.
La directora general del CESOP, Ana Gabriela Núñez Pérez, destacó la importancia de que los tres poderes del Estado, las Cámaras de Diputados y de Senadores, estrechen lazos de comunicación con el fin de vincular el trabajo legislativo con el de los centros de estudio.
En su oportunidad, la directora general del CEDIP, Hasuba Villa Bedolla, expresó que es un gran logro que diputadas, diputados y sus equipos se capaciten. “En los centros de estudios somos aliados en el tema de la revitalización o reingeniería, desde la Ley Orgánica del Congreso en lo que atañe a la Cámara de Diputados. Nos llevamos como tarea la revisión y el acompañamiento en la construcción de la agenda legislativa”.
Ricardo Álvarez Arredondo, asesor de la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expuso que esta Legislatura avanzó en materia de Estado de bienestar, paridad de género, poblaciones indígenas y afromexicanas, seguridad pública y servicio de carrera; además, se redujo la estructura administrativa al quitar secretarías particulares, puestos inexistentes, se eliminó la compra de coches, teléfonos, y se alertó que los poderes legislativos locales deben comenzar a implementar estas acciones.