Foro sobre reformas a la Guardia Nacional

Todas las voces y perspectivas respecto a las reformas a la Guardia Nacional, se han escuchado, en el marco de los foros de Diálogo Nacional acordados y convocados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y la Comisión de Defensa Nacional, bajo la luz del respeto a los derechos humanos.

Los foros tienen un objetivo: analizar y debatir las iniciativas de reforma enviadas por el Poder Ejecutivo, en materia de reformas a la Guardia Nacional.
Dicho foro se realizó el pasado 8 de abril, en Guanajuato. Participaron las y los diputados, así como expertos en seguridad pública.

En el Congreso del Estado, el diputado Ricardo Villarreal García (PAN), presidente de la Comisión, mencionó que el foro es una oportunidad para que sean consideradas todas las voces, a fin de que en este complejo tema, como lo es la seguridad, se resguarden y defiendan los valores que definen a la nación: la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bienestar común.

Entre los cambios propuestos por el presidente de la República, está la incorporación de la Guardia Nacional como el cuarto brazo armado de las Fuerzas Armadas del país; además, redefine su estructura organizativa y extiende a ella las limitaciones y responsabilidades ya estipuladas para los demás cuerpos de seguridad.

Dota a la Guardia Nacional de competencias explícitas para la investigación de delitos, lo cual impactaría la operación cotidiana del Sistema de Justicia, al tiempo que recomienda su inclusión en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; es decir, dependerá directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con facultades explicitas en seguridad pública.

Cabe destacar:  distintas voces se han alzado para proponer la transición total como policía civil con personal reclutado y entrenado para tareas policiacas, que son distintas a la naturaleza actual de una Guardia Nacional solamente integrada por militares.
La diputada Rocío Hernández Villanueva (Morena) sostuvo que la estrategia de seguridad y la configuración de la Guardia Nacional es un acierto en la política pública, ya que busca establecer nuevos equilibrios y asegurar la paz.

El diputado de Morena, José Miguel De la Cruz Lima, consideró que los foros de diálogo estatal permiten escuchar las problemáticas de cada región, lo cual es fundamental, ya que el tema de seguridad es diferente en cada zona del país.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) resaltó que el propósito de las reformas es garantizar a sus elementos condiciones mínimas laborales de seguridad social y de promociones y ascensos que anteriormente tenían. Explicó que el personal de la Guardia Nacional anteriormente formaba parte de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que deben ser instaurados sus derechos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato, diputado José Alfonso Borja Pimentel, estimó que el diálogo debe ser la brújula que guíe hacia la toma de decisiones informadas, consensuadas y a mejores leyes. Confió en que el encuentro sea el punto de partida de un diálogo continuo y fructífero.

La diputada local y moderadora, Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, opinó que las iniciativas requieren de la participación de las entidades federativas para ser calificadas en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales y sean parte de la norma constitucional y del derecho positivo vigente. “Estos foros servirán para realizar, o no, los ajustes a la Constitución y dictaminar si hay necesidad que justifique el traslado de la Guardia Nacional”.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, afirmó que la iniciativa tiene muchos peligros y el más significativo es la erosión de la distinción entre la jurisdicción civil y militar. Subrayó que de aprobarse reforzaría la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes de la unión y deterioraría los principios fundamentales de la democracia y el derecho.

Puntualizó que es responsabilidad del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales evitar que se altere la naturaleza de la Guardia Nacional. “Es crucial que se ejerza un contrapeso de parte del Legislativo para proteger a las instituciones democráticas y garantizar la primacía de las autoridades civiles en seguridad pública”.

Arturo Lara Martínez, magistrado de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, destacó que la iniciativa presenta contradicciones entre su exposición de motivos y su cuerpo, por lo que hay un riesgo en el respeto a las garantías fundamentales. Ante ello, planteó la necesidad de que sea analizada con detenimiento, toda vez que la seguridad pública no tiene un plan transexenal, sino de gobierno, conformada con políticas que posteriormente resultan desechables.
Explicó que con la propuesta se limita al siguiente gobierno a realizar una modificación, porque se adopta una reforma estructural que impediría impulsar nuevas políticas púbicas en materia de seguridad. Reiteró que los elementos de la Guardia Nacional tendrán los mismos beneficios de seguridad social que los elementos de las Fuerzas Armadas y aclara que no es una institución de seguridad pública, pero sí se debe coordinar para fines de seguridad pública.

Raymundo Sandoval, del Colectivo La Justicia que Queremos, puntualizó que la iniciativa del Ejecutivo no cumple lo establecido por la Corte Interamericana porque no establece la participación de carácter extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Agregó que tampoco tiene control para que la participación del Ejército en seguridad pública sea regulada, ni cumple con el elemento de fiscalización, lo que “implica un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados a votar en contra de esta iniciativa”.

Simón Alejandro Hernández, coordinador de la licenciatura en derecho y de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana de Puebla, se congratuló por que se abran estos espacios de análisis a la ciudadanía y a las víctimas, ya que son parte fundamental de la discusión y pidió que se tome en cuenta el tema de las detenciones, pues hay un número menor de éstas con la Guardia Nacional, a fin de ver cómo dotarla de mayores capacidades.

Advirtió que la reforma se debe estudiar con detenimiento, ya que se encuentra en conflicto con normas o tratados enfocados a los derechos humanos. Reiteró que si se tiene la condición de una fuerza de seguridad permanente de carácter militar que no esté sujeta al mando civil, se tendrá un tipo de restricción constitucional que será contraria a normas y decisiones internacionales.

Céline González, investigadora senior del Programa de Seguridad de México Evalúa, consideró que existen contradicciones entre los valores que sostiene la seguridad ciudadana y la decisión de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; una de ellas es cuando se justifica que la Guardia obedecerá una disciplina militar con funciones policiales. “Si bien, tanto la función policial y la militar incluyen el uso de fuerza los propósitos y métodos son distintos. Equiparar la función militar con la policial es un error”.

Propuso regular las armas de fuego, que haya mayor desarme voluntario, tener relación y cooperación con Estados Unidos porque cerca de 70 por ciento de las armas de procedencia ilícita en México provienen de ese país. Es importante revalorizar la función policial estatal y municipal. “En un modelo democrático lo ideal es apostar por mantener el orden público utilizando como último recurso la violencia y la fuerza letal”.

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