Debemos evaluar si la norma y la decisión adoptada por el parlamento cambia la realidad

Los centros de estudio de la Cámara de Diputados tenían un modelo de gestión de la investigación parlamentaria de carácter político porque dependía de un comité integrado por diputadas y se tenía la percepción de que cada centro era de un partido político y no podía esperarse que alguna opinión que emitiera el centro tuviera credibilidad. Podemos estudiar el fondo de la decisión, analizar sus argumentos, su racionalidad, su justificación, pero el conocimiento intuitivo era que si emanaba de algún centro que era encabezado por un comité de algún partido político ya no tenía credibilidad.

Se tenía una profunda desconfianza sobre el quehacer de los centros, más si emitían opiniones sobre un tema delicado, y la suspicacia se dejaban sentir sobre los argumentos, sobre la opinión misma.

La investigación parlamentaria tiene sus constantes o sus características comunes, pero también está determinada por las circunstancias específicas del ente parlamentario donde opera. No es ajena esta situación a la Cámara de Diputados.

El parlamento mexicano, antes de la transición democrática, pese a las opiniones de diversos autores sobre el momento histórico en el que operó esa transición democrática, creo que se ubica de una manera más o menos consensada en 1997, cuando el partido hegemónico en ese momento pierde la mayoría por primera vez en la historia y tenemos un fenómeno muy propio del presidencialismo, que son los gobiernos divididos, pero que en México no había ocurrido porque el partido en el gobierno tenía la mayoría en las Cámaras y había otra característica, eso por sí mismo no es del todo malo, el problema es: cuál es la dinámica en la que se obtiene esa mayoría parlamentaria y cuál es el rol bajo el cual la oposición llegó a ocupar esa condición opositora.

En 1997 se da ese punto de inflexión, cuando por primera vez un gobierno dividido detonó una serie de transformaciones que se expresan en un proceso complejo en el Parlamento, porque en ocasiones hay avances, a veces se presenta un impasse, e incluso no avanzan las decisiones trascendentales o progresivas como fuera deseable, pero eso le ha impuesto una serie de características al sistema parlamentario mexicano, que son las que también determinan las condiciones en las cuales funciona esa investigación parlamentaria.

En mi opinión, las condiciones especiales que operaron en el nuevo Parlamento fueron primero, la pluralidad, detonada por la alternancia a partir de 1997, y determinaron las relaciones entre el gobierno y el parlamento; segundo, estamos ya frente a un fenómeno, desde hace varios lustros, de una función pública abierta: gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta.

Cobra relevancia que se tomen decisiones colectivas y públicas, y se tome en cuenta lo que opine la sociedad, bajo su escrutinio.

Una característica muy técnica, pero que no deja de ser también relevante en la dinámica parlamentaria mexicana, es esa interacción que hay entre el Parlamento y el Poder Judicial, entre lo que se conoce como el poder mayoritario y el poder contra mayoritario. Después de esa reforma de 1994, el Poder Judicial por mandato normativo a nivel constitucional y legal, ya incide anulando las decisiones que se toman en el parlamento.

Podrá estarse o no de acuerdo con las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero es una realidad que, desde un escritorio, juzgadores con competencia constitucional para hacerlo, puede invalidar la decisión que toman 628 representantes populares.

Aceptable o no, puede no serlo y eso dependerá de la racionalidad de la argumentación que contenga esa decisión jurisdiccional y ya es un componente de la dinámica constante entre el parlamento y el Poder Judicial de la Federación.

Hay una cualidad intrínseca o interna de las Cámaras y es la trascendencia que la reelección. Esa condición estuvo proscrita durante 81 años en nuestra Constitución y en su aplicación durante 88 años, que le está imprimiendo una nueva dinámica al parlamento. Creo que va a producir el efecto de profesionalizar a los legisladores y aumentar el conocimiento del dominio sobre los temas, pero además otra cuestión muy importante, debe producir la profesionalización y la estabilidad de los servidores públicos que conforman el gobierno de las cámaras.

Servicio de carrera

Hay un fenómeno que a mí me gusta señalar como un servicio civil de facto, que ya existía aquí en la Cámara de Diputados. Cuando llegamos en 2018 encontramos varios funcionarios profesionales que llevaban décadas o varios años trabajando, ejerciendo sus funciones, pero no había un estatuto normativo que les diera estabilidad y seguridad en el empleo. Lo garantizaba y permitía esa estabilidad su buen trabajo y desempeño profesional, pero no tenían un asidero normativo que les permitiera mantener esa estabilidad.

Creo que uno de los grandes logros y de las grandes decisiones que tomaron los líderes parlamentarios en la pasada y en esta legislatura es adoptar, mantener y apoyar el servicio de carrera, para que la función legislativa esté soportada técnicamente, que las decisiones que se adopten tengan el soporte y la racionalidad del análisis objetivo.

En las decisiones que adopta necesariamente una mayoría, la investigación y el apoyo técnico parlamentario está a disposición, desde luego de la mayoría, pero además de todos los integrantes de la asamblea.

Eso implica que las funciones de la oposición también se vean apoyadas en el ejercicio de la investigación y del apoyo técnico parlamentario. La labor de escrutinio y la labor de rendición de cuentas, de crítica al ejercicio de la labor gubernamental también encuentran un valioso soporte en la investigación parlamentaria.

Una de las puntas de lanza de dicho cuerpo de investigadores parlamentarios en la Cámara es el servicio de carrera, que cuenta con valiosos cuadros técnicos de compañeras y compañeros profesionales que ingresaron por concurso a dicho cuerpo.

Es necesario profundizar la vinculación de esa investigación parlamentaria a la labor legislativa dentro de la complejidad del proceso que tiene, a veces, avances discretos, avances decididos, y en ocasiones no hay avances, es necesario no perder el puerto de llegada.

¿Hacia dónde va esa investigación parlamentaria? Tiene todavía la característica en muchos casos de ser reactivo a las solicitudes de diputados y de comisiones. Es una de las facetas del servicio y creo que tiene su propio valor, que funciona de esa forma, pero debe ir más allá. ¿En qué forma? Debemos establecer filtros, es decir, hay que priorizar el trabajo parlamentario, no sobrecargar de trabajo a los centros de estudio con las iniciativas que les turna una comisión. Si una comisión recibe el turno de 100 iniciativas, las remite a algún centro para que emita su opinión ¿cuántas se dictaminan? Probablemente una solución sea solo abocarse a dictámenes. Hay que encontrar una modalidad para filtrar y priorizar ese trabajo legislativo.

Otra solución podría ser que las juntas directivas de cada comisión nos ayudaran señalando cuáles son los proyectos de dictámenes que van a aprobar y que sobre eso recaiga una opinión técnica, una opinión consultiva. De este modo, no solo se descargaría el trabajo de los investigadores, sino que además va a permitir que sea más eficiente, vincularlo de una manera más intensa con el trabajo de los legisladores.

Con el apoyo invaluable de la secretaria general, la maestra Graciela Báez, se están explorando y analizando diversas formas de vincular ese trabajo académico, de investigación, con los requerimientos de los legisladores, y eso implica también acercarnos y preguntarles qué es lo que requieren, no solo que evalúen el trabajo que se está realizando en la investigación parlamentaria, sino también reconocer su requerimiento. Se están explorando modelos para acercarnos de esa forma con los legisladores.

Un tema más específico, que me parece un valioso puerto de llegada a la investigación parlamentaria: la evaluación del impacto legislativo. Ese debe ser uno de los componentes cualitativos que debe fortalecer la investigación parlamentaria: no solo saber si es constitucional o no, si tiene impacto presupuestal o no, si es viable o no, también saber cómo la norma y la decisión adoptada por el parlamento está cambiando la realidad.

Nota: Participación del secretario de Servicios Parlamentarios Hugo Christian Rosas de León (1) en el Primer Foro Internacional sobre Investigación Parlamentaria, convocado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, realizado el 7 de diciembre en la Cámara de Diputados.

(1) Secretario de Servicios Parlamentarios

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