Caridad, beneficencia, asistencia… y arribamos al derecho universal

Luego de tres siglos en que la Iglesia se hiciera cargo de la atención médica y la educación, se expidieron las leyes fundacionales del Estado liberal con el paquete de reformas que los mexicanos conocemos como Leyes de Reforma, que incluyeron ordenamientos de suma importancia como la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia, junto con la de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil, el cese de toda intervención del clero en los cementerios y camposantos y la Libertad de Cultos, con las cuales el Estado asumió la responsabilidad histórica de tomar en sus manos la incipiente política social.

En enero de 1861 las fuerzas liberales llegaron a la Ciudad de México y con ello se puso fin a la Guerra de Reforma. Las primeras acciones del gobierno de Benito Juárez fueron restablecer las normas constitucionales que consolidaban al Estado liberal con la instauración de las leyes de Reforma. 

La secularización de la infraestructura hospitalaria y la reducción de la influencia del clero en la vida pública tuvieron su raíz en la constitución española de Cádiz en 1812; con base en este ordenamiento, en 1820, la Iglesia tuvo que abandonar los hospitales españoles; también lo tuvo que hacer en Portugal.

Sanatorios y dispensarios formaban parte de conventos o iglesias. Estaban a cargo de religiosos, frailes, pocos médicos, cirujanos y herbolarios. Al tiempo que los enfermos recibían atención médica eran evangelizados. Los costos de construcción, mantenimiento y operación se cubrían con apoyo real, limosnas, ventas de impresos, cuotas por los servicios, donaciones, diezmos y ganancia de loterías.

La caridad era un concepto piadoso; la beneficencia un deber del Estado

Con la secularización estos actos de caridad fueron sustituidos por la atención basada en la beneficencia con la participación del Estado. Mientras la caridad era un concepto piadoso y religioso, considerado una virtud privada, la beneficencia era un acto y deber del Estado, un servicio público, regido bajo los valores del liberalismo y positivismo. El país empezó a contar con hospitales públicos.

De esta forma, se modificó el patrón ideológico religioso característico de la época colonial que rigió hasta principios del siglo XIX, sustituyéndolo por una concepción laica y científica, que proporcionaba bases para instituir una beneficencia moderna y accesible a los grupos necesitados del país a cargo del gobierno.

El Estado surgido de la Revolución Mexicana reafirmó las acciones asistenciales. La Beneficencia Pública instituyó nuevas dependencias, creó nuevos establecimientos, hospitales, consultorios médicos gratuitos, asilos, centros educativos, comedores y dormitorios públicos, y restructuró otros en respuesta a la creciente demanda de los servicios de beneficencia.

En la época del presidente Lázaro Cárdenas, al tomarse conciencia de que las enfermedades y la marginación económica y social eran problemas cuya solución era de interés nacional, se impuso una nueva concepción jurídica de la atención médica. Con ello, el concepto de beneficencia fue sustituido por el de asistencia, con el que se instituyen como obligaciones del Estado el promover y regular las acciones relativas a la salud y el proporcionar auxilio médico y social a la población.

El 31 de diciembre de 1937 se creó la Secretaría de la Asistencia Pública, que fusionaba la antigua Beneficencia Pública con el Departamento de Asistencia Social Infantil, iniciado meses antes para hacerse cargo de la higiene prenupcial, prenatal y posnatal, de la atención a los partos y al recién nacido, así como de la educación prescolar.

El presidente Manuel Avila Camacho expidió un decreto, publicado el 18 de octubre de 1943, que creaba la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en la que se fusionaban la mencionada Secretaría de la Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad.

Con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 establecida por la ONU, estos se fueron incorporando y ampliando en las cartas fundamentales de los Estados parte. Ahí se estableció el derecho humano a la salud y, por lo tanto, es el Estado el obligado a tutelarlo y otorgarlo, como un pilar de la justicia social y el bienestar general de la población.

Actualmente, la beneficencia pública se enfoca específicamente en la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad, como ancianos, huérfanos y personas en pobreza extrema, asegurando que nadie quede desatendido.

La Beneficencia Pública es una institución histórica con patrimonio propio para brindar atención y apoyos funcionales (como prótesis, sillas de ruedas, lentes) a personas en extrema pobreza o sin seguridad social, gestionado por la Secretaría de Salud para contribuir al bienestar y acceso equitativo a la salud, actuando como un pilar filantrópico del Estado.

La Iglesia posiblemente realice actividades altruistas, pero es el Estado el que está obligado a tutelar los derechos humanos y proporcionar las condiciones necesarias para la satisfacción y disfrute de ellos. No obstante, al crearse un régimen neoliberal a finales del siglo, hubo otro sector emergente que se fue posicionando con la oferta de servicios médicos y hospitalarios, escuelas, cementerios: la iniciativa privada. La secularización se desvió a extremos insospechados.

Si bien el Estado no abdicó de sus responsabilidades sociales, carece de recursos suficientes para cubrir las necesidades de la gente, que prefiere atenderse gripas y diarreas con los médicos asociados a las farmacias, pagando alrededor de 60 pesos por consulta, más los medicamente que le ofrecen en la puerta de a lado; lo prefiere ante la burocracia, la falta de empatía y la saturación de los hospitales públicos.

También se intentó privatizar la educación, ya de por sí menguada por la falta de espacios para los alumnos de nuevo ingreso. Esas universidades se venden como detentadoras de una educación de calidad, por encima de la pública, con costos altísimos.

Los cementerios privados también ofrecen servicios con esquemas de contratos de adhesión leoninos que nadie frena. Nacer, morir, cuesta mucho; más si a un bebé se le ocurre aterrizar en un hospital privado y más aún si, ya de viejo, elige como última morada un cementerio fifí.

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