Iván Castro Rodríguez
El 2025 quedará como uno de los periodos más intensos y trascendentales en la historia reciente de la Cámara de Diputados de México. Reformas estructurales de gran alcance, un periodo extraordinario sin precedentes por su productividad, decisiones presupuestales de alto impacto social y económico, así como un relevo clave en la Mesa Directiva marcaron una etapa de transformación.A lo largo del año, el Poder Legislativo no solo respondió a las prioridades del nuevo gobierno federal, sino que también sentó las bases normativas de políticas públicas que incidirán en el desarrollo del país durante la próxima década.
Durante los primeros meses de 2025, la Cámara de Diputados concentró sus trabajos en comisiones, donde se definió una agenda legislativa ambiciosa, alineada con los compromisos de campaña del Ejecutivo federal y las demandas sociales apremiantes. Privilegiar los consensos técnicos y políticos facilitó avanzar en iniciativas estratégicas.
Uno de los primeros logros de gran relevancia ocurrió el 1 de febrero, con la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda. Esta modificación devolvió al Infonavit la facultad de construir vivienda y de ofrecer esquemas de arrendamiento social, con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda, particularmente a trabajadores de bajos ingresos. La reforma fue ampliamente debatida, pero finalmente aprobada bajo el argumento de que no afectaría el ahorro de las y los trabajadores.
En ese mismo periodo, el Pleno validó la declaratoria oficial de 2025 como “Año de la Mujer Indígena”. Más allá del reconocimiento histórico, esta declaratoria abrió la puerta a la formulación de políticas públicas específicas, programas sociales focalizados y asignaciones presupuestales orientadas a enfrentar las desigualdades de las mujeres indígenas en salud, educación, justicia y participación política.
Durante los primeros meses de 2025, la Cámara de Diputados concentró sus trabajos en comisiones, donde se definió una agenda legislativa ambiciosa, alineada con los compromisos de campaña del Ejecutivo federal y las demandas sociales apremiantes. Privilegiar los consensos técnicos y políticos facilitó avanzar en iniciativas estratégicas.
Uno de los primeros logros de gran relevancia ocurrió el 1 de febrero, con la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda. Esta modificación devolvió al Infonavit la facultad de construir vivienda y de ofrecer esquemas de arrendamiento social, con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda, particularmente a trabajadores de bajos ingresos. La reforma fue ampliamente debatida, pero finalmente aprobada bajo el argumento de que no afectaría el ahorro de las y los trabajadores.
En ese mismo periodo, el Pleno validó la declaratoria oficial de 2025 como “Año de la Mujer Indígena”. Más allá del reconocimiento histórico, esta declaratoria abrió la puerta a la formulación de políticas públicas específicas, programas sociales focalizados y asignaciones presupuestales orientadas a enfrentar las desigualdades de las mujeres indígenas en salud, educación, justicia y participación política.
Uno de los momentos más relevantes del año legislativo fue el periodo extraordinario de sesiones, celebrado entre junio y julio. En un lapso relativamente corto, la Cámara de Diputados validó 10 reformas estratégicas, lo que demostró una coordinación política significativa entre fuerzas parlamentarias.
Durante estas sesiones se discutieron y avalaron reformas en telecomunicaciones, con ajustes al marco regulatorio; Guardia Nacional, redefiniendo atribuciones y mecanismos de coordinación; y desaparición forzada, fortaleciendo instrumentos legales para la búsqueda de personas y la atención a víctimas. Estas reformas generaron debates intensos tanto al interior del Congreso y en la opinión pública. Su aprobación consolidó a este periodo extraordinario como uno de los más productivos.
El 1 de septiembre inició el segundo año de trabajos de la LXVI Legislatura, con la entrega del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en cumplimiento del artículo 69 constitucional. Este acto marcó un punto de evaluación inicial de la nueva administración federal y reforzó el vínculo institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Un día después, el 2 de septiembre, se produjo un relevo significativo en la conducción interna de la Cámara de Diputados con la toma de protesta de la diputada Kenia López Rabadán (PAN) como presidenta de la Mesa Directiva. Su llegada representó un momento clave de equilibrio institucional y diálogo parlamentario en un contexto de alta carga legislativa, polarización política y debates complejos. La nueva Mesa Directiva asumió el reto de garantizar el orden parlamentario, el respeto entre bancadas y el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos.
El 8 de septiembre, la Cámara recibió el Paquete Económico 2026, integrado por la Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. Su análisis se convirtió en uno de los ejes centrales del segundo semestre del año, al definir el rumbo de la política fiscal, nivel de endeudamiento y prioridades de gasto público.
En paralelo, se aprobaron diversas reformas orientadas a la protección de los derechos de los consumidores, entre las que destacaron iniciativas impulsadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Entre ellas, la regulación de cancelaciones de suscripciones digitales, la prohibición de bebidas energéticas para proteger a menores de edad y nuevas reglas a fin de evitar la emisión de tarjetas de crédito y débito no solicitadas.
En el mes de octubre, la Cámara aprobó una reforma a la Ley de Amparo, con el objetivo de modernizar los criterios de protección constitucional y fiscal, adaptándolos a las nuevas realidades jurídicas y económicas del país. Ese mismo mes, tras intensas negociaciones, se avaló la Ley de Ingresos de la Federación 2026, sentando las bases de la recaudación y el equilibrio fiscal del siguiente ejercicio.
El 4 de noviembre, el Pleno aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, por un monto aproximado de 10.19 billones de pesos. El documento contempló incrementos significativos en rubros prioritarios como educación, salud, infraestructura, programas sociales y transición energética, reflejando una orientación redistributiva y de fortalecimiento del Estado.
Finalmente, en diciembre, el Congreso cerró el año legislativo con la aprobación de la Ley General de Aguas, una de las reformas estructurales más relevantes del periodo. Sustituyó a la Ley de Aguas Nacionales y estableció un marco renovado para la gestión integral del recurso hídrico, al incorporar principios de sustentabilidad, justicia social y derechos humanos.
El 2025 consolidó a la Cámara de Diputados como un actor central en la definición del rumbo político, económico y social de México. La combinación de reformas estructurales, decisiones presupuestales históricas, un periodo extraordinario altamente productivo y el cambio de la Mesa Directiva configuraron un año de alta intensidad legislativa.
Los acuerdos, debates y leyes validadas no únicamente marcaron la agenda inmediata, sino que proyectaron efectos de largo plazo que incidirán en la gobernabilidad, el desarrollo y la cohesión social del país en los años por venir.