El caleidoscopio de las reformas electorales desde 1917

• De la Comisión Federal Electoral al INE
• Las cuotas y la paridad total en el Congreso 

Desde 1917 hubo constantes reformas electorales para organizar y reorganizar los comicios de la elección del Ejecutivo y el Legislativo y, a partir de junio de 2025, también el Judicial se ajusta a este principio constitucional, de tal suerte que todos los poderes del Estado tendrán que pasar por el tamiz democrático.

A través de la historia hubo reformas de gran trascendencia como la que dio cauce legal a las inconformidades sociales que dieron lugar a movimientos armados; otra, que permitió el pluralismo político, la que transitó del control gubernamental a los organismos autónomos (IFE/INE); las que regularon el voto femenino y las cuotas de género; con la creación del INE (2014) se puso énfasis en la fiscalización y las candidaturas independientes, acciones que fueron abonando a la legitimidad del arribo al poder de la representación popular con cambios de régimen.

El siguiente es un recuento de las reformas electorales a través de la historia desde 1917.

En 1918 se emitió la Ley para la Elección de Poderes Federales (Ley Carranza) que, entre otras cosas, regulaba las candidaturas independientes, disponía, entre otros temas, que las listas electorales serían permanentes y sujetas a revisión cada dos años. Además, los Jueces del Registro Civil debían presentar las listas de los electores muertos. No podían ser electores: “los vagos y los mendigos habituales; los que vivan de la beneficencia pública o privada; los sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal y mientras dure la condena; por infidelidad; los que tengan o hayan tenido casas de prostitución pública o clandestina; los que vivan a expensas de una mujer pública; los que hayan sufrido dos condenas por embriaguez habitual y manifiesta; los tahúres y todos los condenados por delitos de corrupción electoral.

Entre las causas de nulidad de una elección, consideraba “haber mediado cohecho, soborno o presión de alguna autoridad para obtener la votación a favor de determinado candidato; haberse ejercido violencia en las casillas”, entre otras causales.

Durante el periodo 1946-1973, la organización de las elecciones estaba bajo el control del gobierno, en consecuencia, el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral, y los candidatos del partido gobernante al Poder Legislativo lograban una cómoda mayoría. La ley de 1946 solamente permitía la representación de dos partidos, mientras que la de 1951 amplió la representación a tres partidos, uno de los cuales, en ambos casos, era el partido mayoritario.

Para 1953, Adolfo Ruiz Cortines emitió un decreto que modificó el artículo 34 de la Constitución a fin de permitir el voto a la mujer, obligado por la organización, participación y movilización de grupos feministas demandando derechos ciudadanos, de tal manera que se les concedió el derecho a ser votadas en todas las elecciones.

Con la reforma de 1963 se introdujo la representación proporcional con los “diputados de partido”. Se dispuso que los institutos políticos que obtuvieran al menos el 2.5% de la votación se les asignaran cinco diputados y uno adicional por cada medio punto porcentual, con un límite máximo de 20 para los partidos opositores. Por esta medida, en las elecciones de 1964, la oposición obtuvo 32 escaños, lo que representó un 15.3 por ciento de la Cámara.

La ley de 1973 permitió una apertura política controlada. Se estableció el registro condicionado a los partidos, un sistema de prerrogativas y el involucramiento creciente de los ciudadanos en los procesos electorales. Se amplió la participación de partidos políticos minoritarios, creando un sistema mixto de representación proporcional y uninominal (300 de mayoría y 100 plurinominales).

Se ofreció una vía democrática y pacífica a quienes optaban por las armas para lograr cambios políticos en el país y, por primera vez, la izquierda llegó al Congreso; se incorporaron partidos de oposición y se les reconoció como entidades de interés público en la Constitución; se creó la Comisión Federal Electoral (CFE) a fin de organizar los procesos. La crisis electoral de 1988 evidenció la necesidad de pasar a otro nivel en la discusión de las reglas electorales.

Con las reformas de 1979 y 1985 se pasó de cuatro a nueve partidos con registro, representados en los órganos electorales, desde la CFE hasta el último comité distrital, pasando por las comisiones locales.

Se crea la Cláusula de Gobernabilidad

La reforma de 1986 no consideró cambios radicales y estableció un criterio proporcional para integrar los escaños, de manera que el partido gobernante por sí solo tuvo mayoría absoluta en todos ellos. Se crea la cláusula de gobernabilidad, la cual disponía que ningún partido político podía tener más de 350 diputados electos por los principios de mayoría y representación proporcional, para garantizar cuando menos el 30% de las curules a la oposición; sin embargo, si algún partido político obtenía el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional emitida, le sería otorgada constancia de asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, asignándosele también dos diputaciones adicionales de representación.

En 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano imparcial, ciudadano, autónomo, desvinculado del gobierno, para organizar elecciones; también se crea el Tribunal Federal Electoral (TFE) (hoy TEPJF) para mayor certeza jurídica, formalizando también el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe). Se mantuvo la cláusula de gobernabilidad. Se crearon los senadores de primera minoría, implementándose formalmente en la elección federal de 1994, estableciendo que por cada estado y el DF se elegirían dos de mayoría y uno para la primera minoría, asignado al partido que quedara en segundo lugar en votos, buscando una mayor representación proporcional.  

Con la reforma de 1993 se norma por primera vez el financiamiento privado y emiten reglas y restricciones para el financiamiento privado, además de reglas para los gastos en las campañas.

Ciudadanización del IFE

La innovación de 1994 consistió en la autonomía y ciudadanización del IFE con la integración de consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Se creó también una Fiscalía Especial para Delitos Electorales.

La consolidación del IFE llegó en 1996, cuando se consolidó la independencia del IFE y se le da la capacidad de calificar la elección; se profesionaliza la emisión de credenciales. Se crea el Tribunal Electoral (TE), encargado de resolver controversias, separando control y legitimación. Se ampliaron las modalidades y la magnitud del financiamiento a los partidos político

A partir de 2002 se busca la equidad de género en la integración del Congreso y se empieza por establecer cuotas para las mujeres en las candidaturas para asegurar un porcentaje femenino en la composición de las cámaras.

Lo relevante de la reforma de 2005 es la regulación del voto extranjero. Dos años más tarde (2007) se pone énfasis en la equidad en el acceso a los medios. El IFE se convierte en administrador único de tiempos en radio y TV, acabando con el control de los partidos sobre los medios electrónicos; se limita el gasto de campaña y se garantiza el tiempo equitativo en radio y TV para partidos.

Con la reforma de 2014, se crea el Instituto Nacional Electoral (INE) como organismo autónomo, se establecen las candidaturas independientes. El 9 de agosto de 2012 se publicó en el DOF la reforma que posibilitó en México la aplicación de esta figura y el 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que regula su funcionamiento.

Una nueva reforma en 2026

El Congreso se apresta a analizar una nueva reforma electoral en los primeros meses de 2026. La iniciativa, que será presentada formalmente al Congreso a mediados de enero, es de la autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum y como resultado de consultas públicas y la labor de una comisión presidencial abocada al tema.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, explicó que aborda varios puntos clave destinados a modificar la estructura y el financiamiento del sistema electoral, como la reducción del financiamiento público y de candidatos de representación proporcional (plurinominales) en el Congreso.

También se está considerando la viabilidad del voto en urna electrónica, así como regular la obligatoriedad del voto prevista en el artículo 36 constitucional, “pero sin medidas coercitivas para los electores”.

Mencionó otras propuestas como la de reducir entre 100 y 150 plurinominales en la Cámara de Diputados y 36 senadores de lista nacional. Otra, la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de si debe hacerse una elección directa o por insaculación obligatoria.

Otro tema se refiere al sistema de partidos, con la que se definirá si la constitución de un nuevo instituto político se puede realizar cada seis años, como está ahora, o cada tres años, y la de mantener la prohibición de coaligarse para partidos de nueva creación, como el que promueve el diputado Hugo Eric Flores, con las siglas CSP.

También hay propuestas en materia de consulta popular para adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027, el mismo día que la elección federal.

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