Por Mtro. Adolfo Román Montero
Cada proceso electoral deja enseñanzas, pero pocos han sido tan reveladores como los vividos en México entre 2024 y 2025. A la elección presidencial y legislativa del 2024 se sumó un ejercicio inédito: la elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial. Ambos episodios, más allá de filias y fobias partidistas, obligan a una reflexión seria sobre la reforma electoral que hoy se construye y sobre el tipo de democracia que el país quiere construir.
Uno de los primeros temas que ha vuelto al debate público es el papel del Instituto Nacional Electoral. Para algunos, el INE es una institución sobredimensionada, costosa y poco alineada con el nuevo momento político. Para otros —entre quienes me cuento— sigue siendo una de las conquistas más relevantes de la transición democrática.
No es un organismo perfecto, pero ha permitido elecciones competitivas y resultados generalmente aceptados. Por eso, cualquier intento de reforma debería partir de una premisa básica: mejorar su funcionamiento sin poner en riesgo su autonomía ni convertirlo en un órgano subordinado al poder político.
También es cierto que el sistema electoral muestra signos evidentes de desgaste. La organización de procesos simultáneos y extraordinarios ha revelado costos elevados, complejidad operativa y una burocracia difícil de sostener. Modernizar, simplificar y aprovechar mejor la tecnología no solo es deseable, sino necesario.
La experiencia de la elección judicial merece un apartado especial. Elegir jueces mediante el voto popular es atractivo en términos de participación ciudadana, en la práctica plantea desafíos, todos coinciden que la independencia judicial sigue siendo un valor que debe protegerse.
Otro punto sensible es la representación política. La discusión sobre reducir o modificar los mecanismos de representación proporcional no es menor. Se trata, en el fondo, de decidir el sistema electoral que necesitamos y requerimos como mexicanos.
Todo esto nos conduce a la pregunta central: ¿la reforma electoral que se plantea fortalecerá la democracia? Existen posturas a favor y en contra, hay quienes insisten en que los cambios ampliarán la participación y corregirán excesos del pasado, hay quienes sostienen otra postura, ambas respetables y valiosas, lo importante es llegar a acuerdos que sumen para que México sea un país que le pueda otorgar a sus ciudadanos una vida de calidad.
Finalmente, hay un aspecto que no debería pasarse por alto: el método. Una reforma electoral legítima no puede construirse solo en el Congreso ni a partir de cálculos coyunturales. Requiere diálogo con especialistas, universidades, institutos, organizaciones civiles y ciudadanía informada.
Las reglas del juego democrático no solo deben ser legales sino que además deben ser creíbles, deben estar bien establecidas desde un inicio, para que haya imparcialidad y el mismo piso parejo para todos los contendientes, quienes seguramente ya se están preparando para las próximas elecciones, en aras de conquistar el voto de los ciudadanos, esperemos que la ciudadanía sea participativa, pues de ella depende la elección de los mejores perfiles, sin duda, los únicos beneficiados o perjudicados si se participa o no, seremos nosotros y nuestras familias.
Cada elección vivida en nuestro país, México, ha dejado experiencias y lecciones claras. Ignorarlas sería un error. En juego no está una reforma más, sino la forma en que México organizará su vida democrática en los años por venir.