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Gentrificación, un nuevo impacto a la vivienda


Aída Espinosa Torres

El derecho a la vivienda es un problema profundo y de vital importancia para los habitantes de cualquier lugar del mundo. En México, los conflictos por este tema son históricos y complejos. Uno de ellos es el acceso. Cada día se vuelve más complicado comprar o rentar un inmueble, así como la incapacidad de las personas para acceder a un financiamiento privado o público para la compra. En contraste, hay abandono de viviendas debido a que se construyeron en lugares inadecuados con falta de servicios y alejadas de los centros de trabajo.

La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 reporta un total de 8.2 millones de viviendas requeridas; así como 3.1 millones de viviendas que reportaron dificultades económicas para solventar los pagos relacionados con la vivienda (crédito de vivienda o problemas con el pago de renta). Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente los principales factores para que una familia no pueda adquirir una vivienda es el alto costo y los bajos ingresos.

Por otro lado, el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) refiere que existe una paradoja en el sector de la vivienda: por un lado, hay 650 mil casas abandonadas y, por el otro, un déficit de viviendas nuevas.

Cuestiones estructurales como la humedad o filtraciones de agua, las grietas y cuarteaduras, se presentan como los mayores problemas de la vivienda en México. Las entidades que reportan mayor frecuencia en este tipo de situaciones son Tabasco, Yucatán, Campeche y Chiapas, reporta la ENVI 2020.

Desplazamiento, despojo y exclusión

Aunado a lo anterior, el fenómeno de la gentrificación es evidente ya en muchas partes del mundo y la Ciudad de México no es la excepción. Consiste en la transformación de los barrios populares o degradados por la llegada de nuevos residentes de mayor nivel socioeconómico y cultural, que provocan el aumento de los precios de la vivienda y el desplazamiento de los habitantes originales.

Hay quienes defienden este suceso y lo explican como la forma de revitalizar y modernizar las ciudades, mejorar su imagen, atraer inversiones, generar empleos y ofrecer más opciones de ocio y cultura. Para quienes viven ahí desde que nacieron es todo lo contrario: una forma de segregación y exclusión social que destruye la identidad, la diversidad y la memoria de los barrios, viola el derecho a la vivienda y a la ciudad y genera conflictos.

En la Ciudad de México, colonias como la Condesa, la Roma, Polanco, Xoco, Tacubaya o la Merced son algunas zonas que están resintiendo esta invasión, a pesar de que estos barrios han atraído a extranjeros, artistas, profesionistas, estudiantes o trabajadores remotos. Lo que es una realidad es que entre los efectos de la gentrificación están el aumento de los precios de la vivienda, el alquiler y los servicios básicos, la pérdida de la diversidad social y cultural, la exclusión y la marginación de los sectores populares, la privatización y la homogeneización del espacio público, la especulación inmobiliaria, el deterioro ambiental y la resistencia vecinal. Ante todo, esto miles de capitalinos han tenido que abandonar el lugar donde han vivido desde su nacimiento, debido al alto costo de las rentas.

Consecuencias latentes

De acuerdo con el portal Inmobiliare, durante 2023, debido a la gentrificación, colonias de la Ciudad de México como la Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo, Juárez, Cuauhtémoc, San Pedro de los Pinos y Escandón tuvieron un aumento de hasta 118 por ciento en los precios de renta de vivienda en comparación con el precio promedio de su colonia o alcaldía.

Iniciativas desde el Legislativo 

Ante esta problemática, diputados locales y federales han presentado iniciativas para regular, frenar o mitigar la gentrificación. Se presentó una iniciativa para reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de garantizar el derecho al suelo y a la vivienda adecuada para toda la ciudadanía. La propuesta busca normar y concretar proyectos a favor del uso racional del suelo, promover la dignidad humana, combatir la pobreza, fomentar la participación ciudadana, proteger el medio ambiente y construir comunidades resilientes.

En noviembre de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa del Ejecutivo federal que reforma las leyes del Infonavit y Fovissste, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para los trabajadores. La iniciativa busca que los trabajadores puedan elegir la vivienda o el suelo que prefieran, recibir información suficiente sobre las condiciones del crédito y recibirlo directamente y sin intermediarios.

En septiembre de 2021, se dio a conocer una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda, a fin de establecer el derecho a adquirir una vivienda adecuada, que cumpla con los requisitos de habitabilidad, accesibilidad, seguridad, calidad, sostenibilidad y asequibilidad. La iniciativa propone crear un sistema nacional de información sobre la vivienda, un fondo nacional de vivienda social y un programa nacional de vivienda adecuada.

El 19 de diciembre de 2022, se conoció de una iniciativa que pretende reformar ordenamientos legales para que los trabajadores independientes tengan acceso a la vivienda.

Se trata de reformar tres leyes; se adiciona un tercero párrafo a la fracción XIV del artículo 251 de la Ley del Seguro Social; se reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona un artículo 59 Bis a la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. El IMSS cuenta con un régimen de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de seguridad social, lo que permite a las personas asegurarse conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, sin embargo, no son derechohabientes del Infonavit.

Se pretende brindar mayor protección a las personas trabajadoras independientes o que lo hacen por cuenta propia, en consonancia con los avances legislativos en la materia. Estas reformas entraron en vigor el 1 de enero de 2024.

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