Por Aída Espinosa Torres
El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó su nuevo libro: Hacia una Ley de Inteligencia Artificial en México: análisis y propuestas, en el que destaca la urgencia de comprender, orientar y regular esta herramienta digital de vanguardia.
Como parte del contenido de esta obra, el también doctor en Derecho resalta la necesidad de legislar respecto del uso responsable de la inteligencia artificial (IA), calificándola como una fuerza transformadora y estratégica para el Estado
Subraya que, ante el carácter indispensable de este soporte tecnológico en la comunicación política, México debe transitar hacia una alfabetización digital y una regulación con visión de futuro.
Por eso, sugiere, es importante que todos sepamos inteligencia artificial. “Caminemos juntos en esta nueva etapa, aprendiendo y aprovechando lo mejor de la tecnología para fortalecer nuestra comunicación”. Aquí presentamos un resumen de los principales temas del libro del diputado Monreal Ávila, Hacia una inteligencia artificial en México: análisis y propuestas
El documento aborda la necesidad de una ley de inteligencia artificial en México, que abarque el impacto, desafíos éticos y un marco regulatorio que equilibre la innovación con la soberanía tecnológica.
El texto aporta una perspectiva histórica de la IA, definida como la capacidad de las máquinas para aprender y resolver problemas en contextos cambiantes. El término fue acuñado en 1955 por John McCarthy a fin de referirse a sistemas con comportamiento inteligente.
Por su parte, la Organización Internacional de Normalización (ISO) la describe como los sistemas que generan resultados basados en objetivos humanos mediante algoritmos y aprendizaje automático. Así, ha pasado de ser una herramienta de análisis a una capacidad de creación conocida como IA generativa
A diferencia de la vertiente tradicional, la IA generativa se centra en la producción de contenido original (textos, imágenes y otros formatos) de manera autónoma. Pese a su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos, entre ellos, los sesgos algorítmicos y la propagación de desinformación.
La inteligencia artificial impulsa la eficiencia en múltiples sectores: energía, agricultura, finanzas, salud. Optimiza decisiones, reduce costos y mejora la asignación de recursos. Gracias a sus capacidades de pronóstico, ofrece mayor precisión en áreas como la banca y la logística. El aprendizaje automático, pieza clave de la IA, detecta patrones en grandes volúmenes de datos y potencia el rendimiento de
El texto apunta que la implementación de la inteligencia artificial ofrece eficiencia y reducción de costos, pero también plantea riesgos en privacidad, seguridad y concentración de poder. Por ello, es necesaria una regulación adecuada y diálogo constante entre legisladores y sociedad. En el ámbito electoral, la IA puede fomentar desinformación y contenido falso, lo que preocupa debido a su posible influencia en la opinión pública, aunque las autoridades ya trabajan en mecanismos de detección y control.

En el mundo laboral, transforma la gestión de recursos humanos y la atención al cliente, con potencial de automatizar hasta 70% de tareas repetitivas, aumentar la productividad entre 30% y 45%, así como automatizar cerca del 50% de las actividades actuales hacia mediados de siglo.
Los organismos internacionales coinciden en que la inteligencia artificial debe desarrollarse de forma ética y responsable, con énfasis en derechos humanos y sostenibilidad. La OCDE y el G7 marcan estándares globales. El G20 subraya su papel en el crecimiento económico, la UNESCO prioriza la ética y la diversidad cultural. La ONU impulsa la cooperación para su gobernanza. La regulación mundial busca proteger la soberanía digital, la seguridad nacional y los derechos humanos, sin sesgos, discriminación ni abusos. La privacidad y el resguardo de datos se reconocen como pilares fundamentales en este proceso.
La iniciativa establece un marco jurídico para regular la inteligencia artificial en México, bajo un enfoque flexible que evite la duplicidad de normas. Esta ley general se articula con la legislación vigente a fin de prevenir reglamentaciones paralelas; incluye una cláusula de revisión ante el eventual surgimiento de una inteligencia artificial General (AGI).
El proyecto prioriza el bienestar social y la supervisión humana de los sistemas tecnológicos. Al respecto, el Congreso de la Unión asume la responsabilidad de legislar en la materia, lo que requiere reformas a la Constitución para validar su competencia. Mientras tanto, se propone modificar el artículo 73 de la Constitución para integrar la IA como facultad legislativa federal. Finalmente, esta regulación se clasifica como una actividad estratégica del Estado, equiparable a sectores de la energía o la seguridad nacional.
La ausencia de una disposición específica en la Constitución limita la facultad del Congreso para legislar sobre inteligencia artificial. El artículo 73 no contempla esta materia, lo que obstaculiza la creación de un marco regulatorio adecuado. Se sostiene que debe respetar el principio de legalidad al emitir normativas en este ámbito. Por ello, se plantea reformar el artículo 28, también de la Constitución, con el propósito de reconocer la soberanía tecnológica en torno a la IA.
Se propone una Ley General en Materia de inteligencia artificial (LGIA) que regule de manera integral esta tecnología en México. Permitirá la coordinación entre los niveles de gobierno e incluirá principios rectores que guiarán su regulación y evitarán duplicidades.
Se revisan las iniciativas de reforma constitucional en la LXV Legislatura en relación con la inteligencia artificial. Varias de ellas pretenden incluir este tema en el artículo 73 de la Constitución. Se propone un enfoque más integral que combine la creación de una Ley General y la soberanía tecnológica. Las iniciativas se inspiran en modelos internacionales, como la Ley de inteligencia artificial de la UE.
La Ley General en Materia de inteligencia artificial (LGIA) debe definir con precisión su alcance y objetivos. Su aplicación será de observancia nacional, vinculando a todos los actores involucrados en el sector. Los fines prioritarios son salvaguardar derechos humanos, fomentar la innovación y garantizar la soberanía tecnológica. Para ello, resulta indispensable una redacción técnica clara que facilite interpretación y ejecución jurídica.
El marco normativo se fundamenta en la instrumentación de la tecnología, la equidad algorítmica y el respeto a las garantías individuales. Adoptar un enfoque basado en principios otorga la flexibilidad necesaria para ajustarse al acelerado dinamismo del sector, lo que asegura que el desarrollo de la IA genere beneficios sociales y minimice el impacto ambiental.

Para evitar la obsolescencia legislativa, la LGIA integra cláusulas de revisión periódica. Se propone una evaluación integral cada cinco años, además de una disposición especial que activaría una reforma inmediata ante el surgimiento de la inteligencia artificial General (AGI). Estos instrumentos garantizan que la normativa permanezca vigente y efectiva frente a las transformaciones del entorno tecnológico.
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación será la autoridad competente para regular la inteligencia artificial en México. Se le atribuirán funciones de fomento a la investigación y establecerá criterios éticos en IA. Colaborará con instituciones académicas y el sector privado para impulsar la innovación.
Se establecerán disposiciones que regulen la entrada en vigor de la nueva normativa. El decreto surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, se facultaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes presupuestales necesarios que permitan la puesta en marcha de la legislación, garantizando así una transición institucional ordenada y eficaz.
La puesta en práctica de la LGIA se basa en un plan estratégico que define acciones y plazos específicos. Para ello, se contempla un desarrollo coordinado entre la reforma constitucional y la creación de la ley secundaria.
El proceso seguirá un cronograma con hitos de ejecución a los 6, 12 y 24 meses, asegurando un despliegue progresivo. Además, se convocarán foros de Parlamento Abierto con el fin de integrar la retroalimentación de la sociedad civil, la academia y los sectores productivos en la consolidación del marco regulatorio.
Se establecerán disposiciones transitorias en la aplicación de la nueva normativa en materia de inteligencia artificial. Comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el DOF. La Secretaría de Hacienda realizará los ajustes necesarios para su puesta en marcha. El objetivo es garantizar una transición ordenada hacia el nuevo marco regulatorio.
Se establece un plan estratégico para la regulación de la inteligencia artificial en México, con acciones y plazos definidos en su implementación. La reforma constitucional y la Ley General en Materia de inteligencia artificial (LGIA) se desarrollarán de manera coordinada.
Se contempla un cronograma de 6, 12 y 24 meses para asegurar la correcta implementación. Habrá foros de Parlamento Abierto para incluir la retroalimentación de la sociedad civil y diversos actores
Durante el primer semestre iniciará el proceso de reforma constitucional mediante la organización de parlamentos abiertos. Se conformarán mesas de trabajo integradas con especialistas en derecho y tecnología a fin de redactar las modificaciones a los artículos 28 y 73 de la CPEUM. Para el desarrollo de estas asesorías y encuentros, se estima un presupuesto inicial de entre 2 y 10 millones de pesos, lo que permitirá integrar las propuestas de la sociedad civil y la academia.
Al cumplirse el primer año, se avanzará en la creación de la LGIA a través de una consulta pública que incluya audiencias presenciales y virtuales. El documento final integrará lineamientos éticos y técnicos de vanguardia. Para la elaboración de este borrador y la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana se prevé una partida presupuestal de entre 20 y 40 millones de pesos.
Hacia el final del segundo año, el objetivo es la publicación oficial y entrada en vigor de la normativa. Tras su emisión en el Diario Oficial de la Federación, se establecerán los lineamientos operativos para su aplicación y se ejecutarán programas de capacitación destinados a servidores públicos y actores estratégicos. La implementación definitiva y las tareas de monitoreo requerirán una inversión estimada de entre 300 y 600 millones de pesos.
Se enfatiza la necesidad de una regulación integral y sostenible de la inteligencia artificial en México. La regulación debe ser dinámica y multidisciplinaria, promoviendo la innovación y el respeto a los derechos humanos.
Se deben instaurar mecanismos de revisión periódica a fin de adaptarse a los cambios tecnológicos. Legisladores, tecnólogos y sociedad civil podrán colaborar en la creación de un ecosistema innovador y competitivo.
