Aída Espinosa Torres
En noviembre de 2020, la Cámara de Diputados dio un paso significativo al aprobar la reforma constitucional a los artículos 4° y 73°, reconociendo el derecho al cuidado digno y estableciendo la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad en esta tarea.
Con ello, el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados bajo el principio de corresponsabilidad, incorporando sus dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas.
La Constitución establece que las personas que requieren cuidados, ya sea por enfermedad, discapacidad, adolescencia o edad avanzada, así como quienes realizan labores de cuidado sin recibir remuneración, tendrán prioridad dentro del Sistema Nacional de Cuidados.
El estudio ¿Quién cuida a quien nos cuida cuando nos enfermamos en México? (Universidad de Chiapas, 2024) subraya que el Sistema Nacional de Cuidados reconoce a las personas cuidadoras no profesionales como sujetos de derechos, con acceso a la vida económica, política y social más allá del ámbito doméstico.
La propuesta busca empoderarlas mediante el reconocimiento social de su labor, la formalización de acuerdos, beneficios de seguridad social, programas de capacitación y certificación, así como actividades de autocuidado para fortalecer su salud mental y emocional.
Pese al avance legislativo, la implementación efectiva del sistema sigue siendo un reto. Expertos lo consideran una propuesta en evolución, aunque actores políticos y defensores mantienen la expectativa de que este derecho, ya consagrado en la Constitución, se traduzca en políticas públicas sólidas y resultados tangibles. Entre los puntos clave destaca la oportunidad de generar empleo y promover trabajos de cuidado más sostenibles.
La propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados es necesaria para reconocer, redistribuir y reducir la carga del trabajo de cuidado para las familias, particularmente, las mujeres, al tiempo que garantiza la existencia de políticas públicas en la medida en que México busca transformar la noción del cuidado como una función de protección social y no de la esfera privada y doméstica.
La Encuesta de Cuidados y Covid-19 en Hogares Mexicanos en Cuarentena reveló que 97 % de los hogares (591) contaban con al menos un cuidador informal, mientras que 61 % (374) registraron la presencia de algún integrante con una enfermedad crónica.
Asimismo, en los hogares donde vivía al menos una persona con discapacidad o enfermedad crónica, la mayoría de las personas encuestadas declaró no tener empleo.
Estos resultados muestran cómo la emergencia sanitaria por la Covid-19 trasladó gran parte de la carga de atención a los hogares, en buena medida por el cierre de servicios de salud no esenciales y la necesidad de proteger de la exposición a los grupos más vulnerables, particularmente quienes padecen enfermedades crónicas.
De acuerdo con Carlos Galián en el estudio Los sistemas de cuidado y apoyo en América Latina de 2023, aun sin considerar el impacto de la pandemia de Covid-19, en México el tiempo destinado al cuidado de personas mayores y/o con enfermedades crónicas o discapacidades se incrementó de 13 a 35 % en las horas dedicadas a estas labores.
En un estudio del Banco Mundial, se reportó que este aumento en la carga de cuidados se refleja también en los niveles de empleo. Las tasas medias de desempleo entre mujeres con miembros del hogar que padecen enfermedades crónicas y/o discapacidades alcanzan 62 %, frente a 42 % en aquellas sin esta condición. En el caso de los hombres, las cifras difieren en 36 % frente a 15 %, respectivamente.
Si bien no está claro cuántos de los encuestados se encontraban desempleados antes de la emergencia sanitaria, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que, entre 2018 y 2020, la población en situación de pobreza en México pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, mientras que quienes viven en pobreza extrema aumentaron de 8.7 a 10.8 millones.
El aumento de la pobreza estuvo acompañado de un incremento en la participación laboral informal, la cual no garantiza ingresos ni acceso a la seguridad social; además, en 2020, 52 % de la población experimentó algún tipo de carencia social por falta de acceso a la seguridad social.
Coincidiendo con los datos de la encuesta de hogares y el estudio del Banco Mundial, las estimaciones de pobreza y carencias sociales del Coneval hacen evidente la necesidad de contar con protecciones sociales adicionales para aislar mejor a los hogares en tiempos de emergencia, así como la “crisis del cuidado” que ya tenemos y se acrecentó con la reciente pandemia, generando que tal demanda sea aún más urgente.
“El cuidado no sólo es una obligación familiar, es un servicio a la sociedad, sin las personas cuidadoras colapsaría nuestro sistema de salud, educación y bienestar”, advirtió la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), el pasado 8 de diciembre, durante el Primer encuentro nacional de personas cuidadoras, realizado en la Cámara de Diputados. El foro tuvo como objetivo escuchar de primera mano testimonios de personas cuidadoras y sistematizar sus propuestas para emprender acciones con miras a dignificar esta labor en México.
Es necesario sistematizar acciones para dignificar el cuidado en México y conocer testimonios de aquellas personas, en su mayoría mujeres, que dedican sus días y noches a cuidar a sus familiares sin recibir retribución, sin un salario que reconozca su labor.
Son historias de mujeres que se ven obligadas a dejar sus trabajos para atender a sus padres, ancianos postrados en su cama por una enfermedad crónica, contando cada peso para comprar pañales y medicinas, afirmó en su intervención.
“Estamos aquí para escuchar sus voces, porque si no los escuchamos cómo pretendemos legislar con justicia, cómo se pueden crear políticas públicas que dimensionen el trabajo de cuidados como un derecho”, subrayó la legisladora.
El reconocimiento jurídico de las personas cuidadoras se debe de traducir en subsidios, en programas sociales, en capacitación, en instituciones especializadas, apoyos a las familias, licencias pagadas para el cuidado de dependientes, más guarderías, entre otros beneficios que es necesario incluir en la legislación.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) se refirió a la importancia de garantizar el derecho a las personas que necesitan el cuidado y cuidar a quienes las cuidan, además de trabajar en la salud mental.
“Necesitamos generar más espacios de diálogo para lograr que el cuidado de los cuidadores se haga realidad y que tengan derecho al trabajo, a la educación, libertad de descanso y diversión”, expresó.
Durante su participación, Catalina Monreal Pérez, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja en la creación de cooperativas de personas cuidadoras con el propósito de generar ingresos.
Subrayó que el cuidado de personas adultas mayores y de personas con discapacidad debe convertirse en prioridad de las políticas públicas. Precisó que uno de los objetivos del instituto es impulsar cooperativas que permitan a madres y cuidadores permanecer en sus hogares y, al mismo tiempo, obtener ingresos.
En este sentido, enfatizó que el Sistema Nacional de Cuidados debe consolidarse como la política pública que ofrezca alternativas viables para hacer posible su implementación.
Durante el encuentro, Javier Quijano Orvañanos, presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), señaló que el trabajo de cuidados recae de manera desproporcionada en mujeres, lo que limita sus oportunidades laborales y sociales.
Ana Heatley, Oficial Nacional de Género de la OIT, México y Cuba, indicó que el diálogo social es fundamental para identificar soluciones concretas a necesidades específicas que permitan avanzar en la creación de un sistema que no solo se base en la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el mercado laboral, sino que también establezca un marco de igualdad y no discriminación para todas las personas involucradas, en particular de aquellas con discapacidad.
Resaltó que un sistema de cuidados debe tener un enfoque claro en los compromisos internacionales que nos vinculan, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven la igualdad de género, el trabajo decente y el bienestar de las personas.
En sus consideraciones finales el estudio de la Universidad de Chipas ¿Quién cuida a quien nos cuida cuando nos enfermamos en México?, los autores: Rosario García Miranda, César A. Irecta Nájera y Héctor Ochoa Díaz-López concluyen que la crisis del cuidado exige atención urgente.
Señalan que la implementación de las políticas públicas ha sido insuficiente al ignorar el cuidado como función de protección social integral. La propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados en México es necesaria para reconocer, redistribuir, y reducir la carga del trabajo de cuidados para las familias y, en particular, para las mujeres.
