La venta de niñas no cesa

Hace tres años se aprobó la reforma que prohíbe el matrimonio infantil. En el Código Civil Federal quedó establecido como requisito para casarse que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad, 18 años.

Sin embargo, persiste el matrimonio infantil forzado, principalmente en comunidades indígenas bajo el pretexto de los “usos y costumbres”, aunque desde la perspectiva legal es violación de derechos humanos.

No cesa la venta de niñas a cambio de dinero o mercancías, o animales como una vaca, guajolotes, cartones de cerveza. Las niñas son entregadas, en la mayoría de los casos, a hombres mayores.

El matrimonio infantil forzado esconde otros rostros: la trata de personas y esclavitud infantil. Las niñas-esposas se convierten en niñas-esclavas, porque son explotadas, de sol a sol, por la familia política que las compró. Son mercancía adquirida.

El matrimonio infantil resulta de una arraigada desigualdad de género. Afecta a las niñas; las despoja de su infancia; su salud y vida son expuestas (Unicef).

Las niñas de las regiones pobres de México están más expuestas al matrimonio infantil forzado. Especialmente en comunidades de Guerrero, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Los Censos de Población y Vivienda de 2010 y 2020 (Inegi) permiten verificar que el matrimonio infantil persiste. La cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena duplica a la nacional. Doce frente a seis por cada mil niñas.

México ocupa a nivel mundial los primeros lugares en violaciones de derechos humanos de niñas y niños. Tiene primeros sitios en abuso sexual infantil y producción de pornografía infantil. No se queda atrás en matrimonio infantil, ranking donde ostenta el octavo sitio internacional.

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, cita que los 20 países con mayor número absoluto de matrimonios infantiles son: India, Bangladesh, Nigeria, Etiopía, Brasil, Pakistán, Indonesia, México, Congo, Filipinas, Tanzania, Mozambique, Níger, Uganda, Egipto, Sudán, Nepal, Kenia, Tailandia y Afganistán.

Niñas-esclavas

Igual que una gota de agua cuenta sobre el océano, la historia de una niña habla de la esclavitud infantil.
Se llama Angélica, niña indígena de la Montaña de Guerrero. Recientemente su caso estremeció conciencias.

Desde la más tierna infancia aprendió a cargar leña sobre su espalda y llevarla a su casa para prender el fogón. A los 7 años, junto a sus padres, conoció los campos agrícolas de San Luis Potosí y Guanajuato. Bajo el sol trabajó en la recolección. Cargaba cubetas con jitomate y arpillas de chile.
Nunca concluía un ciclo escolar en su comunidad de la Montaña. Era más urgente buscar el sustento en otras entidades que ir a la escuela en Cochoapa el Grande.

A los 11 años, su padre la entregó en matrimonio a cambio de 120 mil pesos. Cuando la dejó en casa de los suegros miró por primera vez a quien sería su esposo, también menor de edad.

Desde el primer sufrió malos tratos; se convirtió en la criada de aquella familia. Su suegro la obligó a trabajar con ellos en los campos agrícolas de San Luis Potosí y Guanajuato, porque tenía que reponer parte de los 120 mil pesos que fueron pagados por ella. Los suegros la golpeaban si no cumplía las tareas que le ordenaban. Le regateaban la comida, a pesar de que ella misma la preparaba.

Cuando Angélica cumplió 15 años, su esposo migró a los Estados Unidos a trabajar. Su vida empeoró. El suegro la acosaba pretextando que le pertenecía porque pagó por ella.

Tal violencia la obligó a huir. Las autoridades de la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, en lugar de apoyarla y protegerla, la encarcelaron once días junto con sus hermanitas y abuelita, quienes habían intentado auxiliarla.

Esta historia logró repercusión nacional. Ocupó páginas de medios de comunicación internacionales. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la apoyó. Solamente así, Angélica, sus hermanitas y abuelita recuperaron la libertad.

Sin embargo, no cesa la violencia contra Angélica. La comunidad la rechaza.  Incluso machetearon la puerta de su humilde hogar.

Niñas sin derechos

Para el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, no basta que las leyes prohíban el matrimonio infantil. Urge atención directa de las instituciones. No hay derechos económicos, sociales y culturales para las niñas indígenas.
Distinciones nacionales e internacionales (como el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy) reconocen la solidaridad y entrega de Abel Barrera, quien reflexionó: En las comunidades reina la desigualdad estructural que cultiva el matrimonio infantil forzado. Urge que autoridades de los tres poderes brinden atención directa.

Cuando los hay, los programas se concentran en la cabecera municipal y las comunidades quedan relegadas. Por eso carecen de escuelas; de centros recreativos; de trabajos remunerados; de alimentación. No hay derechos económicos, sociales y culturales. Sí hay ausencia, falta de respuestas de las instituciones.

Subrayó que los programas destinados a las comunidades deben tener perspectiva de género. Solamente así cambiarán las estructuras sociales.

Las familias en condiciones precarias prefieren que sean los varones los que estudien, no las mujeres. La mayoría de las niñas no concluyen ni la secundaria. Carecen de oportunidades para realizar sus sueños: estudiar y tener una vida sin violencia.

Desde la infancia realizan tareas y roles que las empujan a un destino: el matrimonio infantil forzado, sinónimo de esclavitud porque quedan en absoluta vulnerabilidad, esclavizadas en tareas domésticas y agrícolas; violentadas.

Lo más fácil es culpar a los padres que acuerdan los matrimonios infantiles forzados. Pero la culpa es del Estado que no cumple con su responsabilidad de proteger a las mujeres y niñas. Las comunidades indígenas evidencian un mal mayor: el Estado patriarcal, concluyó .

Acabar con el machismo

Urge enfrentar, desde la raíz, la causa de la violencia contra las niñas. Es preciso encontrar soluciones rápidas, efectivas y de visión de futuro para acabar con el arraigo machista.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó que la Secretaría de Educación Pública incluya en sus planes de estudio el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.

El dictamen adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Busca que la educación contenga perspectiva de género e incluya, como ejes transversales, la prevención, integración y desarrollo social, así como el logro de la igualdad.

La educación es factor determinante para cambiar los estereotipos y roles que social y culturalmente han sido otorgados a las niñas. Los planes de estudio deben dejar claro cuál es el papel de la mujer en la sociedad.

Compromisos internacionales

México se ha comprometido con la Agenda Política 2030. Tiene que cumplir ciertas metas, como la 5.3, que establece: eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.
También México es firmante de diversos tratados internacionales de derechos humanos. Compromisos que debe reflejar en sus leyes. Tiene que establecer mejores herramientas jurídicas para acabar con vacíos legales y erradicar el matrimonio infantil.

Por ello, diputadas y diputados han presentado iniciativas para acabar con el matrimonio infantil, como las dos siguientes:

*Iniciativa de reforma a la fracción II del Apartado A del artículo 2º de la Constitución, para quedar como sigue: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:….Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Queda prohibido el matrimonio de niñas, niños y adolescentes. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes”.

*Iniciativa de reforma al Código Penal Federal, que adiciona el Capítulo IX “Del Matrimonio Forzado de Menores”, en materia de derechos humanos a una vida libre de violencia, para quedar como sigue:

Artículo 209 Quáter. El matrimonio forzado de menores se sancionará con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientos Unidades de Medida y Actualización (UMA). Se le impondrá la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la comisión del delito.

Artículo 209 Quinter. Comete el delito de matrimonio forzado de menores:

I. Toda persona que mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita o amenazas de actuar de ese modo, obligue a una menor de edad a contraer matrimonio.

II. Toda persona que abuse de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima y la entrega de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la menor.

III. El que ejerza la patria potestad, guarda y custodia, tutela, adopción, curatela, y utilice su influencia, amenace o engañe para forzarle a casarse sin su consentimiento.

IV. El que, ejerciendo la patria potestad, guarda y custodia, tutela, adopción, curatela, solicite monto económico o bienes, ello con la finalidad de influir y convencer a la menor de edad para efectuar dicho matrimonio.

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