Avanza la “Ley 3 de 3 contra la violencia”

Las diputadas integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva (que representan a los siete Grupos Parlamentarios) informaron que a fines de este mes la  Comisión de Puntos Constitucionales aprobará la llamada “ley 3 de 3”, para que después pase al Pleno de la Cámara de Diputados y, finalmente, sea avalada.

El objetivo de la “ley 3 de 3” es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.
De aprobarse, sería parte de las normativas que habrán de regir en el próximo proceso electoral 2023-2024, pues deberán ser vigentes noventa días antes del inicio del tiempo que antecede a las elecciones.

Especialmente, la “ley 3 de 3” se convertiría en un parteaguas porque robustecería la ética en la política, pues cerraría las puertas a deudores que violentan el Principio Superior de la Niñez, a agresores sexuales y familiares.

Cabe mencionar que la “ley 3 de 3” ya se aplica en varias entidades del país, con algunas variaciones. Su origen son lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE). Se reconoce que la normatividad aprobada por el Congreso de Yucatán es una de las más avanzadas.
Entre otros puntos, esta iniciativa reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución a fin de suspender los derechos políticos de aquellas personas deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares.

Es una modificación transversal que aborda los órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Así, en ninguno de los tres órdenes de gobierno podrá estar un agresor o deudor alimenticio.

Es decir, se mandará a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, de ética en el servicio público, cambiando los estándares en la responsabilidad pública e institucional.

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