México es uno de los países más afectados por la ciberdelincuencia. La pandemia aceleró el uso de plataformas digitales en todas las actividades. Un día sí y otro también se disparan los ciberdelitos. Sin embargo, no tenemos una ley específica. El Código Penal Federal solo contiene un título dedicado a la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos; estas disposiciones son limitadas y dejan lagunas, lo que dificulta la lucha contra el cibercrimen.
Entre los retos del Segundo Año de la LXV Legislatura está la creación del marco jurídico para garantizar en México la ciberseguridad. Pero primero debe modificarse la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de ciberdelincuencia.
Durante el Primer Año Legislativo se han presentado iniciativas con este objetivo. Una con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII Ter al artículo 73 constitucional. Establecería: El Congreso tiene facultad para expedir las normas de carácter general en materia de ciberdelincuencia y cibercrimen, con los mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y el diseño de una estrategia nacional de inteligencia cibernética y policial.
Hay que destacar que la regulación del mundo virtual no afectará el derecho a la libertad de expresión de las y los usuarios. El objetivo es garantizar la certeza jurídica en el uso de las plataformas digitales.
Actualmente la tecnología digital es vital. La emergencia sanitaria la potenció. Somos una sociedad interconectada. Gobierno, empresas, jóvenes, niñas y niños intercambian datos de toda índole en las redes sociales. Sin embargo, no hay mecanismos jurídicos de control. Y han aumentado los ciberataques.
Las principales amenazas a la población en Internet son: la vulneración de la seguridad de la información, el robo de datos, fraudes, ciberacoso, suplantación de identidad, el acceso lógico no autorizado, infecciones por códigos maliciosos, pornografía infantil, espionaje en Internet, vaciado de cuentas bancarias, ciberbullying, extorsiones a empresas (por ejemplo, el secuestro de la contabilidad) trata de personas y a la seguridad nacional.
La Cámara de Diputados ha organizado foros para prevenir y evitar el hackeo de plataformas de mensajería en materia de ciberseguridad.
Ha participado el general Arturo Medina Mayoral, titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, quien exhortó a la ciudadanía a denunciar los ilícitos. La institución brinda asesoría a las posibles víctimas, a través del número 088.
Destacó que la Guardia Nacional salvaguarda el acceso al Internet seguro, consciente y participativo, no pasivo, mediante la detección de posibles abusos, la previsión de potenciales riesgos a la información, además de coadyuvar en la investigación del delito.
Resaltó la importancia de buscar la orientación científica necesaria para resolver una problemática como la usurpación de identidad, a través de la aplicación de WhatsApp, alternativa digital que por más de un lustro ha simbolizado libertad de comunicación y seguridad de los contenidos, algo que hoy se ha vuelto utópico en redes sociales.
Alertó: WhatsApp recibe y almacena volúmenes enormes de datos de información cuya descarga y análisis ayuda a perfilar nuestra personalidad con exactitud. Eso lo hace apetecible para robo, odio, fraude, publicidad abusiva, adoctrinamiento.
Por su parte, el primer subinspector de la Guardia Nacional, Víctor Agustín Jiménez Juárez, reiteró que el número 088 está a disposición de la ciudadanía para recibir atención inmediata, garantizar la integridad de la información, a través de los protocolos internacionales y de los propios mecanismos generados en el área Forense Digital de la Guardia Nacional, asegurando el debido proceso.