Iván Rodríguez Castro
La Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen que crea la Ley General de Aguas y modifica diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, durante una sesión que se extendió por más de 24 horas y reunió a más de 220 oradores. El proyecto fue enviado al Senado de la República para su análisis. En lo particular, los artículos no reservados se aprobaron por 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.
Durante la sesión se aceptó el paquete de reservas presentado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, el cual incluyó 18 nuevas reservas, que concentran los 50 cambios presentados por agricultores de 22 estados. La discusión para crear una nueva Ley General de Aguas se convirtió, entre octubre y diciembre de 2025, en uno de los procesos legislativos más tensos del año. La iniciativa, impulsada por el gobierno federal y operada políticamente por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, generó protestas, ajustes de última hora y negociaciones intensas con productores del campo.
A continuación, la cronología de los hechos que definieron el curso de la reforma.
A inicios de octubre, el Gobierno presenta ante la Cámara de Diputados el proyecto para expedir una nueva Ley General de Aguas, acompañado de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El documento plantea endurecer sanciones por uso irregular del agua, ampliar la capacidad regulatoria del Estado y prohibir la transmisión de concesiones entre particulares, uno de los puntos más controvertidos.
Una vez difundido el contenido de la iniciativa, organizaciones agrícolas, especialistas y distritos de riego alertan sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos de usuarios históricos. El anuncio de penas más severas e incluso cárcel por prácticas indebidas genera preocupación, especialmente en regiones agrícolas que dependen de concesiones heredadas.
Las objeciones escalan rápidamente. En varios estados del norte y noroeste comienzan bloqueos carreteros, asambleas ejidales y manifestaciones. Productores denuncian que la prohibición de heredar o vender concesiones vulnera el patrimonio de miles de familias rurales y acusan un intento de centralizar el control del agua en el gobierno federal .
En respuesta a la inconformidad, Ricardo Monreal reconoce públicamente que varias críticas del sector agrícola “tienen razón” y anuncia que la iniciativa será modificada. Confirma mesas de diálogo con representantes rurales y especialistas para revisar los puntos más conflictivos.
Tras encuentros con líderes de riego, organizaciones productoras y el director de Conagua, Efraín Morales, legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos comienzan a trabajar en cambios de fondo.
Monreal afirma que se ajustarán disposiciones sobre transmisiones de derechos, concesiones, sanciones y facultades de la autoridad federal.
El 27 de noviembre señala que el dictamen revisado podría estar listo en cuestión de horas.
Ese día, Monreal anuncia la conclusión de un dictamen corregido que integra cerca de 50 cambios respecto de la propuesta original. Asegura que la nueva versión busca equilibrar la vigilancia estatal con la protección de los usuarios agrícolas y que se eliminaron o matizaron las disposiciones más polémicas. Organizaciones rurales, sin embargo, mantienen su postura crítica.
Productores agrícolas advierten que podrían retomar bloqueos si el texto final no garantiza certeza jurídica. Monreal explica que las 50 modificaciones atienden la mayoría de las peticiones, aunque reconoce que “faltan algunos detalles”. Detalla que derechos de herencia, zonas de libre alumbramiento, negativa ficta y compatibilidad entre usos agrícolas y ganaderos ya están resueltos en el dictamen. Reitera que se mantiene la prohibición al acaparamiento y a la venta del agua, y que el consumo humano es prioridad. Sobre posibles protestas, señala: “Yo respeto todas las expresiones… ellos están en su libertad de hacer lo que consideren”. Ese mismo día informa que, además de la reforma hídrica, la Cámara discutirá otros dictámenes, incluido el de igualdad sustantiva.
Mientras continúan las negociaciones internas, Estados Unidos presiona a México por presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, lo que coloca el tema hídrico en el centro de la agenda bilateral y añade urgencia al cierre del proceso legislativo.
Con 28 votos de Morena y aliados a favor, 10 del PAN y PRI en contra y dos abstenciones de MC, la Comisión de Recursos Hidráulicos aprueba el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pese a llamados de la oposición y productores para aplazar la discusión.
Durante el debate en el pleno, Monreal sostuvo que la ley permitirá combatir corrupción, ordenar concesiones y prohibir acaparamiento y venta ilegal del agua.
Destacó que el agua adquiere el “valor más preciado de la nación” y que la reforma establece una política hídrica bajo rectoría del Estado.
Agradeció a coordinadores parlamentarios y señaló que el debate ha sido intenso pero necesario en una democracia.
También expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, autora de la iniciativa, subrayando que durante más de una década nadie había impulsado una reforma de tal magnitud.
Al presentar su paquete de reservas, recordó que atendió a 22 grupos de 22 estados y denunció que ha predominado la desinformación, incluso entre legisladores.
“Lo que vamos a votar —dijo— nos asiste en la razón jurídica, política, social y moral”.