66.2% de la población considera insegura su ciudad: ENSU

El incremento de la violencia y la seguridad es uno de los factores que más preocupan a la población, situación que conlleva a violación de los derechos humanos, la militarización de los territorios y desigualdad.

Es necesario analizar y combatir las principales causas que propician esta situación, entre ellas, según los expertos: pobreza y marginación; infraestructura física precaria; violencia intrafamiliar; presencia de pandillas juveniles; delincuencia organizada; armas, drogas, alcohol; presencia precaria de autoridad; ambiente de impunidad; falta de procuración de justicia.

El investigador Salvador Moreno Pérez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), señala en su artículo, “La violencia urbana en México: aproximación a las explicaciones teóricas”, que durante el confinamiento y posteriormente con el regreso paulatino a las actividades debido al Covid-19, se agudizaron los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y de género, así como desigualdad, pobreza y desempleo en la mayoría de las ciudades de América Latina, cuyos índices de violencia y criminalidad son de los más elevados en el mundo. Afirma que, en la mayoría de los delitos, además de la violencia homicida un aspecto común es la corrupción policiaca y la impunidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), marzo de 2022, 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8%, respectivamente. Sin embargo, fueron 16 ciudades y demarcaciones que sí tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2021, siete tuvieron reducciones y nueve aumentaron.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara con 97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1%, respectivamente.

Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida y Saltillo con 11.7, 20.4, 22.2, 22.4 y 24.1%, respectivamente; mientras que la demarcación Benito Juárez registró 25%.

También se dieron pronósticos respecto de la seguridad pública. Durante el primer trimestre de 2022, 35.2% de la población de 18 años y más residente en ciudades de interés consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal.

Esto representa un cambio estadísticamente significativo con alza de 2.6 puntos porcentuales respecto de diciembre del 2021, cuando se registró 32.6%. Por otra parte, 25% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un cambio estadísticamente significativo a la baja de 1.7 y 1.5 puntos porcentuales frente a marzo y diciembre de 2021, respectivamente, cuando se reportaron 26.7 y 26.5%, en ese orden.

Percepción según el sexo

Respecto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos por sexo, en marzo de 2022, 81.6% de las mujeres manifestaron sentirse inseguras en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 74.8% en el transporte. Por su parte, 70.5% de los hombres manifestaron sentirse inseguros en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 64.3% en el transporte.

Expectativa social sobre la seguridad pública

En marzo de 2022, 35.2% de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal. Esto representa un cambio estadísticamente significativo con alza de 2.6 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2021, cuando se registró 32.6%. Por otra parte, 25% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un cambio estadísticamente significativo a la baja de 1.7 y 1.5 puntos porcentuales frente a marzo y diciembre de 2021, respectivamente, cuando se reportaron 26.7 y 26.5%, en ese orden5.

Han visto conductas delictivas o antisociales

Durante el primer trimestre de 2022 , los resultados de la ENSU revelan que el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda se distribuyó de la siguiente manera: consumo de alcohol en las calles (60.7%), robos o asaltos (54.6%), vandalismo en las viviendas o negocios (42.2%), venta o consumo de drogas (39.3%), disparos frecuentes con armas (38.9%), bandas violentas o pandillerismo (26.6%), tomas irregulares de luz (diablitos) (13.8%) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) (3.1%).

Desempeño policial

La población encuestada identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina (86%), Ejército (83.4%), Guardia Nacional (73.6%), policía estatal (50.4%), policía preventiva municipal (44.6%).

Desconfianza social

Para Salvador Moreno (CESOP), la violencia y la criminalidad afectan directamente en el bienestar, generan altos costos sociales, cuestionan el Estado de derecho y generan una percepción de desconfianza social. La política pública en la materia privilegia la prevención del delito con algunos programas sociales; incrementó el número de delitos que ameritan prisión preventiva y aumentaron las condenas. La realidad muestra que estas acciones no son suficientes para disminuir los crímenes y la violencia.

El sentimiento y percepción de inseguridad de la mayor parte de la población de 18 años y más se relaciona con el incremento o permanencia de los delitos de alto impacto como homicidio y desapariciones forzadas. En ese ambiente también contribuye la difusión constante de violencia en los medios de comunicación y la insuficiencia de instituciones de seguridad pública e impartición de justicia para prevenir, perseguir y castigar los delitos.
En el mundo globalizado la violencia no es particular de la sociedad mexicana o de América Latina, también es característica en otras regiones del mundo; en cada zona hay un vínculo social y económico, por lo que no se puede atribuir solamente a un desequilibrio o desajuste genético.

Ley de la Guarda Nacional

Recordemos que entre los dictámenes aprobados en la materia en la Cámara de Diputados está, entre otros, el decreto que reformó la Constitución Política, a fin de establecer que la Federación tendrá una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), la cual formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. El 26 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

También se expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada en el DOF el 27 de mayo de 2019. Su propósito: establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones.

Incluye también normar los esquemas de coordinación operativa para las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y del armamento oficial; brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de esta Ley. Se avaló por diputadas y diputados el 23 de mayo de 2019.

Transporte más seguro

En diciembre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 491 votos, el dictamen que adiciona una fracción de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la cual se plantea que las políticas y programas de movilidad deberán promover e impulsar la instalación y operación de cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público.

Con ello se fortalecerá el alcance de las labores de vigilancia realizadas en los centros de monitoreo, a cargo de las instituciones de seguridad pública a nivel federal, local y municipal; facilitará las acciones de atención inmediata e intervención oportuna de las autoridades ante la comisión de ilícitos.

Ley General del Sistema de Seguridad Pública

También se aprobaron reformas a fin de establecer que el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá invitar a personas, instituciones y representantes de la sociedad civil a exponer conocimientos y experiencias para cumplir los objetivos de la seguridad pública. 

El documento destaca la importancia que tiene la contribución de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, en todas las etapas de la consolidación de la paz.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que el dictamen mejora la coordinación de las instituciones de procuración e impartición de justicia y las de prevención del delito. Afirmó que la coordinación es clave para combatir la impunidad, que es el alimento de la inseguridad y violencia en México.

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