Aprueban desaparición de entes autónomos; se cumpliría con el T-MEC

El 20 y 21 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, la reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos. Se derogaron las disposiciones relativas a los siguientes institutos:

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Sus funciones pasarían a la Secretaría de la Función Pública, que se transformaría en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE): Se determinó formar un órgano técnico independiente en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Su tarea de medir la pobreza en el país pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE): Sus facultades serían transferidas a la Secretaría de Energía.

- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU): Sus funciones quedarían en manos de la Secretaría de Educación Pública.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen establece que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Indica que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención. Determina que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Menciona que el organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica también estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones y establecer las formas de coordinación del organismo con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

Resalta que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, tendrá atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.

Determina que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.

Refiere que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable.

Los actos jurídicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales.

Subraya que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones.

En los artículos transitorios menciona que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar el respectivo cumplimiento.

La diputada Sandra Patricia Palacios Medina (Morena) expresó que los órganos reguladores y los organismos autónomos generan grandes costos y su actuación no responde a las exigencias de racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia; con su recomposición se ahorran millones de pesos, ya que tan sólo el Estado tendrá la competencia de combatir monopolios y eliminar barreras de libre concurrencia, a través de la Secretaría de Economía.

El diputado del PVEM, Felipe Miguel Delgado Carrillo dijo que la reforma busca que la prioridad sea el interés de la ciudadanía y generar ahorros en el gasto público para destinarlo a las áreas prioritarias como el Fondo de Pensiones para el Bienestar. “Estos organismos duplican tareas que ya se realizan en la Administración Pública centralizada y su reestructuración orgánica permitirá aplicar los recursos de manera eficiente”.

Por el PRI, la diputada Verónica Martínez García advirtió que con la supuesta simplificación administrativa se está acabando con los últimos eslabones de contrapesos políticos que quedaban en el Estado mexicano. “El dictamen rompe con los pesos y contrapesos de la democracia y por eso en el PRI votamos en contra de la eliminación de los órganos autónomos, porque estamos convencidos que México no debe centralizar el poder”. 

Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado del PAN, comentó que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones traerá consecuencias económicas por incumplir los acuerdos firmados en el T-MEC y afectará la competencia y la calidad de los servicios. “Rompen totalmente con el federalismo, la autonomía, la transparencia, el derecho a la información y el cuidado de los datos personales”.

En tanto, la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, externó que los organismos autónomos tienen actividades sustanciales para el desarrollo de las políticas públicas, pero no son indispensables, pues tanto el IFETEL como la Cofece no han funcionado porque han sido empleados de actores económicos preponderantes.

De MC, el diputado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther aseguró que la reforma induce a la opacidad, promueve la improvisación y privilegia la discrecionalidad al suprimir controles democráticos y contrapesos. “Se están sentando cimientos de una nueva regresión democrática sustituyendo a los órganos autónomos por estructuras centralizadas que por su naturaleza son proclives al sectarismo”.

La única reserva aprobada

En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), al artículo 28 constitucional con el fin de formar un órgano técnico independiente en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Ramírez Cuéllar indicó que es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio; son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, y que van a permitir mayor competencia económica en el país.

La nueva autoridad que se propone, abundó, tiene como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación, llegar a acuerdos con el Poder Judicial a fin de que las sanciones se determinen de manera expedita, que los niveles de competencia aumenten, se incrementen los beneficios a los consumidores y usuarios y se genere mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios, así como llevar al país a mejores niveles de competencia economía y bienestar.

El diputado Ricardo Monreal Ávila subrayó que la reserva es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, ya que se crean dos instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y la Cofece. Por eso, las tareas de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignadas a las secretarías de Estado o a la Administración Pública donde corresponden.

Votación en lo general:

Vídeo aprobación en lo particular:

Proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica

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