Migración: México, la puerta al paraíso

México ha contribuido al debate migratorio mundial, dada su experiencia y papel como país de tránsito, advirtió la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo (PRI), en el foro “Retos y oportunidades para la atención de personas migrantes en retorno de Estados Unidos a México”.

Recordó que la migración global afecta a 102 millones de personas quienes van en busca de una vida mejor, que huyen de la pobreza, la violencia y el cambio climático. México es país de origen, tránsito y retorno en este fenómeno. Además, subrayó, aunque las políticas migratorias de Estados Unidos son más estrictas, como el refuerzo de la policía fronteriza y la construcción de un muro, cada país debe decidir sus políticas en esta área con soberanía y autodeterminación.

“El fenómeno migratorio es global. 102 millones de personas en el mundo están en situación de migración; la búsqueda del paraíso hace que año con año haya personas que buscan acceder a una vida mejor, que huyen de la pobreza, de la violencia y también del cambio climático. Cruzan la frontera y México es un país de origen, de tránsito, pero también de retorno y, en ese sentido, es un fenómeno global”. 

Puntualizó el hecho de que cada vez las políticas migratorias de Estados Unidos son más estrictas, como reforzar la policía fronteriza o la construcción de un muro, “pero no debemos de olvidar que la política migratoria es política interna; nosotros decidimos nuestras políticas con soberanía y autodeterminación; Estados Unidos también”. 

Migrantes varados en la frontera

El 20 de enero Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos de América. En la ceremonia reafirmó su postura en política migratoria. A la una de la tarde, mientras leía el discurso, fueron canceladas todas las citas agendadas a través de la aplicación móvil CBP One. Esta app ayudaba a los migrantes a recibir los servicios adecuados, procesándolos de manera más eficiente y ordenada. Aproximadamente 270 mil personas, que habían hecho citas y esperaban presentarse, quedaron varadas en el lado mexicano de la frontera. 

Trump endurece política migratoria 

Posteriormente el presidente de los Estados Unidos emitió diez órdenes ejecutivas para transformar la política migratoria del país, reforzando su postura de criminalizar la migración. Estas medidas incluyen la “expulsión acelerada”, que permite deportaciones sin audiencia judicial y autoriza a los funcionarios federales a detener y deportar a cualquier persona acusada de entrar sin inspección si se cree que ha estado en el país menos de dos años. 

Además, se exige que todos los no ciudadanos se registren y presenten sus huellas dactilares al gobierno, con sanciones penales para quienes no cumplan. Este requerimiento es especialmente difícil para los inmigrantes sin autorización, quienes podrían enfrentar arresto y procesamiento penal.

Que los acuerdos se cumplan

Ante estos acontecimientos, la diputada Guerra Castillo expresó: “El vaivén de la política del presidente Trump se refleja a partir de sus declaraciones muy estridentes, con políticas discriminatorias, totalmente racistas”. Especificó que hasta los primeros días de febrero se contabilizaron a siete mil 253 repatriados, 569 por la vía aérea, que llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles, y 6mil 684 por la vía terrestre.

Estos connacionales fueron enviados a nuestro país por medio de la aplicación de un acuerdo. ¿Qué debemos hacer los diputados?: “Hacer que esos acuerdos los estén cumpliendo EE. UU. y México y que nuestras autoridades migratorias puedan recibir a las personas en retorno e inmediatamente se les expida la CURP. Esta acción está en una iniciativa y próximamente se hará ley. Estamos trabajando para eso”.

Sugirió: “Yo creo que se deben de incluir más activamente a los gobiernos locales. Sobre todo, aquellos estados que se quieran incluir en la actividad laboral.  En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en especial los no acompañados, México tiene protocolos y reglamentos para ello”.

Ningún mexicano está en Guantánamo

Con respecto a la población migrante de vuelta al país, la diputada Marcela Guerra, informó que, de una tercera generación de migrantes, hay alrededor de 4.8 millones de mexicanos indocumentados, muchos son trabajadores y trabajadoras esenciales en la industria de la construcción, en los servicios culinarios, en la plomería; además, hablan inglés y son creativos.

¿A quiénes están retornando? Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), a los que llevan menos de dos años, o a los que han tenido una falta administrativa, porque ningún mexicano está en Guantánamo.

Por último, hay un punto al que se debe poner atención, subrayó la legisladora: la inclusión financiera. “Quienes se fueron tienen un perfil capacitado, bilingüe, con herramientas, con dinero, con patrimonio. Entonces, qué debe hacer el gobierno, pues darles oportunidades para que puedan acceder a una cuenta de banco rápidamente, que tengan la forma de certificar sus conocimientos, que les revaliden estudios. Nos corresponde hacer las leyes reglamentarias para que todo esto se lleve a cabo”. 

La llamada telefónica y acuerdo

Tras una serie de amenazas del gobierno estadounidense, el 5 de febrero hubo una llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Acordaron una suspensión temporal de los aranceles del 25% que Estados Unidos planeaba imponer a productos mexicanos, lo que abrió un periodo de un mes para negociaciones con la administración Trump. 

Como parte del acuerdo, se desplegarán 10 mil soldados en la frontera norte de México para fortalecer el control migratorio, medida que generó críticas internas por el uso de militares en tareas de seguridad fronteriza. Además, ambos mandatarios se comprometieron a investigar y frenar el tráfico de armas y drogas.

Aranceles al acero y aluminio generan indignación

Sin embargo, el lunes 10 de febrero Donald Trump anunció la implementación del 25 por ciento al acero y al aluminio, que se sumarían al de 25 por ciento sobre las importaciones mexicanas y canadienses ya impuestos y que quedaron en suspenso durante un mes.

Alegando riesgos para la “seguridad nacional”, Trump emitió dos decretos sobre el acero y el aluminio, afectando a todos los países, incluidos sus aliados económicos: Argentina, Australia, Canadá, México, la Unión Europea y el Reino Unido. Brasil, Japón y Corea del Sur también pierden las exenciones que disfrutaban para el acero y sus derivados.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una carta a la Casa Blanca para explicar que EE. UU. tiene un superávit comercial con México en cuanto al acero y aluminio se refiere.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y aluminio de diversos países, incluyendo México, es ofensiva y solicitó unidad nacional para enfrentar esta medida.

“Siento que las ofensas cotidianas que se han convertido en una regla invariable contra nuestro país son inadmisibles; debemos repudiarlas todos los mexicanos y mexicanas. No comparto esta medida unilateral de imponer aranceles al acero y al aluminio, ya que no solo es una ofensa, sino que también agravia la economía y viola el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá”, declaró durante la conferencia Legislativa del Pueblo.

Acciones legislativas para la atención de personas migrantes

Respecto de las acciones concretas del Legislativo hacia los migrantes que ingresen a la frontera mexicana, la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), integrante de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte, expuso las siguientes propuestas:

1. Implementación de una cartilla por parte de la Secretaría de Gobernación con información de connacionales en retorno.
2. Creación de un Registro Nacional de migrantes mexicanos repatriados, que facilite sistematizar información sobre origen, aptitudes y capacidades, entre otros datos.
3. Creación de estrategias de acceso efectivo al trabajo formal para emigrantes retornados, de la mano de la Secretaría del Trabajo en coordinación con el sector privado y en estrecha cooperación con agencias del Sistema de Naciones Unidas, como la OIT.
4. Visitas de las y los legisladores a los albergues que se han habilitado en las entidades federativas del norte de nuestro país para conocer de primera mano cuáles son los retos, desafíos y áreas de oportunidad.
5. Aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de los migrantes retornados. Para ello se requiere el involucramiento y vinculación con las universidades públicas y privadas, como es el caso de la ENID (Estación Noroeste de Investigación y Docencia), la sede que tiene la UNAM en Tijuana, la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) y el COLEF (Colegio de la Frontera Norte), instituciones que han manifestado su apoyo a la causa de los migrantes retornados.

Al pendiente de que se cumplan los acuerdos

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, diputado Alejandro Pérez Cuéllar (Morena), afirmó que hay el compromiso de México para enviar 10 mil miembros de la Guardia Nacional a resguardar la zona fronteriza, pero aclara que “también está en la mesa el tráfico de armas de alto poder. En ese sentido nosotros vamos a estar muy al pendiente de que se cumplan los acuerdos”.

Y analizó: “Ha habido mucha incertidumbre, sin embargo, tenemos esperanza de que no se recrudezca la situación, de que no haya tanto jaloneo a raíz del acuerdo al que se llegó. La idea es que se siga trabajando con cooperación para el desarrollo, para el respeto de nuestra soberanía.

“Tenemos que asegurar los derechos humanos de los migrantes, asistir a los albergues, ver que estén bien atendidos. En el último año han enviado 64 mil millones de dólares y ahora que vienen de regreso hay que recibirlos como se merecen y estar al pendiente de sus derechos humanos”, enfatizó.

Cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Después de que el presidente Donald Trump declarara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que “habrá repercusiones económicas, financieras, bancarias, dado que se afectará a muchas empresas honestas, de buena fe, que están comercializando con México productos de origen lícito”.

Agregó que está “convencido de que la presidenta Claudia Sheinbaum, como jefa de Estado, como presidenta de México, sabrá enfrentar esta orden ejecutiva, porque es una orden unilateral”. Dijo confiar en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “sea un ente público que ayude a describir, investigar y combatir todo tipo de delitos derivados de lavado de dinero, de triangulación de fondos usados para el narcotráfico, de financiamiento de cárteles. Todo esto la UIF está en posibilidades de detectar y seguramente lo está haciendo y lo seguirá haciendo”.

Se revira con reforma constitucional

Tras estas declaraciones del gobierno norteamericano, y en lugar de enfrentarse o de confrontarse, en Twitter, con el presidente Trump, la presidenta Sheinbaum prefirió la vía de la Constitución y el derecho para defender al país y a la nación. 

En conferencia de prensa, el diputado Ricardo Monreal declaró que “en la propuesta de modificación en la reforma constitucional, al artículo 19 y 40, lo que la presidenta plantea es reforzar el concepto de soberanía, reforzar la inviolabilidad de la Constitución y reforzar también, al mismo tiempo, que ninguna autoridad en el mundo puede violar con actos o conductas el régimen interno y el derecho mexicano, es decir, aun cuando se realicen estas medidas desde el exterior contra los cárteles de la droga, declararlos terroristas y sus consecuencias en México, no podrán actuar de aprobarse esta reforma constitucional. Lo que esta reforma plantea es precisamente que no ocurran injerencias y que se sancione a quienes incurran en ello, es decir, una vez que la Constitución y la ley reglamentaria prevengan a qué son acreedores aquellos que intenten entrar al país de manera arbitraria, injerencista e ilegal, serán sometidos al régimen jurídico que la ley señale y que la Constitución prevenga; ésa es la profundidad de la reforma”.

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