PND 2025-2030 con un enfoque integral de desarrollo

• Proyecta acciones de largo alcance

Por 343 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados declaró aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 28 de febrero pasado, el cual será remitido al Ejecutivo Federal junto con las opiniones de las comisiones ordinarias y las observaciones individuales que las diputadas y diputados entregaron para los efectos a que haya lugar, con base en el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, indicó que este Plan satisface plenamente el mandato establecido en el artículo 26, apartado A de la Constitución Política, y en el artículo 21 de la Ley de Planeación, al incluir de forma explícita los fines del proyecto nacional establecidos en la Carta Magna: incorporar un enfoque integral del desarrollo, proyectar acciones de largo alcance, aportar criterios de participación democrática y establecer mecanismos de ejecución y evaluación.

Precisó que el documento “cumple cabalmente con las exigencias establecidas en el artículo 21 de la Ley de Planeación”, y se articula alrededor de un modelo de planeación orientado al bienestar, al desarrollo integral y a la equidad social, en plena consonancia con el proyecto nacional consagrado en los artículos 25 y 26 de la Constitución. Este modelo se expresa en los cuatro ejes generales y tres ejes transversales que estructuran la política pública nacional.

Mencionó como ejes generales la gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable; en la transversalidad están la Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Subrayó que estos ejes articulan, con claridad y coherencia, los principios constitucionales de soberanía, democracia, justicia social, protección al medio ambiente, equidad de género, multiculturalismo y participación ciudadana.

Además, dijo, incorpora un enfoque multidimensional del desarrollo, tal como lo exige el propio artículo 21 de la Ley de Planeación. No se limita a parámetros económicos, sino que abarca temáticas sociales, ambientales, culturales, regionales y tecnológicas. También, la promoción de una economía moral con derechos laborales, seguridad social, salarios dignos y vivienda justa con políticas de salud universal, educación gratuita y justicia climática.

Asimismo, establece como prioritario el Sistema Nacional de Cuidados, la transición energética justa, el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, la reforma del Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el respeto a los derechos humanos.
Expone que en cumplimiento del párrafo sexto del artículo 21 de la Ley de Planeación, el documento no se limita al sexenio presidencial 2024-2030, sino que incorpora una visión de largo plazo, especialmente en el apartado denominado “Plan México”, con estrategias nacionales proyectadas a veinte años para el fortalecimiento de la soberanía energética, la industrialización, la transición tecnológica y la infraestructura ferroviaria y logística.

Se da cumplimiento al principio de planeación democrática, al integrar los resultados de 57 foros estatales y un foro indígena nacional con la participación de más de 50 mil personas, incluidos representantes de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Esa metodología participativa asegura que las decisiones públicas reflejen el interés general y confiere legitimidad democrática al documento.

Precisa que el Plan señala los instrumentos presupuestarios, administrativos y jurídicos mediante los cuales se prevé su ejecución, establece responsables institucionales, mecanismos de monitoreo e indicadores de seguimiento. Incluye previsiones sobre el uso racional de los recursos y políticas de gasto publico basadas en la austeridad republicana, la disciplina fiscal y el principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, en plena congruencia con el artículo 134 constitucional.

Con información de:
Boletines (2025) https://bit.ly/3EzY7HI

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