Presupuesto con alta inversión social

Con la incorporación de tres reservas y el voto en contra de los partidos de oposición, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y lo particular el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que contempla un gasto neto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, mientras que para atender la emergencia ocasionada por el Huracán Otis en Acapulco, se acordó integrar un apoyo especial a partir de los remanentes, las economías presupuestales integradas a la Tesorería o recursos adicionales, como lo señala el séptimo transitorio de la Ley de Ingresos, a fin de crear un fondo para la reconstrucción de Guerrero.

El tema de la emergencia en Acapulco ocasionada por el huracán Otis permeó la discusión que se llevó tres días para aprobar el documento, básicamente en el desahogo de las más de tres mil reservas. La primera modificación fue propuesta por la diputada Irma Juan Carlos (Morena) con el objetivo de conformar un grupo de trabajo encargado de analizar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10, respecto de las Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

Otra reserva presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) establece que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, se canalizarán a la atención de los daños y desastres derivados del huracán Otis.
La tercera la presentó el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), con el propósito de reponer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 500 millones de pesos de los 767 que se le habían reducido.

Con este reajuste, el TEPJF tendrá un presupuesto de tres mil 622 millones 833 mil 452 pesos, considerando que en el próximo año habrá elecciones presidenciales, además de que se renovarán nueve gubernaturas y el congreso federal.

El gasto público representará 26.2% del PIB

Para poner en perspectiva la dimensión de la relación Ingreso/Gasto entre 2019 y 2023, ambos aumentaron 15.3 por ciento en términos reales. El gasto en inversión creció 34.8 por ciento, el destinado a desarrollo social 20.5, sin embargo, el rubro de los ingresos se disparó 76.7 por ciento por el requerimiento de deuda.

Ahora bien, el gasto público de 9.07 billones de pesos representa el 26.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del próximo año, cuando no había rebasado, hasta ahora, el 24 por ciento. Se destinan 700 mil millones a pensiones, becas y subsidios, esto es, 7.8 por ciento del gasto total y un incremento en este renglón de 40 por ciento respecto del 2018.
Los ingresos públicos que el gobierno espera captar por 7.3 billones de pesos, equivalentes a 20.8 por ciento del PIB, son insuficientes para financiar un gasto creciente, particularmente en el rubro social, como es el caso de la pensión universal para adultos mayores. También el costo financiero avanza, porque si bien en términos del PIB la deuda se ha mantenido estable, en términos absolutos sigue aumentando y las tasas de referencia no bajan.

Esta diferencia entre ingresos y gasto arroja un déficit en las finanzas públicas de 1 billón 693 mil millones de pesos (5.4 por ciento del PIB) que habrá de cubrirse con deuda pública, y ésta crecerá hasta representar 48.8 por ciento de PIB a finales de 2024, que habrá aumentado 5.2 puntos porcentuales del PIB en el sexenio. La política de la presente administración se sujetó, hasta ahora, a la observancia de un déficit fiscal mínimo y endeudamiento neto cero, la que respetó incluso durante la pandemia, haciendo un manejo responsable de las finanzas públicas, pero reorientadas hacia la política social.

Aumenta la deuda y su costo

Al aumentar la deuda pública aumenta su costo. Si en 2023 se pagará 1.1 billones de pesos, en 2024 ascenderá a 1.3 billones (3.4 por ciento del PIB) y en relación con el presupuesto total representará 14 por ciento en 2024. Considerando el estado de los países más endeudados del planeta, como Japón, cuya deuda asciende a 225 por ciento de su PIB, la de México resulta perfectamente manejable, comenta el analista Orlando Delgado Selley.

Además, la ley establece que deben garantizarse las fuentes de pago y la deuda no puede aplicarse a gasto corriente, sino para inversión pública y en el presupuesto del próximo año se destinará para terminar las obras insignia: Tren Maya, el interoceánico e incluso la terminación del interurbano México-Toluca y, fundamentalmente, para su aplicación en los grandes programas sociales: la pensión a los adultos mayores, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, con el doble propósito de que la inversión social, a la vez que mejora las condiciones de vida de quien recibe el apoyo, reactive las escomías regionales.

Seguridad duplica su presupuesto

Como es sabido, el Ejecutivo federal ha transferido de manera paulatina a las dependencias de seguridad las obras de infraestructura y de conectividad; es por ello que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluirá el sexenio como la principal administradora de los proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en esta lógica, duplica su presupuesto de 111 mil 911 millones de pesos en 2023 a 259 mil 433 millones de pesos el siguiente año. Con una asignación de 120 mil millones de pesos continuará con los trabajos de construcción, equipamiento y servicios para la operación del Tren Maya.

El jaguar rodante, antes en el sector turismo, se suma a la correspondiente asignación presupuestal a Sedena, al igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Aerolínea del Estado Mexicano y Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica.

Si bien la Sedena continuará “apoyando la profesionalización y consolidación” de la Guardia Nacional, su peso presupuestal de 70 mil 767.4 millones de pesos quedará en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de Marina (Semar) también verá crecer su presupuesto, de 41 mil 878 millones de pesos a 71 mil 888 millones, como administradora de las principales empresas de conectividad estatales, además de las actividades propias de la institución garante de la seguridad marítima.

A dónde van las reducciones y reasignaciones

Los ajustes al presupuesto autorizados por la Cámara de Diputados corresponden a reducciones en los montos solicitados y reasignados a otras áreas, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. De esta forma, se reducen más de 13 mil 262 millones de pesos de lo solicitado por órganos autónomos, y alrededor de 4 mil 991 millones de pesos a ramos administrativos; estados y municipios tendrán una reducción adicional de seis mil 300 millones de pesos en aportaciones y participaciones.

Las aportaciones pasaron de una propuesta de 985 mil 977 millones de pesos a 984 mil 484 millones aprobados por los diputados (mil 492 millones menos). Las reducciones al gasto federalizado se reasignarán a Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La mayor disminución es para el Poder Judicial, 6 mil 465 millones de pesos, de los cuales corresponden casi 5 mil 376 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en tanto que el Instituto Nacional Electoral tendrá una disminución de 5 mil 3 millones de pesos. Había solicitado 37 mil 770 millones de pesos, de los que solo recibirá 32 mil 767 millones de pesos.

Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se propusieron tres mil 122 millones de pesos; es decir, se le reducirían 767 millones de pesos, de los cuales finalmente se le restituyeron 500 millones de pesos para que cumpla a cabalidad con su función en el proceso electoral que se avecina. Para la Comisión Federal de Competencia Económica, casi 688 millones de pesos, 86 millones menos de lo solicitado; para el INAI, mil 97 millones, tras una reducción de 71 millones de pesos. El Poder Legislativo tendrá una reducción en su propuesta de presupuesto de mil 636 millones de pesos, de los cuales 937 millones corresponden a la Cámara de Diputados; 410 millones al Senado y 289 millones a la Auditoría Superior de la Federación.

El fondo de ayuda para la reconstrucción de Acapulco dependerá de la negociación a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que están de acuerdo los otros dos poderes, Judicial y Legislativo. Lo que ya se formalizó en el presupuesto es que a ese fondo irá lo derivado de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, a fin de atender los daños y desastres derivados del huracán Otis.

Las reservas, parte de la agenda política

De las tres mil 93 reservas presentadas por los grupos parlamentarios solo se validaron tres, es decir, el 0.001 por ciento. De aprobarse, por ejemplo, un 10 por ciento de ellas, se estaría confeccionando un nuevo presupuesto, con reasignaciones que entrarían en contradicción entre grupos parlamentarios y el Plan Nacional de Desarrollo.

La finalidad es debatir desde la tribuna, donde diputadas y diputados pueden externar opiniones, puntos de vista, propuestas, análisis o reclamos, pero gran parte de las reservas se retiran antes de someterlas a votación para su eventual discusión. En esta ocasión se reservó todo el documento: desde el nombre, el proemio, los antecedentes, las consideraciones, el articulado, los artículos transitorios, los anexos y hasta la fecha.
En la lista se registraron 335 oradores, de los cuales 127 eran de Morena, 100 del PAN, 54 del PRI, 19 de MC, 18 del PT, 15 del PRD y 2 del PVEM.

La deuda también se contabiliza como ingreso

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 19 de octubre la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, con cambios a los artículos 21, 22 y la adición de un Vigésimo Sexto Transitorio, y se prevén ingresos totales por 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, que incluye una deuda por 1.7 billones.

Se prevé que el crecimiento será de entre 1.6 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación cerrará en 4 por ciento; el tipo de cambio (peso/dólar) será de 19.2 en promedio y la tasa de interés de 8.5 por ciento.

El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo –que a lo largo de 2023 ha estado por debajo de lo estimado, lo que significó un boquete en los ingresos públicos, junto a un tipo de cambio más fuerte– se prevé en 56.3 dólares por barril, al tiempo que la plataforma de producción alcanza un millón 914 mil barriles diarios, con un recorte en las exportaciones.
Los ingresos equivalen a 20.8 por ciento del PIB, de los cuales 4.9 billones serán ingresos tributarios y 2.4 billones, ingresos no tributarios. Destaca la reducción de la importancia de los ingresos petroleros que llegarán a un poco más de un billón, 14.3 por ciento de los ingresos totales. En los ingresos tributarios se registrarán incrementos porque se reducirán los subsidios para amortizar el impuesto especial de producción y servicios, el IEPS, que se establecieron para enfrentar el aumento de precios de la gasolina.

Los ingresos provenientes de las actividades del gobierno federal y organismos y empresas crecieron 8.6 por ciento. Los ingresos de las aportaciones a la seguridad social lo hicieron 15.3 por ciento, y los provenientes de deuda lo hicieron 76.7 por ciento.

El gasto no programable –en el que se clasifican participaciones y deuda– avanzó 12.3 por ciento. En rubros puntuales, el dinero destinado a estados y municipios fue uno de los que menos avanzó en cinco años, con un crecimiento real de 3.1 por ciento, mientras el destinado a inversión creció 34.8 por ciento.

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