Proteger a la infancia para construir un futuro mejor

Las niñas y los niños son particularmente vulnerables a las malas condiciones de vida, como la pobreza, la deficiente atención de la salud, la mala nutrición, la falta de agua potable, la vivienda de baja calidad y la contaminación ambiental. Todos esos factores amenazan su porvenir y en consecuencia el futuro de las sociedades en las que viven.

La violencia contra la niñez y la vulnerabilidad de sus derechos es un pendiente que sigue presente tanto en México como en Latinoamérica. Los resultados de diversos estudios, entre ellos la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2017, arrojan que culturalmente persiste la idea de que los niños y niñas son considerados como objetos propiedad de adultos, sujetos al arbitrio y voluntad de las reglas paternas y maternas, lo que se refleja en que el 27.6 por ciento considera que los niños y niñas sólo deben tener los “derechos que sus padres les quieran dar”.

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, pero esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014.

En ella se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, entre ellos, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho a la identidad; a vivir en familia; el derecho a la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, entre otros.

Antes de que se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, los asuntos de niñas y niños pertenecían al ámbito privado, lo que significaba que cualquier decisión sobre sus vidas quedaba bajo el criterio subjetivo de padres, madres o tutores. Fue entonces necesario establecer el derecho específico de la niñez, debido a la tendencia general de creer que el criterio de los adultos y las autoridades era suficiente para determinar los mejores intereses de este grupo de la sociedad. Gracias a la Convención, niñas, niños y adolescentes ya son concebidos como sujetos de derecho y no simplemente como beneficiarios de los servicios y protección del Estado.

De acuerdo con el ENADIS, el 27 por ciento de los niños dice que sus padres los han hecho llorar, 26 por ciento reconoce que les han golpeado, 17.9 por ciento ha recibido de sus padres amenazas de golpes y 18 por ciento dice que sus padres o madres les han proferido groserías.

La violencia, realidad latente

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes que, en su mayoría, enfrentan: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia; una de cada cinco personas desaparecidas, pertenece a este sector de la población, y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones intencionales.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) advierte que 22.5 % de niñas y niños entre 9 y 11 años, y que 36 % de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada.

Respecto a la violencia en el hogar, el 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez les hicieron sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas; 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado; al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron; 10.1 % sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.

En el Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México 2018, en nuestro país se tiene registro de 36 mil 265 personas desaparecidas, de las que 18% tiene entre 1 y 17 años. 92.7 % de esas desapariciones han ocurrido entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 de niñas, niños y adolescentes desaparecidos por cada 100 mil habitantes.

El panorama es peor cuando hablamos de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80% (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para las y los adolescentes). Por otro lado, La población indígena enfrenta brechas en todos los casos en los que se compara con población no indígena, por ejemplo, 78.5% de menores indígenas (0-17 años) están en situación de pobreza frente al 47.8% de la población de menores de edad no indígenas.

El seno familiar

La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que 63 % de niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años es sometido a formas de castigo físico o psicológico por algún integrante de su familia, mientras que el 6 % recibe castigos severos. Datos de ONU Mujeres 2014 señalan que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual, y que 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban en alguna actividad económica.

El Módulo de Trabajo Infantil 2017 del INEGI establece que a nivel nacional 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2% desempeñaron ocupaciones no permitidas y 36.6% quehaceres domésticos no adecuados. El número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802,890 personas (38.7%) y 1,267,543 (61.3%) se dedicaban a actividades peligrosas. 39.3% de quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su labor. Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor índice de trabajo infantil, con 19.7%, 18.9% y el 18.1%, respectivamente.

El Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), evidencia que a nivel nacional 20% de las adolescentes entre 15 y 17 años experimentó alguna forma de violencia en el ámbito familiar durante 2015. La violencia emocional es la más frecuente (15.7%), seguida de la violencia física (8.5%) y económica (6.2%). Asimismo, la proporción de mujeres adolescentes que sufrió violencia sexual en su ámbito familiar fue de 1.8%.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta situación visibiliza un panorama que advierte la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector de la población. Se identifican como las principales causas de esta situación: la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, a efecto de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Reformas y modificaciones de ley

En este contexto, recientemente la Cámara de Diputados modificó los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aprobó que las autoridades federales, de los estados, municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán adoptar de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad por orfandad.

Establece que el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de protección, garantizarán que reciban de manera inmediata todos los cuidados que se requieran ante su situación de orfandad.

En el mes de febrero la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que deroga el párrafo que otorgaba este derecho a las mujeres, por considerarse conservador e ir en contra de la igualdad de género.

Anteriormente la mujer era la única apta para las tareas de cuidado del hogar y los niños. Ahora se deroga el derecho de las mujeres para mantener la custodia automática, en caso de divorcio, de los hijos menores de siete años. El argumento para eliminar este derecho se fundamenta en que el otorgamiento de guarda y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género, atendiendo así el interés superior de la niñez.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter