Reforma Electoral, el gran debate

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 15 de diciembre dos minutas con proyectos de decreto que reforman diversos ordenamientos relativos al tema electoral; uno se devolvió a la Cámara de Senadores para su dictamen y eventual aprobación en el próximo periodo de sesiones; el otro, que tiene la validación de ambas cámaras, fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación.

Aun cuando los resultados del debate y la votación eran previsibles, la cámara de origen y la revisora tuvieron discrepancias en lo relativo a la constitucionalidad de las modificaciones incorporadas, de ahí que ambas han tenido que revisar lo que la otra validó, además del retiro de la cláusula sobre la distribución de votos en las candidaturas comunes.

En consecuencia, las últimas propuestas de reforma realizadas por la Cámara de Diputados están en espera de ser dictaminadas en el Senado hasta el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2023.

Dada la polémica generada por la incorporación de una cláusula que determinaba que “Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, fue retirada a petición del diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de la bancada del PVEM.

Permanece la cláusula que garantizaba a los partidos políticos utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales. También se conservó la disposición introducida de que el partido político nacional que no obtenga, al menos, tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, se le cancelará registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas.

Por otro lado, la Cámara de Diputados avaló otras modificaciones que el Senado formuló, como restituir la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral; el INE no multará a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral; para la reelección consecutiva, los diputados podrán hacerlo por un distrito electoral diferente por el que fueron electos originalmente; regresa a las entidades federativas la facultad de determinar el financiamiento de los partidos locales.

Igualmente, en época electoral el ejercicio periodístico no podrá ser requerido por el Instituto Nacional Electoral (INE); si un partido político omitió retener o enterar sus impuestos federales, la omisión no podrá ser sancionada por el INE hasta que se decrete por la autoridad hacendaria correspondiente.

También señala que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las normas que, en su caso, regulen la libertad de expresión; ni constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato de manera gratuita, fuera de las campañas de comunicación social, entre otras disposiciones.

La minuta que reforma las leyes generales de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas no tuvieron modificación alguna, por lo que pasó al Ejecutivo federal para su publicación.

Los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, ameritaron su devolución al Senado.

La reforma constitucional que no fue

Como se recordará, la votación del dictamen de propuesta de Reforma Electoral estaba cantada antes de llegar al Pleno, incluso antes de que se presentara la iniciativa del presidente de la República a esta Cámara. Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada requerida para una modificación constitucional y solo obtuvieron 269 votos a favor, mientras que la oposición sumó 225 en contra del dictamen que proponía modificar 18 artículos constitucionales a fin de reducir el financiamiento a los partidos políticos, bajar el costo de las elecciones y limitar el número de diputados y senadores, entre otras medidas.

El debate inició entre grupos parlamentarios, actores políticos, organizaciones civiles y de la iniciativa privada, incluso antes que llegara la iniciativa del presidente a la Cámara de Diputados. Las posturas estaban bien definidas entre la oposición conformada por PAN, PRI, PRD y MC que se aglutinó en torno a la “defensa del INE”, y los planteamientos de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde relativas a la reducción del costo de la democracia y de la operación del Instituto Nacional Electoral (INE). No hubo sorpresas porque la votación había sido la esperada.

El dictamen tuvo como eje la presentada el 28 de abril de 2022 por el presidente de la República, cuya aprobación representaría ahorros sustanciales, argumentaba el dictamen.
Se buscaba eliminar a 200 diputaciones federales y 32 senadurías, limitar el financiamiento para gastos de campañas electorales de los partidos, suprimir el financiamiento ordinario mensual y regular las aportaciones de las personas a los partidos.

Asimismo, planteaba la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores, incorporación del voto electrónico y reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que había siete puntos de aproximación, pero el consenso se frustró y ante el “no” rotundo de la oposición se subió la principal iniciativa, la del presidente.

Plan B, pendiente en el Senado

Luego de que la Reforma Electoral en su fase constitucional fuera desechada al no alcanzar la mayoría calificada, fue acotada a seis leyes secundarias como lo tenían previsto Morena y sus aliados, donde solamente se requería una mayoría simple para aprobar diversas disposiciones relativas a que las opiniones de los funcionarios públicos no constituyen propaganda, garantizar el voto de los migrantes, de las personas que se encuentran entre otras disposiciones

Con las propuestas se buscaba garantizar el principio de paridad de género en las elecciones de órganos colegiados y unipersonales, respetando el principio de autodeterminación; garantizar el voto de las personas mexicanas en el extranjero mediante el uso del internet y con la presentación del pasaporte o matrícula consular.

Adicionalmente, permitir la representación mediante acciones afirmativas de candidaturas a personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes. Establecer medidas para combatir la entrega de dádivas, bienes o servicios, coerción, condicionamiento del voto, de las y los candidatos o partidos durante los procesos electorales. Determinaba que la Sala Especializada del Poder Judicial de la Federación fuera el órgano resolutor.

Con las modificaciones introducidas, los partidos políticos mantendrían su registro, incluso sin obtener el mínimo nacional de 3 por ciento, si mantenían el registro local al obtener al menos 3 por ciento de la votación local emitida, en al menos 17 estados del país. 

También se eliminó el requisito que obligaba a los partidos nacionales contar con al menos 3 mil militantes en 20 estados o a mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro.

Adicionalmente podían, con cargo a su financiamiento público ordinario, realizar ahorros en un ejercicio fiscal para ejercerlo en años posteriores, aun cuando las disposiciones presupuestales obligan al reintegro a la Tesorería de la Federación. También se agregó la figura de convenio de distribución de votos emitidos entre los partidos y que, cuando postularan una candidatura común, en un mismo recuadro de la boleta aparezca el logo o emblema de cada uno. La propuesta original proponía que los partidos aparecieran en la boleta por separado, lo que habría disminuido el número de votos y, por lo tanto, de legisladores en el Congreso.

Antes del debate en lo general y en lo particular de las iniciativas, los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC se retiraron de la sesión, por lo que solamente permanecieron en el Salón de Plenos los diputados de Morena, PT y PVEM.

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