Seguridad y protección de datos en tiempos de 5G

La entrada en operación de las redes de quinta generación (5G) en la región de América y en el país genera una serie de expectativas sobre sus alcances e impacto en los sectores productivos y en la vida cotidiana.

Esta tecnología móvil con mayor velocidad, poco retardo en la descarga de datos y con capacidad de conectar cientos de miles de dispositivos por km2, potenciará el desarrollo de tecnologías de vanguardia y hará posible la automatización de las industrias, vehículos autónomos y ciudades inteligentes.

La Asociación GSMA (en la que participan operadores móviles de todo el mundo) estima que para el 2025 habrá más de mil 800 millones de líneas 5G en todo el mundo, siendo Asia y Estados Unidos las regiones que más adopten esta tecnología con 53% y 51% de las conexiones totales respectivamente; mientras que en América Latina alcanzarían 9% y en México 12%.

El despliegue de estas redes de quinta generación impone desde ahora: instalar diez veces más antenas para alcanzar una cobertura similar a la de las actuales tecnologías móviles; utilizar frecuencias radioeléctricas más altas; y que los usuarios cuenten con dispositivos como teléfonos, tabletas, computadoras que soporten las nuevas bandas 5G. Sin embargo, existen otros retos que también deben atenderse como la seguridad y la continuidad de actividades esenciales, así como la protección de datos de los usuarios o consumidores.

Hace apenas tres años cuando aún no irrumpía la pandemia de COVID-19, el fraude o robo de datos y los ataques cibernéticos ocupaban ya los primeros sitios en la lista de riesgos del Foro Económico Mundial. Por lo que en un entorno de mayor adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en el que cada vez miles de millones de dispositivos estarán conectados, la ciberseguridad y la protección de datos personales serán cruciales.

Por ello, celebro que el Senado de la República llevara a cabo el mes pasado el foro “Ciberseguridad en el entorno de la 5G”, en el que distintos actores de los sectores público y privado expusimos nuestra visión sobre los temas que deben considerarse en la implementación de esta nueva generación tecnológica.

Como lo expresé en aquella ocasión, desde el Comité 5G del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se han detectado riesgos a partir del despliegue de estas redes como: ataques a componentes de conectividad o antenas, lo que tendría como consecuencia fallas o interrupción de los servicios; control por parte de un tercero a los núcleos de la red 5G; retraso en la identificación de los problemas de seguridad y aplicación oportuna de las medidas de mitigación; así como la fuga masiva o robo de datos personales.

La Agencia Española de Protección de Datos también ha detectado riesgos a la privacidad, entre ellos: la geolocalización precisa del usuario; el aumento sustancial en el número de agentes involucrados en el tratamiento de datos personales, lo que podría propiciar ambigüedades en cuanto a la responsabilidad de cada uno por el mal uso de los mismos; además del establecimiento de distintos estándares de seguridad por parte de esos agentes.

Sin ser alarmistas y sin soslayar las enormes ventajas de la adopción de redes 5G en todos los sectores, incluso en la salud o educación, es importante poner atención y atajar los riesgos que conllevan.

Por eso reitero que el Estado no debe ser mero observador de las medidas de ciberseguridad que las empresas o desarrolladores de tecnología decidan o elijan acorde a sus presupuestos para proteger a los usuarios. Desde las instituciones públicas debemos trabajar de manera coordinada para generar un entorno digital seguro y confiable, sin frenar la innovación.

Debemos promover la implementación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la que participen, además de los actores involucrados -sociedad, academia e industria-, los Poderes de la Unión y organismos del Estado.

Es necesario que regulemos y desarrollemos estándares técnicos, pero también es importante que se legisle para establecer baremos mínimos en materia de seguridad digital. Aún estamos a tiempo.

Este artículo se publicó originalmente en: lasillarota.com

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