¿Cómo va el proceso para la elección judicial en México? Breve análisis

En el preludio de que se lleve a cabo en las urnas la primera elección histórica para la renovación del Poder Judicial en México, resulta indispensable invitar a la reflexión sobre este ejercicio electoral inédito en la historia reciente del país. Se trata de un acontecimiento sin precedentes, del cual se extraerán lecciones fundamentales para diseñar legislativamente mejores reglas que rijan las elecciones judiciales futuras, particularmente las de 2027.

Para quienes participan, ya sea de manera directa, como candidatas y candidatos, o de forma indirecta como ciudadanas y ciudadanos observadores, esta elección representa un reto complejo y revelador. El desafío abarca desde la manera en que las y los aspirantes judiciales se relacionan con su electorado, hasta el modo en que la ciudadanía ejercerá su voto el próximo 1º de junio.

Si bien en México la población está familiarizada con las jornadas electorales que se realizan cada seis y tres años para renovar cargos del poder político, la elección judicial constituye un giro sustantivo en la democracia nacional. Por primera vez, se convoca a la ciudadanía a participar electoralmente en un ejercicio que implica la elección de más de 800 cargos a nivel federal, así como aproximadamente 1,900 cargos en 19 entidades federativas que renovarán sus poderes judiciales locales.

Este proceso plantea preguntas profundas sobre la relación entre el poder judicial y la ciudadanía. ¿Cómo se elige a quienes deberán impartir justicia? ¿Qué atributos, trayectorias o ideas deben pesar más en esa decisión? En este contexto, la comunicación política de las y los candidatos a ministras, magistrados y jueces de distrito adquiere una relevancia singular.

A diferencia de las campañas políticas tradicionales, respaldadas por partidos, estructuras territoriales y grandes mítines, las campañas de quienes aspiran a cargos judiciales se han caracterizado por un enfoque mucho más discreto, técnico y directo. El modelo de comunicación que han adoptado se aleja de la retórica partidista para acercarse —al menos en intención— a un diálogo centrado en la legalidad, la defensa de los derechos y el acceso a la justicia.

No obstante, esta singularidad también implica una complejidad añadida. Muchas y muchos de quienes hoy se postulan no tienen experiencia en campañas ni formación en comunicación política, por lo que han tenido que adaptarse rápidamente a un nuevo rol: el de candidatas y candidatos que deben hacer visibles sus propuestas, trayectorias y principios ante una ciudadanía que, por su parte, también enfrenta la novedad de evaluar perfiles judiciales.

El reto es doble: por un lado, comunicar con claridad una visión del derecho, la justicia y el papel del poder judicial en la vida pública; por otro, lograr que dicha comunicación sea accesible, veraz y respetuosa de la neutralidad institucional que exige el cargo al que se aspira.

La elección que se avecina será, sin duda, un parteaguas. No solo redefinirá el perfil de quienes integran los órganos jurisdiccionales, sino que también abrirá un nuevo capítulo en la cultura democrática del país. Será una prueba tanto para la madurez ciudadana como para la capacidad institucional de organizar un proceso electoral justo, transparente y confiable.

Al cierre de este proceso, será necesario hacer un balance profundo: ¿se fortaleció la confianza en el Poder Judicial? ¿La ciudadanía se sintió representada? ¿Las reglas del juego garantizaron equidad y legitimidad? Las respuestas a estas preguntas marcarán el rumbo de las reformas que deberán emprenderse en el corto plazo.

Por ahora, lo urgente es mantener el interés, fomentar la participación informada y garantizar que esta elección judicial histórica sea un punto de partida para una justicia más cercana, más transparente y democrática.

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