Juzgadoras incumplen normas de derechos humanos

EquisJusticia para las Mujeres es una organización feminista que cumple 10 años de trabajo. Su propósito es transformar instituciones, leyes y políticas públicas que mejoren el acceso a la justicia.

La siguiente es una entrevista a Isabel Erreguerena y a Fátima Gamboa, codirectoras de esta organización feminista, realizada por Juan José Graham Nieto, difundida en el programa De Chile, Mole y Pozole.

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EquisJusticia ha estado elaborando diagnósticos sobre las complejidades de la impartición de justicia en México, con base en información oficial obtenida a través de Transparencia. Así, por ejemplo, en el informe “No es justicia”, analizaron más de 120 sentencias, con una metodología basada en las obligaciones de jueces y juezas.

Descubrieron que 79 por ciento de las juzgadoras utiliza únicamente sus códigos procesales, sus requisitos, el papeleo que necesitan para ingresar al juicio y soslayan normas de derechos humanos.

Isabel Erreguerena Citeri y Fátima Gamboa Estrella hablan de la metodología de su trabajo y de las dificultades que enfrentan para cambiar leyes, instituciones y políticas públicas, “por las complejidades de un país que es estructural y sistémicamente muy machista y patriarcal”.

Isabel explica que el acceso a la justicia no solamente se refiere a los tribunales, sino a las características, vivencias, estructuras que hacen que las mujeres no puedan tener justicia. Además, parten del hecho de que no hay un tipo de mujer únicamente “y eso nos ha hecho trabajar con poblaciones históricamente discriminadas, como mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres en conflicto con la ley, ya sea que estén en prisión o que salieron”.

Ha sido un trabajo muy rico, dice, porque se aprende mucho de ellas. Todo el trabajo que hacemos: proyectos, diagnósticos, capacitaciones, lo hacemos conjuntamente.

Para ahondar en el tema, Fátima se refiere al informe “No es justicia”, donde analizaron 120 sentencias con una metodología basada en las obligaciones de jueces y juezas. Descubrieron que 79 por ciento de las juzgadoras utiliza únicamente sus códigos procesales, requisitos, el papeleo que necesitan para ingresar al juicio e incumplen las normas de derechos humanos.

Isabel afirma que un gran avance en el trabajo se obtuvo con el acceso a las sentencias a través de Transparencia. Por sus sentencias, te das cuenta de cómo trabajan las personas juzgadoras.

“Un ejemplo típico es el caso de los Porkis, cuando un chavo violó a una chava y el juez lo dejó libre con una resolución judicial por no haber disfrutado la violación. Sin conocer las resoluciones no hubiéramos podido exigir justicia, pero ¿qué crees? no había manera de conocer todas las sentencias porque la Ley General de Transparencia establecía que únicamente eran públicas las sentencias de interés público.”

A raíz de esas irregularidades, EquisJusticia inició una labor por transparentar esas sentencias. Recurrieron a órganos de la ONU desde donde se hicieron recomendaciones para la frase “interés público”.

Agrega: Iniciamos un litigio estratégico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Zacatecas, que llevaba dos años sin emitir sentencias por no considerarlas de interés público. La Corte nos dio la razón, primero porque es la forma en que las y los ciudadanos pueden conocer sus derechos y como los interpretan; deben ser públicas y no a petición de los ciudadanos y porque es una forma de rendición de cuentas.

Las gestiones de EquisJusticia fueron exitosas. “Lo que sigue es ver si las sentencias las publican y lo hacen de manera adecuada, porque nos entregaban algunas donde los juzgadores tachaban su nombre y dejaban sin tachar el nombre de la persona que estaba siendo juzgada, sin respetar sus datos personales.”

Juan José. Ustedes iniciaron sus actividades a finales del gobierno de Felipe Calderón (2011), transcurrió todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y llevan 3 de la 4T ¿hay cambios notorios de fondo, de forma, gracias a las instituciones y al poder político?

Fátima. Sí. Hay un cambio que tiene que ver con el contexto político, y no para bien. En el gobierno de Peña Nieto, aunque había simulación, había apertura y una escucha, lo mismo en el gobierno de Felipe Calderón. Los espacios políticos e institucionales en este gobierno son más cerrados; se nos califica como un movimiento feminista de derecha, se criminaliza organizaciones de la sociedad civil que señalan la opacidad con la que trabaja este gobierno, sobre todo en los megaproyectos del Tren Maya, el Corredor del Istmo, el decreto que salió hace poco. También se ha recortado presupuesto para las organizaciones civiles.

Isabel. Yo agregaría el militarismo que se extiende a todos los aspectos de la vida. Cada mañana salimos con una nueva función que tiene la Guardia Nacional, y todo esto es muy preocupante en un contexto de violaciones de derechos humanos, sobre todo en el caso de las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, 41 por ciento de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas sexualmente y en el caso del Ejército, 21 por ciento incurrieron en este delito, en contraste con un 5 por ciento de los hombres. Este discurso de que la Guardia Nacional nos protege no es real.

Fátima se refiere a uno de los temas que trabaja la organización: la prevención de las violencias.

—Antes se hablaba de cómo combatir la violencia familiar o cómo combatir la violencia contra las mujeres. Ahora el discurso es cómo prevenir los feminicidios y nosotras como mujeres, como sociedad civil, no queremos ampliar los márgenes o la tolerancia a la violencia hasta el feminicidio y que se juzgue con perspectiva de género, pero tenemos que volcarnos a la prevención y tratamos de impulsar una política de protección como parte del acceso a la justicia.

Juan José. Es increíble lo que hacen, pero ¿me podrían aclarar en qué consiste la justicia abierta?

Fátima. Básicamente, que las personas puedan acceder a la justicia mediante la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de obstáculos ni discriminación, y a través de la colaboración entre jueces y sociedad civil, academia, Barra de Abogados, podemos detectar las cosas que hay que mejorar en el Poder Judicial: qué debe informar a la ciudadanía, qué es, qué hace, cómo se atienden los divorcios, las pensiones alimenticias, cuestiones patrimoniales, para que la gente tenga esa información y sepa que tiene derechos y dónde acudir.

Juan José. La desigualdad social en México también impacta muchísimo la impartición de justicia porque hay quienes pueden pagar un abogado y quienes tienen, perdón por lo que voy a decir, abogados de oficio. Seguramente hay algunos buenos, pero la verdad, están hechos casi casi para perder ante el sistema, pese a que están para ayudar a quienes no tienen esta capacidad. Hay desigualdad social y de acceso a la justicia.

Fátima. Justo estamos analizando la defensoría pública, su objetivo, defensoría pública federal, cuyo objetivo es atender aquellas personas que no tienen las condiciones económicas para pagar un abogado. Sin embargo, cuando analizamos la distribución de los defensores y las defensoras públicas, justo en las zonas más pobres y que tienen población mayoritariamente indígena, es donde hay menos defensores de oficio, como en el caso de Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Juan José. La parte de los diagnósticos es muy importante, y ustedes en 10 años ya lo vieron; para enfrentarse al sistema, a las autoridades, a la clase política, para poderles impactar y que ellos reaccionen, los números y los diagnósticos son los que hacen que esto se mueva.

Isabel. Trabajamos de manera transversal en todos nuestros diagnósticos, la transparencia, las solicitudes de información, porque no hay manera que una autoridad diga que inventamos la información cuando contamos con la respuesta de la autoridad. Los centros de justicia para las mujeres son una gran política pública… en papel porque, aunque abordan diferentes aspectos como el jurídico, el psicológico, el empoderamiento económico, nos dimos cuenta de que, al no tener un sustento legal, trabajaban bastante mal. En un informe sobre unidades de género de los poderes judiciales, que se supondría son para transversalizar la justicia de género, encontramos información muy preocupante.

Por ejemplo, preguntamos qué actividades hacían y una unidad contestó que había hecho la feria del tamal dietético, y muchos se replicaban estereotipos como regalar estuches de maquillaje a las mujeres en el día de las madres o se encargaban de dar los uniformes.

Isabel enfatiza: Seguiremos con esta metodología porque es la forma como se puede trabajar mejor. Ellos nos dan la información, no estamos imaginando nada, elaboramos diagnósticos con base en lo que nos dicen.

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