Aída Espinosa Torres
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las y los consumidores, al presentar una iniciativa, que se aprobó por unanimidad con 438 votos, la cual busca regular con mayor precisión la contratación y cancelación electrónica de suscripciones, membresías y servicios automatizados.
La propuesta legislativa, que pasó a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales, adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, responde a una creciente necesidad de garantizar transparencia. El proveedor deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro.
Es una reforma que considera trascendente: “a propósito del mundo digital, de la innovación tecnológica, del desarrollo de las tecnologías, de las múltiples plataformas que existen. Son los servicios que incluyen: telefonía, deportes, películas, música, videojuegos, entre otros.
En su argumentación señaló que este año, la ciudadanía destinó cerca de dos billones de pesos al uso de aplicaciones digitales, reflejo de su creciente presencia en la vida cotidiana. De acuerdo con cifras recientes, al menos 67 millones de mexicanas y mexicanos utilizaron y pagaron por servicios ofrecidos en estas plataformas.
El diputado Ricardo Monreal vaticinó que a pesar de que es una cantidad enorme, la tendencia del uso de estas tecnologías, de la información, de esta innovación digital seguirá al alza. Se dirigió a la audiencia y reflexionó: “Y no sé si alguno de ustedes, legisladores, o ciudadanos, o medios de comunicación, o reporteros, o trabajadores, han padecido el abuso de algunas de ellas”.
Al posicionarse a favor de los consumidores, el diputado advirtió que mientras acceder a servicios digitales es muy sencillo, pero cancelarlos se ha vuelto una odisea: Con un solo clic quedas sujeto a contratos que te obligan a pagar, pero si intentas darte de baja, sea telefonía, entretenimiento, música o videojuegos, el proceso es casi imposible. Un calvario, señaló.
El diputado puso como ejemplo lo que sucede en países como Estados Unidos, en donde la Comisión Federal de Comercio ha implementado herramientas como Click to Cancel, que permiten a los consumidores cancelar sus suscripciones con la misma facilidad con la que las contrataron. También en Europa, existen mecanismos que prohíben penalizaciones por cancelación y aseguran que ningún usuario pague por el simple hecho de querer darse de baja.
En ambos países, tanto Europa como en Estados Unidos, las empresas que se niegan a suprimir servicios contratados enfrentan sanciones económicas.
Enfatizó que la lógica detrás de la iniciativa presentada es precisamente: dos fracciones de un artículo de la Ley Federal del Consumidor que plantea en materia de cancelación de suscripción y membresía con cobro recurrente puedan, cancelarse con un clic.
“Yo soy víctima de esos servicios. Es más, creo que estoy en buró de crédito por eso. Resulta que rentaba un departamento, luego solicité que se cancelara mi suscripción en un canal de entretenimiento. Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo porque no aceptan cartas poder”, compartió el diputado Monreal Ávila.
La iniciativa va en el sentido de que cualquier cobro recurrente requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor. Además, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, permitiendo su cancelación sin penalización.
Además, el proveedor deberá implementar un mecanismo que, sin contravenir las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata.
Recordó que la industria de las plataformas digitales es poderosa, y donde hay grandes cifras, también hay grandes intereses, por ello, desde esta tribuna, pidió a la Asamblea que el tema sea considerado de obvia y urgente resolución, conforme al artículo 82, numeral 2. “Propongo dispensar los trámites para que la iniciativa pueda ser votada y enviada a la colegisladora, con el objetivo de proteger a más de 63 millones de consumidores”.
Y adelantó: urge también revisar el caso de las tarjetas de crédito que llegan sin ser solicitadas y generan cobros indebidos.
Previamente en un comunicado el diputado Ricardo Monreal, advirtió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) se estima que en México existen alrededor de 100.2 millones de personas usuarias de Internet, lo que equivale al 83.1 por ciento de la población de 6 años y más.
Expone que este proceso de digitalización ha traído consigo múltiples beneficios como la inmediatez, comodidad y la experiencia de consumo en favor de las personas usuarias, así como el aumento en la productividad y la competitividad de las empresas y prestadores de servicios por medios tecnológicos.
Sin embargo, considera que estos procesos han revelado importantes desafíos en la relación entre proveedores y consumidores, así como de la necesidad de generar un marco normativo más robusto en la materia.
El legislador advirtió que el uso extendido de contratos de adhesión, algoritmos automatizados de cobro y políticas unilaterales para el uso y cancelación de servicios ha generado nuevas dinámicas marcadas por la opacidad, la complejidad y una creciente desigualdad entre proveedores y consumidores.
Ante este panorama, subrayó que el respeto y la garantía de los derechos del consumidor deben convertirse en pilares de una economía digital que no solo sea eficiente, sino también justa, equitativa y transparente.
Recordó que, aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor regula derechos y obligaciones generales, aún no existe un marco jurídico sólido para las contrataciones digitales, suscripciones y membresías con cobros automáticos.
Por ello, se consideró indispensable establecer límites claros que protejan los datos personales y garanticen el control pleno de los usuarios sobre sus decisiones de consumo, mediante obligaciones específicas para los proveedores de servicios digitales. El objetivo: asegurar prácticas justas, el acceso a información veraz, comprensible y mecanismos eficaces para la cancelación.