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- Jul 07, 2025
Impulsa Ricardo Monreal Ley General contra la extorsión
Aída Espinosa Torres
Con el respaldo del nuevo marco jurídico aprobado por el Congreso de la Unión, el gobierno federal anunció una estrategia nacional de seguridad pública contra la extorsión en ocho estados del país, que es donde se concentra casi el 70 % de los casos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
“La delincuencia organizada ha cambiado sus métodos; ha pasado del tráfico de drogas a la extorsión”, advirtió Monreal, quien subrayó que la estrategia será posible gracias al marco jurídico recientemente validado, que da sustento legal y límites claros a la actuación de las autoridades.
En este contexto, el legislador adelantó que presentó una iniciativa para modificar el artículo 73 constitucional, a fin de fortalecer el combate a este delito. “Es juntos como podemos enfrentar el reto de la delincuencia organizada”.
Externó: “Bien por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por tener clara la meta de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Bien por las Fuerzas Armadas, bien por el secretario de Seguridad Pública, que está poniendo énfasis en los delitos que más afectan a nuestro país y a nuestra población”.
Extorsión en la mira
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión, así como atención integral a sus víctimas.
Busca establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, estados, municipios y, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México, además de adecuar la legislación penal correspondiente.
La nueva Ley General, agregó el diputado, permitiría armonizar el marco jurídico en todo el país, fortalecer la capacidad institucional, optimizar el uso de los recursos y asegurar el acceso igualitario a la justicia y a la protección de derechos.
Contar con una Ley General en esta materia aseguraría la correcta implementación de los compromisos internacionales adquiridos por México en seguridad y derechos humanos.
La falta de un marco normativo homogéneo ha motivado observaciones de organismos internacionales que piden a México fortalecer su legislación y cumplir los estándares globales.
La extorsión, junto con el robo de mercancías, insumos o bienes, ha dañado a 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos, lo que representa el 27.2 por ciento de las unidades económicas en México, subrayó Monreal.
Resaltó que la extorsión afecta a los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia. Los grandes empresarios, amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y campesinos “pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural”.
Crear la Ley General contra la extorsión, con enfoque integral y coordinación entre los tres niveles de gobierno, evitaría la disparidad de criterios legales entre estados y sería una respuesta eficaz ante un delito de alcance nacional.
