Se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental, para establecer que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, dentro de los servicios de salud, deberán establecer medidas para prevenir y atender el suicidio de niñas, niños y adolescentes.
Además, precisan que el derecho a una educación de calidad tendrá que considerar el enfoque de bienestar socioemocional; los centros de asistencia social deben contar con personal especializado en proporcionar atención de la salud física y mental.
Incorpora en las obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social, el proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado, atención médica y psicológica.
Las atribuciones de las autoridades federales y locales de manera concurrente, el promover el desarrollo del bienestar socioemocional y la gestión eficaz de las emociones en niñas, niños y adolescentes. El dictamen fue remitido al Senado de la República para efectos constitucionales.