México no será rehén de chantaje ni amenazas de EEUU, advierte el diputado Ricardo Monreal

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, aseguró que México no puede seguir siendo rehén de los vaivenes políticos estadounidenses ni de sus estrategias judiciales selectivas y que la seguridad binacional no se construye con amenazas ni chantajes, sino con acuerdos, datos y dignidad. “Es momento de replantear los términos de la relación y exigir que el respeto sea recíproco”.

En su artículo titulado “Testigos protegidos y aranceles; marionetas del sistema estadounidense”, difundido tanto en sus redes sociales como en un diario de circulación nacional, el diputado afirma que “en los últimos años, la relación entre México y Estados Unidos ha transitado por etapas de estrecha colaboración, pero también por episodios de presión unilateral que bordearon el chantaje”.

Agrega que “Washington, particularmente bajo gobiernos de corte conservador, como el de Donald Trump, ha recurrido a un arsenal político que va más allá de la diplomacia: usa los tratados de libre comercio como palanca de presión económica e instrumentaliza a testigos protegidos, criminales extraditados y procesos judiciales para condicionar, presionar e incluso desprestigiar a autoridades de nuestro país”.

“Este doble filo —económico y judicial— se convirtió en una fórmula recurrente para ejercer poder sobre México, debilitando la confianza mutua y torpedeando los esfuerzos de cooperación”.

El diputado destaca que “uno de los casos más emblemáticos es el de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, cuya extradición a Estados Unidos en septiembre de 2023 fue presentada como gesto de buena voluntad y de compromiso conjunto en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, este episodio también ilustra la dinámica de subordinación que, en ocasiones, caracteriza la relación bilateral”.

“Sin embargo, el tratamiento del caso en medios estadounidenses y en círculos políticos republicanos reveló otra intención: utilizar a los grandes capos extraditados como herramientas para reforzar la narrativa de que México está dominado por el crimen organizado y que, por tanto, necesita ser presionado —o incluso intervenido— por Washington”.

El diputado denuncia que el Gobierno de Estados Unidos utiliza testigos protegidos que, tras participar en organizaciones criminales, negocian beneficios judiciales a cambio de declaraciones contra funcionarios mexicanos, muchas veces sin pruebas sólidas. Estos testimonios se difunden fuera de contexto, se filtran a los medios y se emplean con fines políticos, afectando la soberanía mexicana y generando una justicia binacional desequilibrada. Incluso cuando los testigos son acusados de mentir o manipular información, continúan siendo piezas clave en procesos mediáticos que vulneran la posición de México.

Señala que “esta presión judicial se complementa con la amenaza constante de sanciones comerciales. Donald Trump de nueva cuenta prometió reinstaurar aranceles en agosto a nuestras importaciones, si México ‘no hace lo suficiente’ para frenar el tráfico de fentanilo o contener la migración, a pesar de que este sexenio registra un récord de decomisos y campañas contra el opioide sintético.

“Esta combinación —presión económica y judicial— configura un patrón preocupante: cuando Estados Unidos quiere algo de México, ya no se limita al diálogo institucional y recurre a la amenaza, ya sea mediante aranceles, extradiciones condicionadas o acusaciones desde tribunales federales”.

Monreal Ávila sostiene que “lo más grave es que estos métodos se presentan como si fueran ‘parte de la ley’ o ‘mecanismos legítimos de política exterior’. Pero lo cierto es que muchas veces son maniobras calculadas, con tiempos perfectamente alineados a los intereses electorales estadounidenses.

El diputado advierte que, en contextos de crisis política o electoral en Estados Unidos, México suele ser utilizado como chivo expiatorio para proyectar fuerza o desviar la atención. Señala que temas como la crisis del fentanilo se atribuyen injustamente a México, pese a que sus causas principales radican en fallas internas del sistema estadounidense.

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