En México hay más de 31 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad. La LXV Legislatura construye un nuevo marco jurídico a favor de la juventud.
El antecedente: en 2020 la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución, a fin de establecer que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.
Dicha reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de la juventud y contar con una normatividad de aplicación general que les otorgue protección efectiva de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, sigue la espera respecto de la expedición de la Ley General de Juventudes, para garantizar su acceso efectivo a la educación, al empleo digno, a un salario remunerador, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad y previsión social, así como a oportunidades de desarrollo.
Mientras tanto, este 11 de abril, con la mayoría calificada de 438 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la fracción II del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.
En el artículo 55 se establece que para ser diputado se requiere tener 18 años de edad cumplidos el día de la elección. Actualmente este requisito es de 21 años.
Y en el artículo 91 se precisa que para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos, a la fecha de la designación. Hasta ahora el requisito era tener una edad mínima de 30 años de edad.
Abona a los principios de no discriminación e igualdad establecidos en la Constitución. De los y las 500 diputadas, no hay ni diez con menos de 30 años. Esto significa excluir a casi 30 por ciento de la población.
Por lo anterior, se resume que esta reforma cree en la capacidad de las y los jóvenes. Les ofrece mejores condiciones para que hagan política, accedan a cargos de elección popular, asuman responsabilidades para que puedan generar una agenda propia y contribuir con una visión fresca, pacífica y activa, a resolver los grandes problemas nacionales. Así se garantizan derechos políticos a la juventud.
Es un avance, porque la juventud es una población vulnerable en materia laboral, educativa, de vivienda, etcétera. Por mencionar, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022 reveló que 49 por ciento de los desempleados son jóvenes, casi un millón. Por eso se requieren más oportunidades de participación.