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- Nov 19, 2024
Se amplía catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
Luz María Mondragón
El 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una nueva reforma del artículo 19 de la Constitución Política, en materia de prisión preventiva oficiosa. Así, se amplía el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.
Esta reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna se avaló con la mayoría calificada de 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones. Se aprobó en lo general, y en lo particular con cambios.
En lo particular, se aceptaron tres reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena. Dos de ellas son para excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal contemplados en el dictamen.
La tercera para establecer que el juez ordenará prisión preventiva oficiosa en el caso de delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Monreal Ávila explicó que, en la primera reserva, se propone excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo, a fin de darle un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restañar el tejido social, sobre todo para beneficio de los jóvenes.
La segunda reserva, dijo, excluye a la defraudación fiscal como delito grave porque la misma, es aquel uso de maquinación, engaño o manipulación para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales cualquier ciudadano contribuyente; sin embargo, “creemos que en este momento necesitamos unidad nacional”.
Mientras que la tercera, agregó, se plantea ampliar la hipótesis de los distribuidores de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales que son las que provocan, producen las drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados que tanto daño están causando en el mundo. “Es necesario modificar este artículo y que los jueces y juezas no interpreten y no liberen indebidamente a los presuntos delincuentes o a los delincuentes confesos por alguna argucia de carácter técnico-jurídica”.
Cabe destacar que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en dicho párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
En el régimen transitorio se expone que, a partir de la entrada en vigor del decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a su contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
El Congreso de la Unión, en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido de dicho decreto.
Mientras que las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente decreto, dentro de los 365 días naturales siguientes a su publicación.
DESECHAN MOCIÓN SUSPENSIVA
En votación económica, se desechó la moción suspensiva de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), para detener la discusión de la reforma por considerar que es inconstitucional, inconvencional y regresiva en perjuicio de los derechos humanos, y el Estado mexicano ya ha sido condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa.
Va contra derechos humanos, señalan opositores
Durante los posicionamientos, los diputados de oposición afirmaron que la reforma va contra los derechos humanos y no da garantías a los más vulnerables.
“En el PRI votamos en contra porque esta reforma pretende regresar al sistema penal inquisitorio y al que, reitero, solamente ofrece disculpas. Vamos en contra porque se violenta el principio de presunción de inocencia, que es parte fundamental del sistema penal acusatorio adversarial (garantista) que tenemos en este país, argumentó el diputado del PRI César Alejandro Domínguez.
