Aída Espinosa Torres
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 330 votos a favor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, introduciendo una nueva estructura organizacional.
Esta reestructuración elimina el Consejo de la Judicatura Federal, redistribuyendo sus funciones entre el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de la supervisión y sanción de jueces y magistrados, con una presidencia rotativa cada dos años para mayor autonomía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación verá reducido su número de integrantes de once a nueve y los términos de servicio de 15 a 12 años, sin posibilidad de reelección. Además, los exministros no podrán actuar como abogados o representantes en procesos judiciales dentro de los dos años posteriores a su retiro.
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación.
En cuanto a la Contraloría de la Administración Judicial esta actuará como un órgano auxiliar del Órgano de Administración Judicial con independencia técnica y de gestión, competente para realizar las auditorías, revisiones e inspecciones con el propósito de verificar el cumplimiento a la normativa aplicable, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno.
En esta reforma también se establece la creación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que tendrá autonomía técnica y de gestión, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial, de sus órganos auxiliares y de las defensorías públicas y, en su caso, del personal de los Poderes Judiciales locales, fiscalías, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general.