Evolución democrática y el derecho al agua: retos y oportunidades para México

El Estado mexicano se encuentra en una situación muy compleja. El estado de derecho, y en especial el estado de derecho democrático, exige nuevas consideraciones sobre aquello que puede ser puesto a discusión y aquello que no puede ser ignorado. La vieja concepción de democracia como un conjunto de formas y procedimientos para otorgar legitimidad y formar las decisiones públicas está evolucionando para limitar el poder de la mayoría por algunos principios fundamentales e inalienables: los derechos humanos.

Podemos encontrar dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos preceptos que confirman esta evolución de una democracia formal a una sustancial: “…la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas…”.

De las obligaciones genéricas de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, surge la necesidad actual de mejorar y mantener las condiciones de los derechos humanos de acuerdo con el principio de progresividad. En el caso específico del derecho al agua, encontramos un reto muy importante en el centro del país para mantener las condiciones suficientes a fin de satisfacer este derecho humano.

De acuerdo con el informe Perspectivas del agua en México, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, no hay escasez absoluta del agua en el país. Gran parte del agua renovable mantiene un estrés hídrico manejable. Sin embargo, en el Valle de México se concesiona más agua de la que es posible recuperar naturalmente. Este desequilibrio debe ser abordado urgentemente para prevenir una crisis hídrica.

Aunque hay suficientes recursos para cubrir las necesidades de la población, los problemas principales son la falta de medidas preventivas y el mantenimiento deficiente de la infraestructura hidráulica. Este problema afecta especialmente a las personas que ya disfrutan de este derecho, y aún existe la necesidad de proporcionar un volumen de agua suficiente y constante a 4.699.500 personas, según la CEPAL.

El conocimiento de los problemas actuales relacionados al suministro de agua y el talento humano existe en el país, ahora es el momento perfecto para analizar si las condiciones estructurales que garantizan este derecho humano y los derechos que derivan del uso del agua deben tener un asiento preferencial en el presupuesto y de la toma de decisiones públicas. Actualmente, la red de transporte de agua necesita mantenimiento urgente, ya que pierde el 40% del volumen en fugas, amenazando con perder más si continúan los bajos niveles de inversión.

A seis años del cumplimiento del plazo que culmina en 2030, según las Naciones Unidas, es esencial discutir los mínimos fundamentales para que los derechos humanos, que peligran debido a los problemas medioambientales, puedan ser garantizados para nosotros y hacia las futuras generaciones.

Uno de los principales retos que enfrenta la gobernanza al abordar problemas cuyos resultados son diferidos es la multitud de desafíos concurrentes. Problemas como el desempleo, la inseguridad o la pobreza pueden mostrar mejoras a corto y mediano plazo con las políticas adecuadas. En cambio, los problemas medioambientales presentan una dificultad mayor, ya que sus consecuencias no se harán evidentes hasta que el problema sea demasiado grande para ser tratado de manera eficiente, requiriendo una inversión significativa de recursos. Este desajuste en los tiempos de respuesta y resultados hace que sea crucial para las autoridades implementar políticas proactivas y sostenibles que anticipen y mitiguen futuros desastres ambientales.

La evolución hacia una democracia sustancial exige cambios al establecer prioridades. La administración pública y las legislaturas tienen la oportunidad de liderar este cambio, asegurando un futuro sostenible y equitativo para todos los ciudadanos.

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