De acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Mexicana de Posesión, Uso y Opinión sobre las Armas de Fuego, 96 por ciento de los encuestados declaró que nadie en su hogar poseía un arma de fuego, por razones de seguridad de los niños, porque es peligroso, no les gusta la violencia ni las armas.
83 por ciento de ellos considera improbable que consiga un arma de fuego en el futuro.
El trabajo fue realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante encuesta telefónica levantada del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021.
Del 3.8 por ciento que contestó que él o un pariente que vive en el mismo hogar tiene un arma de fuego, 2.3 por ciento afirma haberla obtenido para autodefensa, 0.8 para cazar, 0.4 para colección.
Estos resultados contrastan con el hecho de que 72 por ciento de ciudadanos norteamericanos dicen haber disparado un arma en algún momento, y cuatro de cada 10 estadounidenses adultos tienen un arma en casa, incluido el 30 por ciento que dice tener personalmente una.
La protección personal es el principal argumento que dan, tanto aquí como allá, para poseer un arma de fuego.
Fuentes citadas en la carpeta informativa 187 “Tráfico de Armas en México” señalan que en 2020, ciudadanos estadunidenses compraron 22 millones de armas de fuego, que representa un aumento de 40 por ciento respecto de 2019.
Hay que recordar que en Estados Unidos se encuentra una de las industrias bélicas más poderosas del mundo, con lobistas en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia que impiden cualquier acción legislativa para acotar su producción, venta y distribución; incluso, su incidencia es determinante en los procesos electorales de aquel país, principalmente la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Los mexicanos carecen de incentivos legales y culturales para poseer un arma de fuego, como puede desprenderse de la encuesta realizada por el CESOP; sin embargo, ingresan diariamente cerca de dos mil armas ilícitas, y es el sexto país del mundo con mayor cantidad de armas en manos de grupos delictivos.
Otras fuentes citadas en la carpeta Informativa 187 estiman que en México hay 15 millones de armas en circulación, otra reporta que son 24 millones y no son datos recientes. En cuanto a los daños causados por la violencia armada se menciona que entre 2006 y 2019 hubo más de 276 mil asesinatos, y el descubrimiento de fosas clandestinas con inhumaciones múltiples se ha convertido en algo habitual.
La venta de armas de fuego está estrictamente limitada en México y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero los poderosos cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando.
Esas normas no tienen alcance extraterritorial y como los daños se produjeron en México, las empresas no gozan de inmunidad legal; fue la respuesta de la cancillería.
También arguyen que están bajo la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado por los propios fabricantes durante la Administración de George W. Bush que los blinda de cualquier litigio iniciado por terceros en suelo estadounidense.
También apelan a una supuesta inmunidad que les otorga la legislación estadounidense. Alegan que “no tienen el deber legal de proteger al gobierno mexicano de criminales mexicanos que abusan de esas armas en México”.
Los demandados ya respondieron. Piden que se deseche la demanda “porque el Estado mexicano no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio y no ha demostrado que sean responsables de la ola de violencia que azota al país”.
La compensación no solamente apela a la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino a las afectaciones económicas para sostener la lucha contra el narcotráfico y las pérdidas económicas de industrias como el turismo.
México busca una indemnización de, al menos, 10 mil millones de dólares por daños que, aunque será determinada por el tribunal, según estimaciones de la Cancillería podría ser entre 1.7 y 2 por ciento del PIB, que alcanzó 1.2 billones de dólares el año pasado.
Sin embargo, reitera que entre 60 y 70 por ciento de las armas decomisadas en México viene de ese país y su venta ilegal estuvo asociada con 17 mil muertes en 2019.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisa que la demanda no es en contra del gobierno de los Estados Unidos, a quien incluso “le reconoce el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones en la materia”.
De acuerdo con el documento, durante la última década ha confiscado más de 250 mil pistolas y rifles militares proveniente del estado de Massachussets, y se argumenta que las armas se diseñan, comercializan, distribuyen y venden a sabiendas de que arman a los cárteles de la droga en México.
La demanda fue presentada en el tribunal federal de Boston contra algunos de los mayores fabricantes de armas: Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A, Colt’s Manufacturing Company y Glock, Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston.
En septiembre de 2021, el gobierno mexicano entabló una demanda civil contra 11 fabricantes y distribuidores de los Estados Unidos por prácticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa. Se enriquecen al armar a cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales.