A debate, la transformación del Poder Judicial

No hay consenso respecto de la elección directa de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vía consulta popular. Ésta es una de las conclusiones de los conversatorios públicos “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, convocado por el Grupo Parlamentario de Morena.

Postura en contra: Es improcedente. La Carta Magna establece (artículo 35) que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección, ni la materia electoral. Y el artículo 96 mandata que el procedimiento para nombrar a los ministros de la SCJN es competencia del Poder Legislativo, en específico del Senado. Se concluye: es improcedente implementar la consulta popular para la elección de ministros.

Postura a favor: Es procedente. El artículo 39 constitucional establece: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por otra parte, sí hubo consenso en que las y los integrantes de la SCJN no deben ser designados por méritos políticos, sino por profesionalismo, excelencia, imparcialidad y paridad de género. Se requiere garantizar que la persona candidata cumpla con un perfil idóneo y sobresaliente, considerando cualidades de independencia, autonomía e imparcialidad y capacidades profesionales.

Por lo anterior, se debe revisar el procedimiento de evaluación y selección de las y los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la SCJN. Garantizar probidad y honorabilidad. Evaluar su desempeño, a fin de votar su continuidad o no. Fortalece el Estado de derecho y mejora las relaciones entre Poderes.

Si quienes integran la Corte son garantes de los derechos humanos, entonces, deben cumplir cabalmente con los criterios de independencia, autonomía, imparcialidad, competencia profesional y paridad de género.

Otro consenso es reformar el Poder Judicial bajo los principios de división de Poderes, transparencia, independencia, rendición de cuentas, eficacia, participación ciudadana, austeridad, paridad de género y profesionalismo.

Independencia del Poder Judicial

El 12 de julio participaron tres ministros de la SCJN: Javier Laynez, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Expresaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está cerrada a una reforma al Poder Judicial, pero marcaron que cualquier modificación debe asegurar garantías mínimas de independencia. La separación y la independencia de los poderes públicos constituye un principio general del derecho.

El ministro Javier Laynez Potisek, quien acudió en nombre del pleno de la SCJN, pidió a las y los diputados que cuando piensen en el Poder Judicial de la Federación ni miren a los 11 ministros porque somos más de 45 mil servidores públicos, incluidos actuarios, notificadores, secretarias y secretarios, desde luego, juezas y jueces, magistradas y magistrados. Agregó:  los tres Poderes están obligados, cada uno desde su trinchera, a que haya buen acceso a la justicia y mejorar el sistema.

Un punto relevante se refirió a la soberanía de la justicia mexicana respecto de la convencionalidad, tema en el que las y los ponentes manifestaron posturas encontradas en torno a los efectos y consecuencias que deben tener los Tratados Internacionales en la administración de la justicia.

Por un lado, se expuso que las normas convencionales, e incluso los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) como parte del derecho interno, deben aplicarse incluso por sobre las normas constitucionales. Otra postura es en cuanto a que las normas constitucionales federales constituyen el criterio de referencia supremo para resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, más allá de lo que se establezca en el derecho convencional.

Al final de los conversatorios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco (Morena) resaltó: se requiere construir una reforma integral que incluya el procedimiento para la designación de las y los ministros de la SCJN.

Mier Velazco comentó que la iniciativa de reforma incluiría hacer una profunda revisión del control de convencionalidad que surgió en la reforma del 2010, sobre el pacto fiscal, para la instrumentación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y lo que pasa con el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

La Corte no se toca

Rubén Moreira, líder del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó: al Poder Judicial no deben quitarle presupuesto, sino incrementarlo; la SCJN requiere más presupuesto para mejorar la justicia.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, enfatizó: una reforma judicial debe ser producto de una dialéctica, no de un “capricho” presidencial. El titular del Poder Ejecutivo es una voz, pero aquí hay 500 voces de legisladoras y legisladores y hay 128 más en el Senado.
Jorge Álvarez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, se pronunció a favor de proteger la autonomía del Poder Judicial. Advirtió que combatirán cualquier propuesta que violente la autonomía e independencia de la SCJN, institución que debe estar al servicio de los derechos humanos y de las libertades de las personas, no del gobierno en turno. “No avalaremos una simulación que busca que la Corte sea sometida a los intereses del Presidente de la República. La Corte no se toca.”

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