A fondo, el análisis de la reforma judicial

Prácticamente ha concluido el debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial. En todo el país se realizaron foros, espacios de diálogo y reflexión para trazar sus principales líneas. El acento del análisis es ¿cómo garantizar los mejores perfiles de los juzgadores, la idoneidad, los criterios de elegibilidad, así como los mecanismos de ascenso y remoción?

La iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, los expertos opinan diferente.

Todas las voces (decenas de colegios de abogados, ONGs, expertos, ministros, legisladores y legisladoras, universidades y diversas personalidades) han expresado sus puntos de vista en este ejercicio de parlamento abierto que comenzó el 27 de junio en la Cámara de Diputados. Otras sedes fueron Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, la Cámara de Diputados, Coahuila y Sinaloa.

Por primera vez, en febrero de 2020, en la Cámara de Diputados se instaló el Comité Técnico de Evaluación (independiente y confiable) para elegir a cuatro consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Este paradigma se está considerando para guiar la elección de ministros, magistrados y jueces, a fin de garantizar  la idoneidad, los mejores perfiles de los juzgadores. Daría certeza en materia de independencia y autonomía.
Por otra parte también gana terreno la propuesta de que el  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté conformado solo por nueve ministros, no con 11 como es la actual integración.

El martes 30 de julio se realizó en la Cámara de Diputados el séptimo Diálogo Nacional, con el tema “Elección popular de integrantes del Poder Judicial”. En este parlamento abierto Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) expresó dudas sobre la implementación de este mecanismo, ya que primero se requieren condiciones específicas para que sea transparente y exitoso.

Pidió al Legislativo, claridad en la elección de juzgadores, para sortear los desafíos. Por ejemplo definir no solo las cuestiones técnico-operativas, sino el presupuesto ideal que requeriría el INE para organizar los comicios, así como si será relevo total o escalonado del personal judicial.

El costo de la elección de juzgadores

En opinión de Guadalupe Taddei la designación de ministros, magistrados y jueces, por voto directo, costaría igual que una elección presidencial. Por ello, exhortó a las y los legisladores a precisar cuestiones como el presupuesto que requeriría el INE para organizar adecuadamente los respectivos comicios. Advirtió que no se debe hacer un proceso electoral con menor rigor y requisitos que los de las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Cabe recordar que el pasado 2 de julio, en el tercer Diálogo Nacional para la Reforma del Poder Judicial, realizado en la ciudad de Toluca, el senador Ricardo Monreal adelantó que la designación, por voto directo, de casi 1,700 juzgadores (ministros, magistrados y jueces) tendría un costo  de alrededor de 3,500 millones de pesos.

Se dice que la elección presidencial del 2 de junio significó un costo aproximado de 10 mil millones de pesos.

Rechazo a la elección popular

En los siete foros que se han realizado, voces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuestionan la designación de juzgadores, vía voto directo de la ciudadanía.

Desde la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña, quien se ha pronunciado en contra de dicho mecanismo, aunque sea gradual. Consideró que la elección de jueces, magistrados y ministros no es un método de selección apto para el juzgador, pues no son representantes populares, ni están por popularidad. Esto llevaría al colapso la impartición de justicia, ante la dificultad de que nuevos juzgadores resuelvan asuntos que no conocen.

En el séptimo foro, del 30 de julio, los ministros Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo reafirmaron el desacuerdo con la elección de juzgadores en las urnas, porque solo politizaría los nombramientos y pondría la justicia solo al alcance de personas cercanas al poder. 

Idoneidad de los juzgadores

Durante el parlamento abierto sobre el tema “Elección popular de integrantes del Poder Judicial”, se insistió en debatir los requisitos de elegibilidad de los jueces, magistrados y ministros.

Los expertos coinciden en que la elección por voto popular presenta riesgos irreversibles. Incluso de que los poderes fácticos, el crimen organizado y delincuentes de cuello blanco traten de  influir en la selección de juzgadores.

Asimismo, la juez Quinto de Distrito Especializada en ejecución de Penas, Magdalena Victoria Oliva, advirtió que la reforma judicial pone en riesgo el T-MEC, tratado que  compromete a México a crear tribunales independientes para resolver conflictos laborales. Y la aprobación de ésta, también llevaría a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se incorporó al debate nacional. El rector Leonardo Lomelí Vanegas llamó a una reforma que garantice la independencia del Poder Judicial. Demandó evitar retrocesos en la división de poderes. Consideró que la elección popular expone a juzgadores a presiones políticas.

Subrayó que la independencia judicial y la división de poderes son la garantía  para que las decisiones de los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, no en presiones externas o intereses de grupo. Además, es fundamental asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo. 

Aunque desde la presentación de la  reforma judicial, se dijo que no se le cambiaría ni una coma, llama la atención que dos de las ministras más cercanas a la Cuarta Transformación, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, han deslizado  “repensar” dicha iniciativa, invitando a la prudencia, evitando, por mencionar, un  “atorón” judicial: que la intención de resolver cada caso en 6 meses, genere injusticias e inequidad en las decisiones.

Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel propuso que jueces y magistrados sean sometidos a una revocación de mandato, antes de una elección. El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) también pidió prudencia en el análisis de la iniciativa. Y adelantó que a la reforma sí se le moverán comas respecto a temas que han sido insistidos durante estos diálogos nacionales como: gradualidad, idoneidad y requisitos.

Presupuesto para estados

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, planteó un presupuesto garantizado que se traslade a los estados para mejorar los poderes judiciales locales y tener más y mejores jueces.

También abogó para la procuración de justicia, los peritos y la seguridad, porque, por ejemplo,  a las personas desplazadas de México a Guatemala de nada les va a beneficiar un cambio en la Corte. “Tenemos que arreglar uno de los problemas más profundos que hay, que es el de la seguridad”.

Avanza la reforma judicial

Este ocho de agosto concluyen, en Sinaloa, los nueve foros  para la reforma judicial. Iniciarán los trabajos legislativos en torno al plan C del presidente López Obrador. La Comisión de Puntos Constitucionales avaló que los dictámenes sean aprobados, pero será hasta la próxima LXVI Legislatura que iniciará el 1º de septiembre  cuando se presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter