Acceso libre y gratuito a las playas, incluso en Áreas Naturales Protegidas, propone el diputado Monreal

• Se prohibiría el cobro por el ingreso a las playas marítimas
• Al menos un día semanal habría entrada gratuita al público en general

El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el propósito de permitir el principio de acceso libre y gratuito a las playas, incluso dentro de las Áreas Naturales Protegidas, lo que implica prohibir de manera expresa la imposición de cobros por el simple acceso a las playas marítimas y que las autoridades garanticen al menos un acceso público funcional y seguro por tramo costero, además que en todas las Áreas Naturales Protegidas se disponga de, al menos, un día semanal de acceso gratuito para el público en general, dando preferencia a los fines de semana y días festivos.

El diputado Monreal explicó que con estas modificaciones a la ley, el principio de acceso universal a los bienes nacionales se convertirá en una realidad tangible, de tal suerte que las medidas de conservación ambiental no sean barreras excluyentes, y que el disfrute del patrimonio natural del país no sea un privilegio sujeto a pago, sino un derecho accesible para todas y todos. El objetivo, dijo, es equilibrar el interés ecológico con el mandato constitucional de acceso libre a las playas mexicanas.

Monreal Ávila argumentó que México es una Nación privilegiada debido a sus riquezas naturales y su extensa línea costera que abarca más de 12 mil kilómetros de longitud, dotando al país de un valor ecológico incalculable que en muchas zonas se protege mediante la figura de las Áreas Naturales

Protegidas conformadas en parte por playas, litorales y áreas colindantes a ellas y aunque esta figura jurídica ha sido sumamente eficaz en la defensa y la protección de los bienes nacionales, “en los últimos años algunas de estas áreas han abusado de la protección medioambiental negando el acceso a playas que deben de ser públicas o estableciendo cobros para su ingreso”.

Al referirse a esos espacios protegidos, consideró que si bien son sujetos a condiciones especiales,no argumentan de manera plena la relación entre los recursos obtenidos por cuotas de acceso y la preservación del ambiente, lo que “ha derivado en una exclusión social afectando a los sectores más vulnerables de la población”.

Explicó que según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las "áreas naturales protegidas” son: “Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”.

Dichos espacios protegidos se clasifican en Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Reservas de la Biosfera, Santuarios, Áreas de Protección de Flora y Fauna. “Son varias las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran en litorales o playas, por lo que es fundamental encontrar un equilibrio satisfactorio para que sean resguardadas de forma eficaz al tiempo que se respeten los derechos de acceso público a las playas de los visitantes”, de los que se reciben alrededor 5 millones 500 mil.

Además, cuentan con un valor estratégico para el desarrollo nacional en áreas como el turismo, la sustentabilidad y la riqueza cultural. Otro de los aspectos “es su estrecha vinculación con el turismo, por lo que es fundamental generar estrategias de protección sustentables sin afectar los derechos de los visitantes y sobre todo de los habitantes originarios de las comunidades cercanas a estas zonas protegidas”.

Reiteró que estas áreas son un elemento fundamental de protección a la biodiversidad, a la riqueza de México y a los Derechos Humanos de sus habitantes, por lo que el equilibrio humano y natural en estos lugares debe de ser prioritario para el buen manejo de los recursos y la correcta recreación de sus habitantes.

La propuesta responde a la problemática suscitada en 2007 respecto del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que propuso la implementación del cobro de cuotas para acceder a estos espacios, con el argumento de que los ingresos permitirían financiar su restauración ambiental y, al mismo tiempo, reducir el flujo turístico para proteger la biodiversidad de cada espacio protegido, “provocando el disgusto social, ya que se estaba limitando el acceso o cobrando por el paso de las personas que siempre habían disfrutado estos espacios”.

“Si bien la conservación ecológica es un objetivo legítimo y urgente, la solución que se adoptó ha provocado efectos no deseados que afectan directamente el ejercicio de derechos fundamentales, el bienestar de miles de personas en las zonas costeras y ha propiciado la desigualdad social”.

Mencionó que en diversas regiones del país, particularmente en los estados con litoral que cuentan con Áreas Naturales Protegidas, el acceso libre a las playas ha sido restringido mediante esquemas de cobro o bloqueos físicos que incluyen barreras para impedir el paso o inmuebles privados que abarcan la totalidad del acceso a las playas.

Esta situación, afirmó, contradice abiertamente lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el artículo 27 constitucional, que establece el carácter nacional de las playas y su uso libre.

De acuerdo con el diputado Monreal, la imposición de cuotas a personas locales, turistas nacionales y visitantes extranjeros para ingresar a estos espacios genera un efecto excluyente que se profundiza en contextos de desigualdad económica.

Las barreras económicas impuestas por instituciones públicas o concesionarios en la Zona Federal Marítimo Terrestre, que constitucionalmente debe ser de libre tránsito, han derivado en un creciente descontento social.

Actualmente, en diversas regiones del país, particularmente en los estados con litoral que cuentan con Áreas Naturales Protegidas, el acceso libre a las playas ha sido restringido mediante esquemas de cobro o bloqueos físicos que incluyen barreras para impedir el paso o inmuebles privados que abarcan la totalidad del acceso a las playas.

Destacó que el cobro por acceder a un espacio que, por su naturaleza constitucional pertenece a la Nación, y cuyo uso es libre para todos, representa una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. De ahí que es urgente una reestructuración normativa que reafirme el principio de acceso libre y gratuito a las playas, incluso aquellas que se encuentren dentro de Áreas Naturales Protegidas, sin menoscabar los esfuerzos por su conservación. “El equilibrio es posible mediante un rediseño institucional que separe claramente el financiamiento para protección ambiental de los derechos de acceso público.”

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