Aciertos y desaciertos de la elección judicial

La elección judicial se encuentra en su última etapa y, con ello, los aciertos, desaciertos e irregularidades salen a la luz. No es una sorpresa para nadie que la realización de una elección primeriza, inédita y con una organización con una celeridad considerable, traería consigo una serie de factores de mejora para la organización de elección futuras. Entre éstos, tres son los que llaman la atención.

En primer lugar, existieron importantes deficiencias en la selección de candidaturas, específicamente, en la revisión de los mejores perfiles por parte de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión. Tan es así, que una vez iniciadas las campañas electorales se solicitó al INE que se cancelaran múltiples candidaturas, ya que se consideró que éstas no cumplían con los requisitos de elegibilidad requeridos, por ejemplo, no contar con el promedio escolar necesario o no gozar de buena reputación, presuntamente algunos de los perfiles seleccionados tenían probables vínculos delictivos o, incluso, había carpetas de investigación por denuncias hechas en su contra. 

De ahí que los Comités de Evaluación de los Poderes tienen la estricta y necesaria labor de implementar mecanismos de evaluación más rigurosos, con los que se evite que perfiles que no cumplen con los requisitos necesarios y/o cuya percepción pública no sea la idónea, puedan llegar a contender por cargos de elección popular. 

En segundo lugar, existió una deficiencia de las autoridades en establecer a cabalidad las reglas del proceso electoral, entre ello, tenemos que casi al final de las campañas, el INE implementó los parámetros para la verificación del denominado “8 de 8 contra la violencia” y de igual manera, casi al final de las campañas judiciales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no era posible equiparar la organización de foros de debate, mesas de diálogo y encuentros entre candidaturas, indicando que los fines que persiguen eran distintos, sin embargo, el momento en el que se identificó tal distinción no ayudó mucho a la organización diferenciada de tales actividades. 

Tales circunstancias reflejan de forma clara que, en el transcurso del proceso electoral diversas reglas de su organización fueran modificadas, afectando con ello la certeza que debe regir a los procesos electorales.

En tercer lugar, resulta relevante señalar las particularidades que tuvo este proceso y que generó mayores cuestionamientos sobre lo que ya era un proceso comicial con una percepción pública dividida. Entre éstas, se pueden señalar que, en este proceso las personas funcionarias de casilla no realizaron el escrutinio y cómputo de votos, como ordinariamente sucede, sino que las urnas se enviaron a los Consejos Distritales para su realización. Además, el número elevado de candidaturas fue un factor que inhibió que las personas conocieran la totalidad de los perfiles a elegir, propiciando un elevado abstencionismo o el voto desinformado. 

Tal vez, las particularidades del proceso y, factores como el anterior, presuntamente generaron que se reavivaran prácticas como “las casillas zapato”, “boletas planchadas” o “las urnas embarazadas”. Además, que llama la atención que, conforme a lo expresado por el INE en su sesión extraordinaria del 15 de junio, en Chiapas se presentó el 70% de las irregularidades identificadas en los cómputos. 

Si bien, las elecciones judiciales tuvieron deficiencias, es innegable que éstas presentan un gran margen de mejora y que en su realización también existieron grandes aciertos. 

Entre los aciertos, podemos señalar que, por primera ocasión en la historia, posibles perfiles idóneos ajenos al Poder Judicial tuvieron la posibilidad de contender por los máximos cargos de dicho Poder de la Unión, lo que es relevante, ya que muchas veces perfiles con mayor preparación y capacidad encontraban una barrera insuperable para acceder a dichos cargos, por no contar con la famosa carrera judicial. 

Por otro lado, existieron múltiples acusaciones contradictorias en torno a esta elección, incluso señalamientos que referían que era un proceso “antidemocrático”, no obstante, cabe preguntarse ¿existe algo más democrático que la propia ciudadanía escoja a los integrantes de sus tres Poderes de la Unión? en mi pensar, no lo existe. 

Es evidente que hay cosas perfectibles en esta elección, entre éstas, considero que disminuir el número de candidaturas a elegir sería un factor importante que permitiría que la ciudadanía emitiera un voto más informado, además que propiciaría una mayor participación, eliminando con ello prácticas poco éticas y disminuyendo con ello las sospechas sobre su organización, dotándolo de una mayor legitimidad.

Adicionalmente, tal vez la respuesta a una selección más rigurosa de perfiles se lleve a cabo mediante la regulación e implementación de un Comité de Evaluación único, en el que participen represen

tantes de los tres Poderes de la Unión, logrando con ello un análisis diferenciado de las personas inscritas, asegurando que exista un consenso de que sólo los mejores perfiles continúen en la selección. Asimismo, con eso se evita que un Comité de Evaluación no suspenda sus funciones, tal y como lo hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial. 

Las deficiencias suscitadas, las irregularidades encontradas y, los beneficios que se dieron con la llamada “reforma judicial”, no dejan contentos a todas las personas, pero no debemos cerrarnos sólo a lo negativo, también existieron buenas prácticas de la ciudadanía y de las autoridades que intervinieron en la organización del proceso inédito, que darán pauta a que, a través de una comunicación y cooperación entre los distintos Poderes, México pueda ser una referencia mundial de un Poder Judicial electo por su ciudadanía.

El proceso en curso deja grandes enseñanzas y parámetros mejorables, mismos que deben tomarse en consideración para que las próximas elecciones judiciales de 2027, puedan superar los obstáculos identificados, principalmente, cuando en la próxima elección se renovarán 5 de las 7 magistraturas integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. 

De ahí que unas elecciones mejorables deban ser la pauta para que tengamos unas elecciones que cumplan con las expectativas esperadas.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter